Las propuestas para cambiar la Ley de Secretos Oficiales ha sido este martes admitidas a trámite por el Pleno del Congreso celebrado. A partir de ahora, la proposición de ley será trabajada por los diferentes partidos políticos para su aprobación en las cámaras. El reto no es fácil. Un texto ya llegó a esta fase en los últimos años, pero no consiguieron ver la luz por sucesivas prórrogas en el plazo de enmiendas y obstáculos. De hecho, es la cuarta vez que la cámara admite a trámite la proposición de ley presentada para reformarla.

La propuesta para modificar la Ley de Secretos Oficiales ha partido una vez más del PNV. La toma en consideración de esta dos proposición de ley supone que el Congreso se abre a dotar de más transparencia las actuaciones del Estado durante el período franquista, la Transición o del golpe de Estado del 23-F. La futura Ley debería implicar apertura de archivos que tanto reclaman historiadores e investigadores.

Concretamente, el PNV ha pedido en la Cámara la necesidad de cambiar la Ley de Secretos Oficiales para establecer en la misma la necesidad de fijar unos plazos concretos para la desclasificación de documentos oficiales y homologar la legislación en esta materia a la de los países de nuestro entorno. Además, el texto de reforma contempla la modificación de la Ley de Secretos Oficiales para atribuir "en exclusiva" al Consejo de Ministros la facultad de clasificar una materia y su cancelación. Actualmente pueden clasificar documentos, además del Gobierno, la Junta de Jefes de Estado Mayor, y sólo pueden declarar su cancelación aquellos órganos que la propusieron.

Esta presentación se produce días después de la publicación por Editorial ACTAS (http://www.actashistoria.com/) del libro de Fernando J. Muniesa, “La cara oculta del Estado. Historia crítica de los Servicios Secretos españoles”. Esta obra es un libro audaz que, sin duda, no dejará a nadie indiferente. En sus 600 páginas, el autor ofrece una visión genuina y desmitificadora de los servicios secretos —rodeados de un halo de misticismo, frecuentemente desde la misma organización—, y otra, práctica y objetiva, de los hoy llamados Servicios de Inteligencia como aparato secreto del Estado.

Haciendo un recorrido por las distintas etapas de los servicios de inteligencia españoles, desde el régimen del general Franco hasta nuestros días (Seced, Cesid y CNI), Muniesa aporta ejemplos puntuales de operaciones que ponen de relieve la praxis del momento y la personalidad de sus máximos responsables. Pero más allá de la narrativa histórica y de la pura anécdota, alcanza los desenfoques y despropósitos que han venido protagonizando desde su misma creación. Porque obtener, analizar y filtrar información de gran valor en la toma de decisiones operativas, tácticas o estratégicas, tanto en el ámbito político como en el económico, e incluso en el plano de la vida cotidiana, profesional, social o personal, hace que planeen sobre ellos intereses no legítimos.

En muchos artículos publicados en este medio y otros, Muniesa ha venido llamando la atención desde hace años de la necesidad de una nueva Ley de Secretos Oficiales.

Cierto es que hoy en día nadie discute la institución del “secreto oficial”, cuya legitimidad se encuentra establecida formalmente en el artículo 105, apartado b, de la Constitución Española, siendo además su declaración una prerrogativa gubernamental generalizada en los países democráticos y en las organizaciones supranacionales. Sin embargo, unos y otros gobiernos olvidaron las sencillas reglas equilibradoras del juego democrático. En España, a lo más que se ha llegado es a montar pantomimas como la protagonizada por la fiscalía de la Audiencia Nacional, cuando en un escrito fechado el 29 de diciembre de 2006 propuso desclasificar información sobre los vuelos de la CIA que trasladaron a presuntos terroristas a Guantánamo haciendo escala en Mallorca.

Los otros “casos” también fueron significativos. La primera “desclasificación” real de documentos militares realizada en nuestro país fue la promovida por el Estado Mayor del Aire (sustanciada por la Sección de Inteligencia del Mando Operativo Aéreo, MOA) entre los años 1992 y 1997, que incluyó 75 expedientes sobre avistamientos de OVNIS registrados desde 1962, ocupando un total de 1.900 páginas que recogían 97 sucesos distintos. Aunque, en su momento, esta iniciativa no dejara de reputarse como “manipulada”, dado que el material desclasificado se acompañó de “consideraciones” y “conclusiones” bastante controvertidas redactadas por la propia Inteligencia Militar.

