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Amnistía Internacional (AI) ha pedido a la ONU que se investigue la ejecución extrajudicial de  ocho beduinos saharauis que se dedicaban al pastoreo, dos de ellos menores de edad,  cometida en 1976 por militares marroquíes y que los responsables comparezcan ante la justicia.

Estas ejecuciones se han conocido tras la investigación realizada por un equipo de expertos forenses de la Universidad del País Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que exhumó los restos de ocho saharauis hallados en dos fosas comunes en el desierto  del Sáhara Occidental, en la región de Smara. Familiares de saharauis víctimas de desaparición forzada contactaron con los forenses españoles en abril de 2013, tras hallar un pastor restos humanos en la zona de Fadret Leguiaa, cerca de Amgala.

El equipo dirigido por el antropólogo Francisco Etxeberria y el psicólogo Carlos Martín Beristáin examinó los restos humanos, hizo pruebas de ADN y se entrevisto con familiares de los ochos desaparecidos, incluido un testigo de los hechos, Aba Alid Said Daf, que entonces tenía 13 años. También recogió en el lugar varios vainas de proyectiles de fusil.

La  investigación determinó que Salma Daf Sidi Salec, Sidahmed Segri Yumani, Salama Mohamed-Ali Sidahmed Elkarcha, Salma Mohamed Sidahmed, Mohamed Mulud Mohamed Lamin (con DNI español), Mohamed Abdalahe Ramdan (con DNI español), Bachir Salma Daf y Sidi Salec Salma, estos dos últimos menores de edad,  fueron detenidos por una patrulla militar marroquí en Fadret Leguiaa y asesinados allí mismo. Después, fueron enterrados en dos fosas excavadas en la arena.

Amnistía recuerda que el organismo Instancia Equidad y Reconciliación (IER), instaurado por Mohamed VI el 7 de enero de 2004 para investigar las desapariciones forzadas,  las violaciones de DDHH y la guerra sucia cometidas durante el reinado de su padre, Hassan II, en los conocidos como años de plomo, no reveló información alguna sobre estos ocho desaparecidos.

Sin embargo, cuatro de los casos sí fueron investigados por el Consejo Consultivo para los Derechos Humanos (CCDH), encargado de hacer un seguimiento del trabajo de la IER y concluyó que estas personas fueron detenidas por las fuerzas armadas marroquíes cerca de Amgala en 1976 y llevadas a un cuartel militar de Smara, donde murieron. Los otros cuatro no fueron incluidos en las listas de víctimas de desaparición forzada de la IER ni en las del CCDH.

Amnistía Internacional pide que, bajo la garantía de Naciones Unidas, se realice “una investigación independiente, imparcial y exhaustiva sobre la muerte de los ocho saharauis y que las personas que resulten responsables respondan de sus actos ante la justicia”.

Hay más desparecidos y piden nuevas investigaciones

Apunta la posibilidad de que haya más restos en esta y otras zonas del Sáhara Occidental, por lo que deben ser buscados, exhumados, identificados y devueltos a sus familias. “Los autores de estos hechos deben rendir cuentas para poner fin de forma tangible a la impunidad por los abusos cometidos en el contexto del conflicto armado entre Marruecos y el Frente Polisario”, afirma AI.

Para este movimiento mundial fundado en 1962 y premio Nobel de la Paz 1977,  los datos desvelados por el equipo de expertos forenses “ponen de relieve los límites de las iniciativas de la IER y el CCDH para sacar a la luz la verdad sobre cientos de casos de desaparición forzada en Marruecos y el Sáhara Occidental durante el reinado Hasán II, así como la necesidad de que se lleven a cabo nuevas investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas”, para lo cual deben “emplearse los mecanismos de la ONU”.

