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La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación por los mensajes en los que la abogada de Podemos, Marta Flor, asegura haber tenido acceso a información secreta del caso Villarejo a través de uno de los fiscales de Anticorrupción al que apodaba Ironman. En una nota de prensa, el Ministerio Público indica que "abrirá nuevas actuaciones en orden a comprobar" si, como apuntan las informaciones publicadas en estos días por El Confidencial, los fiscales dieron datos a la formación de Pablo Iglesias de un procedimiento que se encuentra bajo secreto en gran parte.

La Fiscalía recuerda que el 14 de febrero ya incoó un expediente "como consecuencia del escrito presentado por una particular" que pedía que se investigara "la imparcialidad del fiscal encargado del caso Tándem, a la vista de la información ofrecida en diversos medios de comunicación sobre la relación personal existente entre el fiscal y una de las abogadas que intervenían en dicho procedimiento". Un mes después, el 9 de marzo, archivaron el caso "al no tenerse constancia de la existencia de vínculos causantes del deber de abstención del fiscal, cuya inobservancia pudiera ser constitutiva, en su caso, de una infracción disciplinaria".

Tras la publicación de los mensajes de Flor en un chat interno de Podemos, en los que confirma que los fiscales anticorrupción del caso Villarejo filtraron datos confidenciales al partido en momentos clave del procedimiento, el Ministerio Público ha decidido abrir una nueva investigación para "la comprobación de las informaciones publicadas y a los efectos oportunos". Según explican fuentes fiscales a este diario, por el momento se trata de actuaciones gubernativas y no de un expediente disciplinario, pero la situación puede variar en función de lo que salga a la luz.

Como adelantó este viernes El Confidencial, la exletrada de Pablo Iglesias comentó el 5 de noviembre de 2018 a sus compañeros del equipo jurídico de Podemos que uno de los representantes del Ministerio Público le había contado “extraoficialmente, porque está secreto”, que el juez había admitido unas diligencias solicitadas por la formación. De la conversación se deduce que la letrada acababa de reunirse con uno de los fiscales del caso, Ignacio Stampa, al que se refería con el apodo de Ironman. Flor lo conocía desde hacía varios meses, cuando Podemos se incorporó como acusación popular a la investigación del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional sobre las presuntas operaciones ilegales del comisario Villarejo.

Entre los mensajes que la abogada puso en ese chat, destacan también los que compartió en septiembre de 2018, en los que muestra que Podemos se coordinó con los fiscales del caso Villarejo para preparar un escrito de prejudicialidad que suspendiera el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la supuesta cuenta opaca del secretario general del partido en la isla de Granadina. "Que [los fiscales] quieren ayudarnos en esto", llegó a compartir Flor en el grupo de Telegram, refiriéndose así a cómo Iglesias había perdido en abril de 2017 la demanda que planteó contra 'OkDiario' por publicar que había recibido en un banco 'offshore' del Caribe una transferencia de 272.325 dólares del Gobierno de Venezuela.

Otra tanda de mensajes en los que se refleja esa coordinación entre Podemos y los fiscales Anticorrupción se produjo en febrero de 2019, tres semanas antes de se incoara la pieza conocida como Dina en el caso Villarejo. En esta pieza se investiga el robo de un móvil en 2015 a la exasesora de Podemos Dina Bousselham y en cómo su contenido acabó en manos del comisario José Manuel Villarejo, a lo que se sumó la publicación de información que aparcía en este móvil en 'OkDiario'. El 25 de febrero, otro de los abogados de Podemos, Alejandro Gámez, escribió en el chat que una tal “Patricia” le había dicho que las “piezas de Dina y Podemos” ya eran “visibles” en el juzgado. “Me pregunta si le damos permiso para dar la exclusiva”, comentó el abogado. “Creo que si Patricia ya lo sabe, Inda [director de 'OkDiario'] también”, añadió Gámez.

