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El Gobierno de Mariano Rajoy está preparando un plan de medidas para responder a las últimas maniobras de las autoridades de Gibraltar, que el Ejecutivo considera que han dado un salto cualitativo con el reciente episodio del lanzamiento de bloques de hormigón a la Bahía de Algeciras que ha dejado inutilizado el caladero para los pescadores españoles.

El gobierno del Partido Popular entiende que “las políticas contrarias a España tienen un coste”, por lo que aparte de anular alguno de los acuerdos alcanzados en el marco del Foro Tripartito, prepara una serie de medidas.

Para ello, se han puesto encima de la mesa medidas de diversa índole, que van desde la creación de una ‘tasa de congestión’ a los vehículos que atraviesan la Línea con origen o destino en Gibraltar a un plan de lucha contra el fraude fiscal que pasa por localizar a los cerca de 7.000 gibraltareños que tienen su residencia fiscal en el Peñón, pero su residencia “real’ en España.

El Gobierno se plantea “volver a la situación previa” a la Declaración firmada en Córdoba en lo que se refiere al tráfico aéreo en Gibraltar, uno de los puntos más destacados de dicho acuerdo, que abría la puerta al uso civil del aeropuerto militar en el Peñón y levantaba las restricciones españolas al uso de su espacio aéreo.

“ZONA PROHIBIDA A TODOS LOS VUELOS”

De esta manera, el Ejecutivo de Mariano Rajoy propone ahora redefinir la zona restringida de Algeciras, una zona actualmente prohibida para todos los vuelos a excepción de los civiles con un plan de vuelo autorizado, para que pase a ser “zona prohibida a todos los vuelos”.

Al margen de esto, también se está revisando el acuerdo por el que, en el marco de la Declaración de Córdoba, España “concedió” a Gibraltar en 2006 la conexión de 60.000 líneas telefónicas, que atraviesan el municipio de La Línea de la Concepción, cuyo ayuntamiento recibe “apenas 4.000 euros anuales” como ‘servidumbre de paso’.

En la actualidad, Gibraltar está preparando un nuevo proyecto para potenciar la capacidad de la colonia en comunicaciones telefónicas que consiste en un cable submarino que, al parecer, atravesaría la zona donde faenan los pescadores españoles. A juicio del Gobierno, aquí puede estar también otra causa del lanzamiento de los bloques de hormigón que han disparado las tensiones: además de perjudicar la labor de los pescadores españoles, facilitar el tendido del cable.

“PRESENCIA MARÍTIMA MODERADA Y CONTINUA”

El Gobierno contempla en su plan “una actividad marítima moderada y continuada por parte española” en la zona de Gibraltar, con la que transmitir “un mensaje de firmeza y perseverancia” en la defensa de sus posiciones tradicionales. Esto es, en la reivindicación sobre las aguas próximas a Gibraltar.

Además, mantendrá su oposición total al lanzamiento de bloques de hormigón al fondo del mar, que el Gobierno ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente y notificado a la Comisión Europea. Las primeras consecuencias de esta denuncia se han concretado en la inmovilización de varios camiones cargados de grava, hormigón y material de construcción que esta semana pretendían cruzar la verja con dirección a Gibraltar.

PLAN CONTRA EL FRAUDE FISCAL

El paquete de medidas que está elaborando el Gobierno también incluye un amplio plan contra el fraude fiscal que contempla nuevas actuaciones de control en los ámbitos de la imposición directa, indirecta y aduanera.

Para empezar, se tomarán medidas para evitar el fraude fiscal que cometen aquellos gibraltareños que tienen su residencia real, pero no fiscal, en España. El Gobierno estima en unos 6.700 los gribraltareños que se benefician o disfrutan de la red de servicios sociales y las infraestructuras en España sin pagar impuestos.

Ahora, se va a tratar de comprobar su residencia real en territorio nacional para “realizar las oportunas liquidaciones tributarias”. Además, se va a luchar contra la evasión fiscal consistente en la constitución de sociedades en Gibraltar que tienen como objetivo ocultar la verdadera titularidad de bienes inmuebles en España. De este modo, evitan el pago de impuestos de transmisiones de estos bienes en España.

El paquete se completa con medidas contra el fraude en la tributación indirecta. Para ello, se va a seguir persiguiendo el contrabando de tabaco, a través de exhaustivos controles aduaneros en la verja y vigilancia en su perímetro y en las playas limítrofes. Además, se intensificarán los controles aduaneros y fiscales de los trasvases de combustible en aguas próximas al Peñón.

SEGUIRÁN LOS CONTROLES EN LA VERJA

La lucha contra estos fraudes es uno de los motivos por los que España seguirá realizando controles en la verja como los de los últimos días, que han provocado las protestas de las autoridades del Peñón y del Gobierno británico, que ayer convocó al embajador español en Londres para expresarle su “preocupación” y obtener garantías de que no se repetirán.

Sin embargo, España defiende que es su “obligación” realizar estos controles de personas, vehículos y mercancías, dado que Gibraltar no forma parte del Espacio Schengen. El Gobierno considera que son “irrenunciables” y seguirá haciéndolos cuando lo considere “necesario”.