Bajo la presidencia de José María Aznar se desclasificaron algunos documentos “secretos”. Por ejemplo, los controvertidos “papeles del CESID” (tras una petición expresa del Tribunal Supremo que investigaba la denominada “guerra sucia contra ETA”) y dos informes del CNI sobre los atentados del 11-M en Madrid (el 18 de marzo de 2004, con el último Gobierno Aznar ya en funciones).

Durante el primero Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, también se desclasificaron informes “secretos” relacionados con los mismos atentados del 11-M y con el posterior suicidio de supuestos terroristas el inmediato 3 de abril en Leganés, que obraban en poder del Ministerio del Interior y del CNI, junto a otros relativos a los ya citados vuelos de la CIA en territorio español…

LA LEY DE SECRETOS OFICIALES Y LA POLÍTICA BASTARDA

La vigente Ley de Secretos Oficiales se mantiene efectivamente en una especie de frangollo o enredo impresentable, en el que convergen intereses corporativos (y hasta grupales o personales porque a ellos llega también el blindaje del ‘secreto oficial’), prácticas de corte franquista impropias de un régimen democrático y no pocas deslealtades políticas, ilícitas e inmorales, que resguardan, como ha sucedido con demasiada frecuencia, actuaciones de los Servicios de Inteligencia incompatibles con el Estado de Derecho. Y ahí está, sin ir más lejos, su conocida colaboración con el ciberespionaje masivo de la NSA (la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos). 

Porque, para empezar, el artículo 5, apartado 1, de la vigente Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI, establece la siguiente barrera de protección: “Las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los Acuerdos internacionales o, en su caso, con el mayor nivel de clasificación que se contemple en dicha legislación y en los mencionados Acuerdos”.

Y si todo lo concerniente a las actividades del CNI es, per se, de ‘máximo secreto’, ¿de qué más se puede seguir hablando…? El fondo de la cuestión, en orden a garantizar sobre todo al comportamiento lícito del CNI, no es otro, pues, que eliminar el blindaje que le proporciona la actual Ley de Secretos Oficiales, en flagrante discrepancia con los principios y valores democráticos que inspiran la Constitución Española y con su propia letra. Es decir, desarrollando una nueva ley de secretos oficiales constitucional, en términos similares a los que propuso el diputado Luís Mardones durante la tramitación parlamentaria de la Ley 11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, mediante una enmienda de adición al texto del proyecto normativo presentado por el Gobierno del PP, entonces infructuosa, para elaborar: “Una nueva Ley reguladora de los Secretos Oficiales que ampare la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 105, apartado b), de la Constitución Española, proporcionando la necesaria coherencia técnico-jurídica a toda la normativa legal afecta en la materia”.

En un Estado democrático de Derecho, la defensa y seguridad nacional requieren de ciertos ámbitos de secreto y reserva, pero ello no nos puede llevar a hacer de esos ámbitos zonas oscuras en las que no existe posibilidad alguna de intervención. 

A este respecto se debería proceder a distinguir entre control de la decisión política del Gobierno de clasificar una determinada materia como secreta, de la hipotética negativa a entregar un documento relativo a materias clasificadas cuando la autoridad judicial lo ha acordado en el seno de un procedimiento en el que la Administración Pública no es parte. La actual redacción de los artículos 24, 103, 106 y 118 de la Constitución, puede chocar frontalmente con el contenido de los artículos 4, 11 y 13 de la Ley 9/1968. Mientras que los primeros preceptos otorgan un omnímodo poder de investigación a todos los jueces y tribunales, el segundo grupo de los mencionados dificultan y restringen esas facultades de investigación que la Constitución pone en manos del poder judicial. Siendo la justicia uno de los valores superiores sobre los que se constituye un Estado democrático de Derecho (artículo 1 de la Constitución), resulta difícilmente admisible que, en la investigación de delitos muy graves, pueda haber “zonas de impunidad” vedadas al poder judicial.

De no implementarse ese cambio, seguiremos viviendo periódicos episodios de descrédito político y democrático como aquel de la colaboración del propio Gobierno, en las prácticas ilegales del ciberespionaje masivo de la NSA norteamericana.

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