Amnistía dice que tanto la actuación del IER y el CCDH  despertaron en su momento  muchas esperanzas.  La IER hizo hincapié en la responsabilidad del Estado en las violaciones de Derechos Humanos y se concedieron indemnizaciones económicas. Un número menor de víctimas se benefició de otras formas de reparación, como seguros médicos y restitución del puesto de trabajo.

Sin embargo, la IER  no podía obligar a declarar como testigos a autoridades o miembros de las fuerzas de seguridad que podrían conocer la suerte que corrieron las personas sometidas a desaparición forzada, y fueron “demasiado escasos los restos de las personas ejecutadas o muertas bajo custodia que se exhumaron, identificaron y devolvieron a sus familias”.
Marginación saharaui en las investigaciones marroquíes

AI destaca que la IER “reforzó la sensación de marginación de los saharauis al no abordar la especial amplitud de las violaciones de derechos humanos que sufrieron y al no organizar una vista pública en el Sáhara Occidental en pie de igualdad con otras regiones, donde celebró sesiones televisadas en las que se dio voz a las víctimas para que contaran sus sufrimientos. El informe final de la IER ofreció muy pocos detalles de desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos cometidas contra saharauis”.

Ni siquiera –continua- se reconoció que la región sufría de forma desproporcionada, como lo ilustra la exclusión del Sáhara Occidental del programa de reparaciones colectivas diseñado para zonas especialmente afectadas por las violaciones de derechos humanos durante los ‘años de plomo’. La IER tampoco logró mejorar la comunicación ni restablecer la confianza con las víctimas, las familias y las organizaciones de la sociedad civil en el Sáhara Occidental; esta falta de confianza era a su vez consecuencia de las violaciones de Derechos Humanos sufridas en la región a manos de las autoridades marroquíes.

AI relata que el mandato otorgado a la IER también excluía la identificación de los autores de violaciones graves de Derechos Humanos y su enjuiciamiento, por lo que las víctimas tenían que buscar justicia a través de enjuiciamientos individuales incoados por iniciativa propia. “Hasta la fecha, la abrumadora mayoría de funcionarios marroquíes que presuntamente cometieron violaciones graves de derechos humanos durante el periodo abarcado por el mandato de la IER no ha respondido de sus actos ante la justicia, y no hay indicios de que las autoridades tengan intención de abordar esta cuestión en el futuro”.

El lugar donde se hallaron los restos, una zona en la que la MINURSO mantiene el alto el fuego en la línea divisoria entre la parte oriental del Sáhara Occidental, controlada por el Frente Polisario, y la parte occidental, administrada por Marruecos, subraya para AI lo importante que sería la presencia de observadores –independientes y con autoridad– de la situación de los derechos humanos en la zona.

Amnistía Internacional ha pedido que el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Sáhara (MINURSO) se amplíe a los Derechos Humanos, no sólo para promover la verdad y la justicia en los casos sin resolver de violaciones cometidas en el pasado tanto por las autoridades marroquíes como por el Frente Polisario, sino también para abordar las nuevas violaciones, que siguen siendo motivo de preocupación permanente en la región. Amnistía Internacional se ha dirigido en varias ocasiones al Gobierno español pidiéndole que impulse la ampliación del mandato de la MINURSO.

Mientras tanto, la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (ASVDH) y el Colectivo de Defensores Saharauis de Derechos Humanos (CODESA), que insisten en la cifra de 400 desaparecidos, van a presentar una demanda en los ministerios de Justicia e Interior de Marruecos, tras conocerse el caso de los ocho asesinados en 1976.

En rueda de prensa en Rabat señalaron la responsabilidad jurídica de España como administradora del territorio en febrero de 1976, puesto que Marruecos aún no ocupaba esa zona, haciendo hincapié en que algunos de los cadáveres llevaban documentación española.

Con el fin de pedir ayuda internacional para exhumar otras fosas comunes, las asociaciones saharauis han presentado el informe sobre los desaparecidos a la sede de la ONU en Ginebra y en el Parlamento Europeo.

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