Ahora, el Gobierno está estudiando además imponer una ‘tasa de congestión’ a los vehículos que atraviesan la Línea de la Concepción con destino u origen en Gibraltar, cuyos ingresos irían destinados al desarrollo económico del Campo de Gibraltar, con una atención especial al sector pesquero, perjudicado por la política de “hechos consumados” de las autoridades del Peñón.

España quiere prohibir las gasolineras flotantes en Gibraltar

El Gobierno anunció este martes que ha aprobado una Zona de Especial Protección (ZEC) en aguas de Gibraltar, en la que está prohibido que los barcos fondeados permanentemente hagan de gasolineras flotantes, una práctica conocida como "bunkering" y que se hace en la bahía de Algeciras.

Tras reunirse con el sector pesquero en Barbate (Cádiz), el ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, explicó en rueda de prensa que al Gobierno "no le temblará el pulso" en sus decisiones sobre Gibraltar.

En esa ZEC, ha agregado Arias Cañete, está prohibido el suministro de combustible a otros buques, y por ello, de acuerdo con la normativa comunitaria, se quiere cambiar la legislación española de sanciones ambientales para "endurecerlas" y actuar con "mucho más rigor" contra las empresas que tengan buques como gasolineras flotantes. Las ayudas a los pescadores españoles estarían entre 500 y 189 euros al mes.

El ministro ha subrayado que el Gobierno seguirá tomando medidas legales "proporcionadas" después de que Gibraltar arrojara en la bahía de Algeciras bloques de hormigón con cilindros que rompen las redes de los pesqueros, algo que ha calificado como "aberrante" y un "delito ambiental", por lo que España ha presentado una denuncia ante la Fiscalía y la UE. Para compensar los perjuicios a los pesqueros de la zona, el ministro ha anunciado que se otorgarán ayudas con carácter retroactivo desde el 1 de agosto a unos veinte barcos de la comarca, y ha agregado que aún están calculando las cantidades, que serán de unos 500 euros al mes a los armadores y de 189 a los pescadores. Tasa de paso Arias Cañete ha insistido en que el derecho internacional está del lado de España en las medidas con Gibraltar, recalcó que el Tratado de Utrecht no recoge que Gibraltar tenga aguas propias. Además, afirmó que van a seguir los controles en la frontera destinados a paliar el contrabando de tabaco de la colonia. "El Gobierno no va a ceder y defenderá la legalidad", resumió el ministro antes de asegurar que el Ejecutivo está "tranquilo" a pesar de los avisos de Londres de posibles sanciones.

También justificó la tasa para aquellos que entren y salgan de Gibraltar —que no afectaría a los trabajadores andaluces que acuden cada día a trabajar al territorio británico, según el Ministerio de Exteriores— para pagar al personal que se requiere por el aumento de los controles que eviten el contrabando.

Críticas de los trabajadores Mientras España y Reino Unido continúan la disputa diplomática, los sindicatos CC OO y UGT y el sindicato británico Unite han emitido un comunicado conjunto en el que denuncian la actitud de "provocaciones y confrontación" que mantienen ambas naciones y que, aseguran, están perjudicando a los trabajadores que cruzan la frontera cada jornada. Según sus cifras, hasta 12.000 personas (10.000 españolas) desarrollan su labor profesional al otro lado del vallado a diario. "Llevamos muchos años de vecindad. Hay padres, hijos y amigos a ambos lados. Cada vez que la alta diplomacia se mueve, nos sacan un traje. Claro que nos preocupa el medio ambiente y los bloques de hormigón, pero las cosas no se pueden llevar de esta manera. Provocan tensiones que no existen. Hay que venir aquí para verlo y comprobar que somos buenos vecinos", explicó a 20minutos.es Ángel Serrano, secretario general de UGT en el Campo de Gibraltar.

España se alía con Argentina contra Inglaterra por Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, planteará a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, formar un frente común, una ‘alianza anti-británica’ por los derechos de soberanía que ambas naciones reclaman al Reino Unido –Gibraltar, por parte de España, y las Islas Malvinas, en el caso de Argentina–, según publica el diario El Mundo en su edición de este martes.

García-Margallo aprovecharía el viaje que tiene previsto a Argentina para el próximo mes de septiembre para proponer esta posibilidad a la presidenta Fernández de Kirchner con el objetivo de impulsar una ofensiva diplomática conjunta hispano-argentina sobre los territorios en disputa en manos de Gran Bretaña.

Según algunas informaciones, el Gobierno de Mariano Rajoy podría llevar su petición al Consejo de Seguridad de la ONU para que conseguir que el Reino Unido renuncie a la soberanía sobre Gibraltar –cosa imposible– o, como mínimo, se avenga a formalizar ciertos acuerdos.

El Ejecutivo español tampoco descarta, al parecer, la posibilidad de denunciar a Gibraltar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la ‘ocupación ilegal’ de la franja de tierra que enlaza el Peñón con la Península Ibérica.

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