Faltaba todavía un mes para el fin de semana en que la pandemia en España se disparó. El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) estaba próximo a actualizar su evaluación del riesgo que el nuevo coronavirus detectado en China podía presentar para los países de la Unión Europea y Reino Unido. Una semana antes, el 31 de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había declarado la emergencia de salud pública internacional por el brote de coronavirus en la provincia china de Hubei.

El 5 de febrero a las 14:38, la oficina de Inteligencia Epidémica del centro remitió un correo electrónico a los contactos de cada Estado miembro —en España, lo gestionan desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que dirige Fernando Simón— para enviarles un borrador con la nueva evaluación del riesgo. En aquel momento, siete países europeos contaban ya con casos importados, aunque todos estaban controlados y se descartaba la transmisión comunitaria de lo que entonces se conocía como 2019-nCoV y más tarde pasaría a llamarse SARS-CoV-2. En ese primer borrador, tanto el riesgo de infección como el impacto sobre las personas infectadas se consideraban bajos.

Ese mismo día, a las 16:07, el CCAES respondió al correo: "Estamos de acuerdo con vosotros en que el riesgo en Europa es actualmente bajo". Además, inquirieron a la oficina acerca de qué áreas se consideraban de transmisión comunitaria más allá de la provincia china de Hubei.

En apenas dos días, la valoración del ECDC sobre el impacto del covid-19 en las personas infectadas varió por completo, tal y como muestran los 'e-mails' internos entre ambas instituciones. Gracias a una solicitud de acceso a documentos, El Confidencial ha obtenido toda la correspondencia mantenida entre este organismo europeo y el departamento dependiente del Ministerio de Sanidad en estos últimos meses. Estos correos desvelan cómo los diferentes países fueron poniendo en común lo que iban descubriendo sobre la creciente pandemia y, en este caso, cómo nuestro país minusvaloró la amenaza que representaba el coronavirus asiático durante los primeros días de presencia del patógeno en Europa.

Entre ese miércoles de febrero y el viernes algo sucedió, y en Europa empezaron a valorar con más seriedad la posibilidad de que el impacto de la enfermedad para el individuo infectado fuera realmente mayor. En la evaluación del riesgo publicada el viernes 7 de febrero, el impacto potencial del covid-19 sobre los pacientes ya era clasificado como alto.

Este drástico cambio no pasó inadvertido para el CCAES español, que a las 17:54 de ese viernes remitió un nuevo 'e-mail' al centro europeo: "Hemos visto hoy la evaluación de riesgo publicada en la web del ECDC y estamos un poco sorprendidos, porque la frase enviada en el texto del borrador que decía 'el impacto de la infección para la población de la UE/EEE y Reino Unido se considera bajo' ha desaparecido del documento publicado. En su lugar, la versión publicada incluye el impacto para los individuos infectados y se considera alto".

 

'E-mail' enviado por el CCAES al ECDC el 7 de febrero.

El remitente del CCAES considera que este último punto es "debatible", pero "podemos aceptarlo siempre y cuando se mantenga la frase que aparecía en el borrador que se envió previamente", una frase que según el representante español coincide con las guías del ECDC. "No estamos considerando en España un impacto alto si tenemos un caso importado", concluía la misiva. Se desconoce si fue el propio Simón o un miembro de su equipo quien remitió estos correos, dado que el Reglamento 2018/1725 ampara la reproducción de datos personales de este tipo.

Una portavoz del Ministerio de Sanidad manifestó a El Confidencial que "tanto el 6 de febrero como el 14 de febrero el ECDC consideraba el riesgo del coronavirus bajo". En efecto, la evaluación del riesgo del 13 de febrero, la versión más antigua que se mantiene en la caché de repositorios de archive.org, señalaba el riesgo de infección en Europa "actualmente bajo". Sin embargo, el impacto de la enfermedad sobre una persona infectada ya aparece considerado como "alto", en consonancia con lo defendido por el ECDC pese a la protesta remitida por el CCAES. Desde Sanidad, no han contestado a las cuestiones específicas sobre la clasificación del impacto del covid-19 sobre las personas infectadas en aquellos días de febrero y las posturas opuestas entre el ECDC y el CCAES.

 

Evaluación de riesgo publicada el pasado 13 de febrero por el ECDC.

La visión del centro español coincide plenamente con la que Fernando Simón enviaba a la opinión pública. Aquella semana, España había contado el segundo caso en territorio nacional, un turista en Baleares que se unía al alemán aislado en La Gomera desde el 31 de enero. "No implica más riesgo para nuestro país", explicaba Simón acerca de aquel nuevo caso importado el pasado 9 de febrero.

