Miguel Á. Gayo Macías

El Poder Judicial era, hasta ahora, el único organismo lo suficientemente poderoso para interponerse en el camino hacia el autoritarismo del Gobierno polaco. Después de aprobar la llamada “ley mordaza”, que permite destituir jueces con criterios políticos, y tras secuestrar al Tribunal Constitucional con diez de sus quince miembros nombrados con criterios políticos, el PiS (cuyas siglas, irónicamente, significan Ley y Justicia) ha cruzado todas las líneas rojas y ha vuelto a poner en la picota a Polonia y su situación en la Unión Europea.

“El Brexit también parecía imposible, y ha ocurrido. La diferencia es que allí la gente votó a favor, pero el Gobierno intentó evitarlo, y aquí nadie quiere un Polexit pero el Gobierno lo está provocando. Y otra diferencia: lo que hubo en el Reino Unido fue democrático; lo que puede sacar a Polonia de la Unión Europea es la falta de democracia”. Quien habla es K. R., hija de un juez de Cracovia que prefiere ocultar su nombre por miedo a las represalias.

No es una exageración: aún se siguen descubriendo detalles de la campaña de descrédito contra los magistrados poco dóciles que se orquestó desde el mismísimo ministerio de Justicia. La delirante historia de un 'troll' de internet que, bajo el pseudónimo “Emma” reveló detalles personales de jueces (domicilios, nombres de hijos, supuestas infidelidades matrimoniales) y que llegó a recibir obsequios y notas autografiadas de felicitación, recuerda el modus operandi del régimen pro soviético con su mezcla de amenazas, bajeza moral y vulgaridad.

La excusa del comunismo

Aquella campaña fue un eslabón más en la cadena con la que el PiS quiere atar en corto al Poder Judicial para que se pliegue a sus directrices políticas. Precisamente, una de las excusas del Gobierno para esta reforma judicial es la de purgar a la magistratura y eliminar a los jueces que actuaron bajo el régimen comunista. Esta alegación choca con el hecho de que uno de los miembros que el PiS ha nombrado hace un par de meses para formar parte del Tribunal Constitucional es un conocido ex comisario político de la dictadura comunista.

La falacia de que la judicatura polaca está llena de antiguos comunistas (Morawiecki aseguró que “el 100% de los jueces siguió ejerciendo tras la caída del comunismo”) no resiste el mínimo escrutinio: de los 23 jueces del actual Tribunal Supremo, solo hay tres que estuvieran en 1989. De cara a la galería, el PiS se ha aferrado a esta ficción para justificar lo que ha llamado “reforma judicial” que, en palabras del Presidente Duda, “limpie el aire viciado” de la judicatura. Como curiosidad, el propio líder del PiS, Jaroslaw Kaczynski, mantiene desde hace décadas como secretaria personal a una antigua funcionaria del Partido Comunista.

El asalto a la independencia de la Justicia y la eliminación de la separación de poderes han hecho saltar la alarma en Bruselas, que ya tenía en cuarentena a Polonia por su alejamiento de los procedimientos democráticos. Lo que antes se denominaba “deriva autoritaria” y solo tuvo como consecuencia reconvenciones y reprimendas sin más, es ahora una flagrante incautación de la Justicia para convertirla en una correa de extensión del Gobierno. El resultado de este desafío puede ser también más serio: desde la pérdida de las ayudas económicas de la Unión hasta la expulsión del club europeo, ese que el Presidente polaco calificó de “imaginario, sin importancia real”, por no ser una democracia.

Contra las amenazas europeas, el PiS ha desplegado su maquinaria propagandística habitual: un airado miembro del Gobierno se despachaba a gusto en la televisión pública diciendo que no le importaba “un comino” lo que digan “estos 60 profesores de Derecho que se creen capaces de decir qué es legal y qué no” porque él estaba “del lado del pueblo polaco, la verdadera autoridad”, en referencia al fallo del Tribunal Supremo que desaprueba los nombramientos del Tribunal Constitucional.

Los polacos, con los jueces

Los informativos del canal estatal TVP se han prodigado con titulares como “el Tribunal Supremo quiere destruir el Estado Polaco”, “Ataque a la soberanía polaca” o “Europa no quiere una Polonia fuerte” porque “los alemanes están celosos del éxito polaco”. Incluso el Presidente, una figura a la que se supone imparcial y garante de la legalidad, se unió a este coro progubernamental afirmando que “las ovejas negras deben ser eliminadas de entre los jueces” y que “los que nos atacan desde el extranjero no lograrán imponernos un sistema en idiomas extranjeros”.

