Menos de 48 horas después de las elecciones catalanas, los Mossos d’Esquadra que dirige el consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig, cuyo nombre aparece mencionado en el informe de la policial, que implica a altos cargos de Convergéncia Democràtica de Catalunya (CDC), de Artur Mas -quien tiene embargada la sede de su partido-, en el ‘caso Palau’ como beneficiario de 250.000 euros de la trama, han llevado a cabo una operación contra la corrupción en Sabadell, en la que han resultado imputados dos altos cargos del PSC, su alcalde y presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), Manuel Bustos, y el secretario de Organización del partido y jefe de campaña de Pere Navarro, Daniel Fernández.

La investigación llevaba abierta desde hace más de dos años a raíz de una denuncia de ICV, pero ha sido justo ahora, unas vez celebrados los comicios, cuando se han practicado las detenciones. Un golpe en la línea de flotación de los socialistas catalanes, que llega justo después de que su secretario general y candidato a la Generalitat, Pere Navarro, haya descartado tajantemente un pacto con CiU para entrar en el futuro gobierno de Artur Mas.

La operación  comenzó a las 10 horas de ayer martes, con el registro de los ayuntamientos de Sabadell y Montcada i Reixac, la sede barcelonesa de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y más de 40 entradas en empresas, sociedades y domicilios particulares.

Daniel Fernández ha sido imputado por un presunto delito de tráfico de influencias a raíz de una conversación telefónica que mantuvo con la alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), Maria Elena Pérez, quien también ha sido imputada este martes. Precisamente se le notificó su imputación poco después de su rueda de prensa para valorar la imputación de Manuel Bustos, aunque ya antes de atender a los medios recibió en su despacho la visita de agentes de los Mossos.

Al ser diputado y por lo tanto aforado, no podrá interrogarle el juez de instrucción de Sabadell y se le debería abrir una causa separada que investigaría el Tribunal Supremo (TS). Tras saberse su imputación, el PSC lo ha suspendido como secretario de Organización después de una reunión de más de una hora con Pere Navarro en la sede central del PSC de Barcelona.

La parte principal de la operación se ha centrado en Sabadell para investigar una "trama político-empresarial dentro del Ayuntamiento" en que supuestamente han intervenido, junto a diversos empresarios, miembros del PSC y el exconcejal del Consistorio Jordi Soriano -que había militado en el PP--, ha informado la Fiscalía Anticorrupción.

Entre los empresarios imputados está el constructor y tío de Bustos, Garrido Melquíades, que ha defendido que su vinculación al caso responde "sin ninguna duda" al hecho de ser familiar de Bustos.

Según la Fiscalía Anticorrupción, la presunta trama se centraba en que, como condición 'sine qua non' para acceder con ventaja a las adjudicaciones de contratación pública, se pagara un depósito previo mínimo de 12.000 euros -cantidad que podría variar en función del presupuesto de la construcción a ofertar-.

EL 3 POR CIENTO

Este depósito inicial era destinado a un fondo perdido que finalmente presuntamente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados en los hechos, así como el "pacto implícito y apalabrado de un 3% en dinero negro" -una vez acabada la obra- sobre el total del presupuesto final, terminando ese dinero en un despacho de abogados.

En el actual estado de investigación, se desconoce si ese dinero era colocado en cuentas legales, si se repartía o se blanqueaba. Los delitos en los que ha podido incurrir los integrantes de la trama son prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución.

En una comparecencia de prensa en Sabadell tras conocerse su imputación, Bustos -que también ha dejado la Secretaría de Política Municipal del PSC- ha defendido que su gestión ha sido "honesta, transparente y dentro de la ley", añadiendo que, si de la investigación se desprende que algún cargo electo, de confianza o familiar, ha cometido irregularidades, espera que le caiga todo el peso de la Ley.

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