Desoyeron la recomendación española

"Muchas gracias por vuestros comentarios". El lunes siguiente, 10 de febrero, el ECDC responde educadamente a España. "El texto de la evaluación de riesgo fue cambiado, como señaláis, después de una discusión interna del equipo técnico y del consejo de nuestro científico jefe", el sueco Mike Catchpole. "El texto al que os referís es sobre el impacto de la infección, si es adquirida. Aunque determinamos que la probabilidad de infección para la población de la UE/EEE es muy baja, hemos determinado que el impacto de la infección, si es adquirida, es alto para el individuo infectado y también para la salud pública y los sistemas de salud". Esta mención a "la salud pública y los sistemas de salud" no aparece en la evaluación del riesgo del 13 de febrero, pero sí en un documento más amplio publicado al día siguiente.

 

Respuesta del ECDC al CCAES sobre la consideración del impacto del covid-19 en los enfermos.

Por último, añadían que el impacto podía variar entre los diferentes Estados miembro en función de la preparación, capacidad y recursos sanitarios, como ocurrió posteriormente. El texto finalmente publicado ese 7 de febrero no se encuentra ya disponible en internet (más allá de las versiones almacenadas en repositorios), dado que ha sido actualizado varias veces en los últimos cuatro meses.

Al mismo tiempo que los centros español y europeo intercambiaban correos electrónicos sobre la clasificación del impacto del coronavirus en los pacientes infectados, grandes tecnológicas como LG o Ericsson anunciaban su baja del Mobile World Congress, que se iba a celebrar en Barcelona a partir del 23 de febrero. Finalmente, el jueves 13 de febrero se canceló el MWC.

Estigmatización de los testados

La cancelación del MWC debía de suponer un punto de inflexión para España sobre el impacto potencial del coronavirus en nuestro país, pero los mensajes que Fernando Simón transmitía seguían siendo tranquilizadores. La siguiente semana se celebró en Estocolmo la 60ª reunión del foro consultivo del ECDC. El acta pública de esa reunión recoge siete intervenciones del doctor Simón ante sus homólogos europeos.

En una de ellas, Simón defendía "hacer test solo a aquellos viajeros procedentes de Hubei, con la posibilidad de ampliarse a China continental". Además, era de la opinión de bajar el riesgo de algunos territorios que el ECDC había calificado como "alto" a "moderado". Un borrador del ECDC del 13 de febrero obtenido por El Confidencial situaba China, Singapur, Hong Kong, Malasia, Vietnam y Japón como "territorios con presunta transmisión comunitaria".

En este sentido, el director del CCAES consideró que "es irrelevante si hay transmisión comunitaria, el factor tiempo y la incidencia es mucho más importante". Sobre España, Simón señaló que más de 600 test se habían realizado hasta esa fecha, "pero no es una cuestión solo del número de test. Cada persona debe ser aislada, el personal sanitario tiene miedo de infectarse y aquellos a los que se les ha realizado un test están siendo estigmatizados". No obstante, el inicio del acta recoge que España había testado a 60 personas, dos de las cuales dieron positivo.

El 22 de febrero, fecha clave

El foro consultivo del ECDC concluyó con el compromiso de los Estados miembro de celebrar reuniones extraordinarias en función de la evolución de la pandemia del coronavirus. El primero de estos encuentros no se hizo esperar. Tres días después de este foro, un representante del ECDC —presumiblemente, el científico jefe Mike Catchpole— envió un 'e-mail' a los centros nacionales para celebrar un encuentro urgente por la situación de Italia.

 

'E-mail' del 22 de febrero del ECDC a los países europeos.

"Estos brotes plantean preocupaciones sobre la posibilidad de que similares eventos de transmisión puedan ocurrir en cualquier lugar de la UE y el impacto de estas transmisiones, además de resaltar la necesidad de garantizar que la preparación adecuada existe en los servicios sanitarios de la UE/EEE", expresó el miembro del ECDC.

Aquel sábado, se registraron 33 casos confirmados en Lombardía y otros nueve en el resto de Italia. Además, "259 contactos de los primeros casos (15%) dieron positivo". "Aunque hay un historial de contacto con alguien de China en el caso índice, no está claro que esto pueda explicar el contagio por el periodo temporal", añadió.

El 22 de febrero, un día antes de la fecha de inauguración prevista para el MWC, el ECDC dio la primera alarma seria sobre la propagación del coronavirus en Europa.

Un informe pericial calcula al menos 1.500 contagios en la marcha del 8-M de Madrid

La Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid de archivar una querella contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES), Fernando Simón. En el marco de su acusación, ha entregado a la juez un pre-informe pericial con el que acredita que "la manifestación de Madrid [en referencia al 8-M] fue causante de al menos 1.500 contagios" de coronavirus.