Esta pérdida de contacto con la realidad no es compartida por los ciudadanos polacos, que en su mayoría (51%) piensa que es el Tribunal Supremo quien tiene razón en la disputa (solo un 22% de la encuesta contratada por la publicación Dziennika Gazety Prawnej y la emisora RMF FM apoya al Gobierno y al Presidente). En el portal informativo Wiadomosci la mayoría de los encuestados también pensaba que es la Unión Europea quien debe arbitrar en la disputa judicial y no el Gobierno.

Una de las vicepresidentas de la Comisión Europea, Věra Jourová, visitó Varsovia hace unos días para, según dijo, “proteger a los jueces en la campaña en su contra” y recordar que la Unión tiene “instrumentos” para “ayudar a los jueces de los estados miembros a hacer su trabajo en condiciones que respeten su labor”. Casi simultáneamente, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha votado incluir a Polonia en el grupo de países bajo observación por su desempeño democrático, junto a Rusia y Turquía, entre otros estados. Polonia es el único país de la UE en esta lista negra.

En el actual estado de cosas, hay que recordar que el día que se aprobó la denominada “ley mordaza” contra los jueces, la votación se decidió por un puñado de votos que la oposición podría haber superado si todos sus diputados hubiesen asistido al Parlamento aquel día. Sin un apoyo institucional ni político claro en su propio país, los jueces polacos han recurrido a la solidaridad de la ciudadanía y de sus colegas europeos para defenderse. Los carteles con la palabra “KonsTYtucJA”, que destacan las palabras “tú” y “yo” en polaco pueden verse en ventanas, escaparates y locales, y la “marcha de las mil togas”, que reunió a magistrados de varios países europeos y de Turquía en Varsovia han sido dos muestras del respaldo al orden judicial en Polonia.

¿Puede la UE echar a un miembro?

El caos judicial que atraviesa el país en estos días tiene un cariz claramente político y se ha transformado en un pulso más entre el PiS y sus adversarios habituales: las instituciones democráticas, gran parte del pueblo polaco y, una vez más, la Unión Europea. Los procesos abiertos en 2019 tardan un mes más en resolverse que en 2015 (lo que también desmiente la supuesta mejora en la eficiencia de la reforma judicial del PiS).

La pretensión polaca de que la independencia judicial es un asunto interno de cada estado miembro, una afirmación que han distorsionado en forma de soflamas patrioteras para sugerir que “Bruselas tiene un doble rasero” (como afirmó el vicesecretario de Exteriores). Sin embargo, en febrero de 2018 la Unión ya impuso su jurisdicción en un caso que afectó a los jueces portugueses. Por otro lado, el artículo 19 del Tratado de la Unión dice que está dentro de sus competencias el evaluar las garantías de independencia de los jueces en los estados miembros.

España es uno de los ejemplos que con frecuencia saca a relucir Zbigniew Ziobro, el Ministro de Justicia, para justificar su reforma judicial. Sin embargo, el sistema español para elegir al Tribunal Constitucional es diferente. Por ejemplo, los requisitos profesionales que se piden a los jueces en nuestro país son muy superiores a los requeridos actualmente en Polonia y el Congreso de los Diputados debe aprobar cada nombramiento por tres quintos en lugar de la mayoría simple suficiente en Polonia. Ninguno de los tres miembros del tribunal Constitucional recientemente nombrados por el PiS habrían superado estas exigencias. En el índice democrático publicado por el Economic Intelligence Unit (EUI) del Reino Unido, Polonia continúa perdiendo puestos año tras año y en 2019 se situó en el puesto 57 del mundo, por debajo de Hungría, Ghana o Filipinas. España, por su parte, está entre las 20 democracias plenas del mundo junto a Alemania, Canadá o Suecia.

A pesar del miedo expresado por K.R. y muchos otros polacos, es prácticamente imposible que la Unión expulse a uno de sus miembros sin una razón contundente o, más bien, un cúmulo de razones. Tal coyuntura aún no se da en Polonia. Pero cuando los televidentes polacos ven cómo cada semana el nuevo programa “Kasta” (“casta”) se ceba mostrando los trapos sucios de la vida privada de los jueces (montajes fotográficos, vídeos en blanco y negro de jueces robando salchichas o emborrachándose), parece claro que una de los tres poderes que definen al estado de derecho está en guerra con otro.

En sus 15 años como miembro del “club imaginario”, Polonia se ha embolsado 110.000 millones de euros netos -lo que equivale a 1,2 veces el presupuesto estatal de 2019-. Si Bruselas decide unir estas ayudas económicas al respeto a las reglas de la democracia, las más que generosas ayudas económicas con que el PiS sostiene su política populista serán una carga demasiado pesada para las arcas polacas. “Y eso”, afirma sonriendo K.R., "sí que haría entrar en razón a este Gobierno”.

Fuente: El Confidencial

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