Solo dos minutos después, Flor respondió con una advertencia. “Como publiquen lo de Dina nos arruinan el registro”. “¿Qué registro?”, preguntó Gámez. “El registro a 'OkDiario”, contestó la abogada personal de Iglesias y Bousselham hasta la semana pasada. “Inda sabrá que en la pieza de Dina él está involucrado; con tiempo suficiente para destruir lo que sea”, zanjó. A la vista de estos mensajes en los que queda clara esa connivencia entre Anticorrupción y la abogada de Podemos, la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado ha abierto una nueva investigación para determinar hasta qué punto uno de sus miembros pudo sobrepasar los límites legales.

La Fiscalía filtró un auto secreto a Iglesias: "Ironman nos lo ha dicho extraoficialmente"

Un mensaje publicado por la hasta ahora abogada de Pablo Iglesias en un chat interno de Podemos confirma que los fiscales anticorrupción del caso Villarejo filtraron datos confidenciales al partido en momentos clave del procedimiento. La exletrada del actual vicepresidente segundo del Gobierno Marta Flor comentó a sus compañeros del equipo jurídico de Podemos que uno de los representantes del Ministerio Público le había contado “extraoficialmente, porque está secreto”, que el juez había admitido unas diligencias solicitadas por la formación, según las comunicaciones de un grupo de Telegram a las que ha tenido acceso El Confidencial.

El mensaje fue remitido por Marta Flor a sus compañeros el 5 de noviembre de 2018 a las 10:50 de la mañana. De la conversación se deduce que la letrada acababa de reunirse con uno de los fiscales del caso, Ignacio Stampa, al que se refería con el apodo de Ironman. Flor lo conocía desde hacía varios meses, cuando Podemos se incorporó como acusación popular a la investigación del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional sobre las presuntas operaciones ilegales del comisario Villarejo.

 

Tras la charla, la letrada de Iglesias y Dina Bousselham hasta la semana pasada trasladó al resto de abogados de Podemos el resultado del encuentro en un mensaje precedido por la palabra 'Tándem' escrita en mayúsculas. “Ironman nos ha dicho extraoficialmente (pq está secreto y no nos notificarán) que el Juez ha admitido las diligencias sin concretar nada más, me imagino q se refiere a las que ellos (Fiscales) apoyaron [sic]”.

El párrafo solo ocupó unas líneas, pero fue sumamente preciso. Flor reconoció en su mensaje que había recibido información de Ironman; que la comunicación era extraoficial porque pertenecía a una parte de la causa que estaba secreta; que Podemos no tenía forma de enterarse de la resolución del juez porque no se la iban a notificar por el secreto de sumario, y volvió a subrayar que ellos, es decir, el origen de la revelación, eran los “fiscales”.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso, las actuaciones del caso Villarejo demuestran que las cosas sucedieron, efectivamente, tal y como Marta Flor contó a sus compañeros. El 10 de octubre de 2018, Podemos presentó un escrito en la pieza principal del procedimiento, que entonces se encontraba secreta, para solicitar una batería de medidas. El 23 de octubre, los fiscales Stampa y Miguel Serrano informaron a favor de la práctica de esas diligencias. Una semana después, el 29 de octubre, el instructor del caso dictó una providencia acordando la práctica de las medidas que había pedido la formación. Al día siguiente, la providencia llegó a los fiscales pero no a Podemos, porque la causa estaba secreta. Sin embargo, el 5 de noviembre, Ironman reveló a la abogada de Iglesias que el instructor había aceptado sus diligencias. Otras partes tardaron meses en enterarse.

El episodio acredita que los representantes de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Villarejo proporcionaron información a Podemos y se coordinaron con su equipo jurídico para trazar una estrategia conjunta que luego fue utilizada por el partido con fines políticos, como ha ido desvelando este diario a lo largo de esta semana. Otros mensajes revelan que los fiscales ofrecieron su ayuda a la formación para aplazar la sentencia definitiva del Tribunal Supremo sobre la supuesta cuenta opaca de Iglesias en un banco de la isla de Granadinas.

El chat interno también contiene comunicaciones que probarían que Stampa y Serrano avisaron a los abogados de Podemos de que tenían previsto solicitar el registro de la sede de 'OkDiario' por la publicación del contenido de un móvil robado a Dina Bousselham, exasesora de Iglesias y actual directora del digital 'La Última Hora'. La filtración del registro en el medio de comunicación se habría producido en febrero de 2019, antes incluso de que fuera abierta la pieza sobre el teléfono de Bousselham.

