Israel Viana

Explicaba hace unos años Carlo Alberto Brioschi que la corrupción, en el siglo XXI, se ha convertido en una especie de bacilo de la peste que padecemos desde hace siglos. Lo decía en la época en la que desayunábamos, comíamos y cenábamos con los casos de la Gürtel, la Operación Púnica, los ERE de Andalucía, la familia Pujol, Bárcenas y el caso Noos. El escritor y ensayista italiano acababa de publicar una enciclopedia universal que retrocedía hasta la antigua Roma para analizar delitos tan actuales como el cohecho, el tráfico de influencias, el robo de las arcas del Estado, la extorsión, la adjudicación de obras públicas a amigos poderosos o la compra de votos colapsaron.

Graves vulneraciones de la ley que colapsaron muchos de los Gobierno en uno de los periodos más gloriosos de la historia. Por eso los romanos acabaron estableciendo una legislación para castigar a los infractores, tras muchos años sufriéndola en sus estructuras, ya que la corrupción fue, en principio, una parte indispensable de su sistema social y político. «¿Qué pueden hacer las leyes, donde sólo el dinero reina?», se preguntó el escritor y político Petronio en el siglo I, sobre aquel Estado basado en el clientelismo, el abuso de poder, las mordidas y el enriquecimiento personal. La codicia de los funcionarios públicos no tenía límite y estos delitos fueron creciendo a ritmo de las conquistas de su Ejército, hasta que llegó un momento en que el Gobierno se hizo impracticable y el derecho romano tuvo que introducir cambios.

Sin embargo, la convivencia entre buenos propósitos y acciones deshonestas fue siempre una de las características comunes entre los gobernantes de Roma. Un ejemplo de esto fue Licinio Calvo Estolón, tribuno de la plebe en el 377 a.C., que introdujo una fuerte restricción a la acumulación de tierras de los propietarios, además de una severa reglamentación para los deudores. Y poco después, fue acusado de haber violado sus propias leyes.

El sistema electoral

Durante el periodo republicano (509 a.C. - 27 a.C.), el propio sistema electoral facilitaba la corrupción, que se agravó a partir de la expansión territorial y marítima producida después de la Segunda Guerra Púnica. Los gobernadores comenzaron a enriquecerse sin escrúpulos a través del cobro de impuestos excesivos y la apropiación de dinero de la administración pública. Como denunció en aquella época el historiador romano Salustio, «los poderosos comenzaron a transformar la libertad en licencia. Cada cual cogía lo que podía, saqueaba, robaba. El Estado era gobernado por el arbitrio de unos pocos».

La primera ley que se estableció fue la «Lex Calpurnia» (149 a.C.), como consecuencia del abuso del gobernador de la provincia de Lusitania, Servio Sulpicio Galba, al que se acusó de malversación de fondos. Fue procesado por un jurado de la orden senatorial, algo que era toda una novedad. Sin embargo, esta primera ley no imponía ninguna pena pública, sino la devolución del dinero que había sustraído.

En el 123 a.C. se establecieron una serie de tribunales permanentes, los conocidos como «quaestiones perpetuaes». Su cometido era investigar las malas prácticas y extorsiones de los gobernadores provinciales que habían sido denunciadas por los ciudadanos. Al principio no tuvieron mucho éxito, pero fueron importantes porque definieron legalmente el «crimen repetundarum», que hacía alusión a los delitos de corrupción, cohecho o tráfico de influencias.

Abuso de poder

Este sistema se fue perfeccionando con la definición de nuevos delitos. El «crimen maiestatis», por ejemplo, hacía alusión a los abusos de poder por parte de los senadores y los magistrados. Era considerado el acto más grave contra la República y fue castigado, incluso, con la pena de muerte o el exilio voluntario. El «crimen peculatus» hacía referencia a la malversación y apropiación indebida de fondos públicos por parte de un funcionario, así como la alteración de moneda o documentos oficiales. O el «crimen ambitus», que describía la corrupción electoral, especialmente la que se refería a la compra de votos.

Todos estos delitos trajeron consigo nuevas leyes para dar respuesta a los diferentes cambios políticos, económicos y morales que se iban produciendo. La «Lex Acilia» subió la pena para los delitos de malversación de fondos y cohecho de la «Lex Calpurnia», estableciendo una multa del doble del valor del daño causado por el funcionario. Fue una de las más conocidas, porque se ha conservado gran parte de su texto original.

Otras leyes importantes fuero la «Lex Sempronia» (122 a.C.) o la «Lex Servilia de Repetundis» (111 a.C.), que establecieron penas más severas para los delitos de cohecho. La segunda, en concreto, fue la primera ley que introdujo la pérdida de los derechos políticos. Ambas fueron completadas con otras como la «Lex Livia Iudiciaria» (91 a.C.), que impuso una corte especial para los juicios contra los jueces corruptos que hubieran cometido extorsión, o la «Lex Cornelia», que aumentaba las condenas para los magistrados que aceptaran dinero en un juicio por cohecho. Esta última debe su nombre al dictador Lucio Cornelio Sila, que la estableció tres años antes de morir.

Robo de fondos públicos

La corrupción, sin embargo, seguía imparable. En esta época, el gobernador de Sicilia, Verres, se convirtió de alguna manera en el arquetipo originario del «corruptócrata» incorregible. Se calcula que robó al erario público más de cuarenta millones de sestercios y arrasó literalmente su provincia. Y no fue una excepción. El mismo Cicerón, que no le tenía especial simpatía y se esforzaba en presentarlo como un caso claro de avidez de poder, afirmó que su conducta representaba la norma en buena parte del imperio romano.

Cuando aún era cónsul, Julio César fue el que propuso la última y más severa ley republicana contra los delitos de corrupción, la «Lex Iulia», que incluía penas de multas desorbitadas y el destierro. Es curioso que fuera él, puesto que poco antes no había dudado en recurrir a cualquier medio para acceder al consulado. «Cuando el tribuno Metello trató de impedirle que tomase dinero de las reservas del Estado, citando algunas leyes que vetaban tocarlo, él respondió que el tiempo de las armas es distinto al de las leyes… y se encaminó hacia las puertas del Tesoro», contó de él el historiador Plutarco. Eso no le impidió establecer más de cien capítulos en su ley, la mayoría de ellos destinados a los magistrados e, incluso, a los jueces que se hubieran dejado sobornar para favorecer a un acusado en un delito de corrupción.

El contenido de todas estas leyes demuestra el grado de corrupción que se vivía en Roma. Con la llegada del Imperio en el 27 a.C., éste no solo no se redujo, sino que se incrementó. Los políticos siguieron sobornando a los funcionarios para conseguir puestos en la administración, mientras que a los ciudadanos se les asfixiaba cada vez más con impuestos y se veían obligados a pagar propinas a cambio de que se les agilizara algún trámite.

A partir de Augusto, el erario público fue perdiendo importancia e independencia, al ser sustituido por la caja privada del emperador. Esto facilitó la corrupción, a la que se intentó poner remedio. Durante la época del emperador Adriano (24-76 d.C.), por ejemplo, se amplió «crimen repetundarum» a todos los actos de malversación realizados por los funcionarios públicos y los sancionó incluso con penas de muerte. Y junto a este crimen, aparecieron otros como la «concussio», una de las prácticas favoritas de los gobernadores provinciales, consistente en exigir a los ciudadanos una contribución no establecida por la ley o aumentar otra sí de manera desorbitada.

Fuente: ABC

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