Según consta en el recurso, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la acusación popular ha contratado los servicios de dos peritos especialistas en análisis de big data. Su pre-informe, "basado en datos actuales que no son los definitivos", pretende "mostrar al tribunal cuáles son los métodos de investigación para determinar el número mínimo de víctimas producidas por un evento masivo como el 8-M".

Los analistas, que no son médicos ni epidemiólogos, han asegurado haber sido "conservadores" al evaluar los datos "con los valores mínimos del intervalo de confianza con los que debiera analizarse este supuesto". "Sumando todos los contagiados entre los días 8 y 9 de marzo, tenemos un total de 5.758, de los que 1.500 se pudieron contagiar en la manifestación (...). Esto supone que la manifestación del 8-M fue la causa del 25% de contagios que se produjeron ese día", han precisado tras explicar la metodología empleada para llegar a esos cálculos.

Según han explicado en el informe de 13 folios, han utilizado un modelo matemático que "evalúa con mayor precisión el impacto de la gestión de la pandemia por parte de las autoridades y el efecto que se hubiera producido si se hubieran tomado medidas con anterioridad". Han insistido en el hecho de que trabajaron con la información facilitada a la causa por el CCAES y la Delegación del Gobierno de Madrid.

"Podemos saber el número mínimo de víctimas"

El recurso de la asociación tiene lugar después de que la juez Mónica Aguirre archivara las diligencias contra Simón por un presunto delito de imprudencia temeraria. La magistrada alegó que "al desconocerse la identidad de los ofendidos, no puede determinarse si la causa de los contagios por covid-19 (...) derivó de la propagación de virus con motivo de la celebración de los eventos masivos que se mencionan, o de la falta de utilización de material de protección al tratarse de personal sanitario, o miembros de colectivos vulnerables en función de las tareas asignadas".

La asociación ha insistido en su acusación. Han subrayado que el hecho de que se desconozca la identidad de las personas víctimas no permite deducir que no existan o que no se pueda averiguar su número. "No podremos saber la identidad de las víctimas de los delitos, pero sí podemos saber el número mínimo de víctimas causadas como resultado de las negligencias de los querellados, siendo éste el resultado del delito imputado", han señalado en el escrito presentado este martes.

En este sentido, han asegurado al juzgado que, según su informe preliminar "y basado solo en cifras oficiales, la manifestación de Madrid fue la causante al menos de 1.500 contagios". A su juicio, estas personas habrían actuado "como un semillero del virus en los hogares, lugares de trabajo, gimnasios, bares, metro, autobuses y demás lugares de socialización".

"Estudio pormenorizado"

Según han avisado en el escrito, "un estudio más pormenorizado encargado por esta parte a los referidos expertos, elaborado con tiempo suficiente y con parámetros más exactos provenientes del Registro Civil, o de fuentes de expertos internacionales como la OMS o el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, determinará con exactitud el número de víctimas por la patología denominada covid-19". Dicho informe, han precisado, será aportado y establecerá el "número mínimo de víctimas de las omisiones de los querellados (...) y por tanto de los sujetos pasivos de la querella y la relación causal entre las omisiones de los querellados y la patología que causó la muerte o la enfermedad crítica a estas víctimas".

La acusación ha considerado que con la entrega de este nuevo informe se supera el problema jurídico planteado en el auto de archivo. Y ha subrayado que "existen indicios suficientes para continuar la instrucción" al poder conocerse que el delito de imprudencia temeraria "puede ser acotado mediante un número mínimo de víctimas causados por una imprudencia punible, aunque no puedan ser identificados".

Desde la asociación consideran que Simón incumplió sus funciones al "omitir informar puntualmente al Gobierno de las medidas a adoptar según las recomendaciones de los expertos de organismos internacionales". Sostienen que de su actuación se desprende que España "retrasara en tomar medidas de distanciamiento social hasta el 14 de marzo".

Querellas contra Fernando Simón

Otros cuatro jueces han desestimado investigar a Simón. El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid descartó dirigir diligencias en su contra al considerar "evidente y notoria la existencia de discrepancias en la comunidad científica y en los órganos sanitarios nacionales e internacionales sobre la mayor o menor idoneidad de los medios de protección utilizados”.

La juez de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, encargada del 8-M, rechazó imputar Simón en la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Alegó que ya había al menos otras dos denuncias presentadas contra él en sendos juzgados.

Análisis: Una gestión desastrosa 

Joaquín Leguina

El pasado 18 de febrero de 2020, con el Covid-19 ya en Europa, treinta personas representantes de los ministerios sanitarios europeos se reunieron en Selna (Suecia), en la sede del Centro Europeo de Prevención de Enfermedades (ECDC); entre esas personas estaba el español Fernando Simón. Las actas de esa reunión, leídas hoy, resultan, en verdad, desconcertantes. Nadie entre los presentes vio venir lo que estaba ya ocurriendo, porque entre finales de 2019 y las primeras semanas de 2020 miles de personas aparentemente sanas se pasearon por el mundo contagiando el coronavirus sin saberlo.

El virus iba a llevarse por delante a cientos de miles de personas y, de paso, dañó -y de qué forma- la economía, además de acabar con  el prestigio de quienes tenían la misión de salvaguardar la salud mundial.

En España, la gestión política de la pandemia bien puede calificarse de desastre. El epidemiólogo Pedro Alonso, que es directivo de la OMS y nada sospechoso de sectarismo, acaba de declarar:

«Se pecó de miopía. Se subestimó la capacidad mortífera del virus y se pensó: esto no nos puede pasar a nosotros. Los países estaban informados sobre el riesgo y lo esperable era que contaran con los medios y estructuras para enfrentarse a lo que se avecinaba».

En efecto, en España se despreciaron las mascarillas (más tarde se dijo que la causa era que no las había), luego se dudó de los test. El Gobierno compró 659.000 test que resultaron inservibles. Ocurrió así: el Ministerio de Sanidad firmó un contrato de 17,1 millones de euros con la empresa Interpharma para la adquisición del célebre lote de test que resultaron fallidos. Estaban fabricados -cómo no- por una empresa china de nombre Bioeasy Biotechnology.

No se tuvieron en cuenta los principios básicos que describe Pedro Alonso en su entrevista respecto a las enfermedades infecciosas: a) que en casi todas hay casos asintomáticos; b) que es necesario vigilar si los asintomáticos transmiten la enfermedad y que si no se buscan estos casos, no se encuentran. De no hacerse, sólo se verán los casos graves, que son una pequeña parte del total.

Es indudable que la falta de test, aparte de las compras engañosas de los mismos, explica parte del fallo, pero hay otra parte atribuible a la incuria estadística de quienes han dirigido la gestión.

Una forma razonable de calcular la mortalidad debida al virus es comparar el número de muertes durante los meses de febrero, marzo y abril ocurridas en 2019 con los fallecidos en esos mismos meses de 2020, suministrados por el INE. La diferencia entre 2019 y 2020 son unos 43.000 fallecidos de más que se deben a la infección por coronavirus.

La mala gestión sanitaria española se describe con sólo recordar algunas declaraciones de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

El 30 de enero, Fernando Simón desoyó a los expertos que consideraban al SARS-CoV-2 como virus de riesgo máximo (nivel 4) y lo clasificó en el nivel 2, como si fuera una gripe.

31 de enero: «España no va a tener más allá de algún caso diagnosticado».

9 de febrero: «No hay razón para alarmarse con el coronavirus».

13 de febrero: «El número de nuevos casos en el mundo está en descenso».

23 de febrero: «En España el virus no está. En este momento no tenemos ningún caso en investigación. No hay transmisión y actuamos para tener la sensibilidad, para poder detectar el primer caso importado, y a partir de ahí controlar sus contactos».

26 de febrero: «Todos importados y todos controlados (los casos en España). Hasta ahora no se ha detectado transmisión local. Acuerdo en el Consejo Interterritorial de no hacer cambios. El riesgo estamos estimando pasarlo de bajo a moderado».

27 de febrero: «No tenemos evidencias para cambiar la política de contención, pero si se dan las circunstancias tendríamos que cambiar en pocas horas».

2 de marzo: «Por el momento no se recomienda prohibir eventos masivos. Ahora mismo no se propone suspender ningún evento».

4 de marzo: «En la situación actual la gente debe ser consciente de la alarma que puede provocar una persona que asista a la manifestación con sintomatología. Yo deseo que el 8-M, si la gente está sana, y está sana, tenga un gran éxito la manifestación. El sistema es fuerte».

Sin embargo, con 134 casos, a Simón le pareció bien que en Italia se suspendieran los eventos multitudinarios, incluso el Carnaval de Venecia (día 23 de febrero). Simón también estuvo de acuerdo con las prohibiciones que se tomaron en La Rioja, (día 7 de marzo): «Las medidas que se han tomado en la Rioja, por el entierro, aunque duras, son necesarias».

Con tanta perspicacia sanitaria no es de extrañar que se vendan camisetas con su figura y en su honor.

Joaquín Leguina fue Presidente de la Comunidad de Madrid

Fuente: El Confidencil, Vozpopuli, ABC

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