Sobre esa misma pieza separada también constan mensajes que demuestran que los fiscales dejaron en manos de Podemos la personación de otros dirigentes y militantes del partido que pudieran haberse sentido perjudicados por la difusión del contenido del móvil de Bousselham. La formación optó por presentar a Iglesias como única víctima, además de la propia Bousselham, para que toda la atención mediática se centrara en el socio de gobierno de Pedro Sánchez y pudiera presentarse como un mártir de las supuestas cloacas del Estado en plena campaña de las elecciones generales de abril de 2019. Incomprensiblemente, el Ministerio Público no tomó ninguna medida para ofrecer acciones legales a otros presuntos damnificados por el robo del teléfono.

La pieza ha dado un vuelco en las últimas semanas. El instructor del caso, Manuel García-Castellón, ha retirado a Iglesias la condición de víctima tras descubrir que recibió una copia de la tarjeta de memoria del móvil en enero de 2016 y no entregó los datos a su legítima propietaria al menos hasta cinco meses después. Además, en el momento de la entrega, el soporte informático estaba parcialmente quemado.

El juez ha dejado al secretario general de Podemos al borde de una doble imputación en el Tribunal Supremo por los delitos de revelación de secretos y daños informáticos, a pesar de lo que el juez interpreta como intentos de Anticorrupción por exculparlo. El magistrado pidió la semana pasada a Bousselham que nombrara otra abogada porque no podía compartir defensa con Iglesias. Ha sido el vicepresidente segundo del Ejecutivo quien ha optado por prescindir de Flor en esta causa, tras las revelaciones de este diario. Su último recurso ya lo ha firmado un nuevo abogado.

El 'pucherazo' en las primarias de Podemos implica a una edil vinculada a otros "fraudes"

El ordenador que votó 13 veces en las primarias de Podemos en La Rioja, y que está en el centro de la polémica por las sospechas de pucherazo, implica a una concejal de partido que desde 2015 ha resultado involucrada en al menos otros dos presuntos casos de fraude electoral. La edil Amaia Castro formaba parte de dos candidaturas (2015 y 2018) en las que también se detectaron situaciones sospechosas, una de ellas condenada por el propio partido Podemos, como desvela hoy Vozpópuli. Castro es una de los dos ediles de Podemos en Logroño sobre cuyos votos se apoya el PSOE.

El nombre de Castro aparece entre los 13 votos que salieron de una misma conexión IP en las primarias de Podemos en La Rioja. El organismo de fiscalización del partido detectó que la semana pasada se registraron desde un mismo terminal varias preferencias y cuando intentó confirmar la autenticidad de esos votos, solo pudo con la mitad de ellos (uno de los encuestados dijo incluso no saber que se celebraban primarias).

Entre las personas que contestaron a la llamada del organismo Antifraude de Podemos se encontró Amaia Castro. Esta dirigente es una edil de Podemos en Logroño y persona vinculada a la ganadora de las primarias Arancha Carrero, respaldada por Pablo Iglesias. Sin embargo, el nombre de Castro ha levantado todo tipo de sospechas entre los perdedores, puesto que la votación acabó con una victoria muy reñida (con una diferencia de tan solo 17 votos) y porque su nombre es conocido en los círculos de Podemos en la región por otros casos cuestionados.

Infracción de protección de datos

Castro estuvo al mando de un grupo de apoderados que en 2015 estuvo en el centro de otra polémica. La dirección de Podemos descubrió que esos apoderados conservaban los datos del censo de afines para las elecciones generales de ese año. La ley obliga a destruir ese archivo 15 días después de la votación, pero evitaron hacerlo. Ante una imposible grave infracción de protección de datos, el partido decidió echar a sus colaboradores. La polémica no afectó, sin embargo, a Castro, que trabajaba con ellos.

Tres años después, la edil fue implicada en otro asunto sospechoso. Se votaban las primarias para el Ayuntamiento y varios afiliados denunciaron un “fraude electoral” en el proceso de votación para los candidatos autonómicos y municipales. En ese caso se trató de una supuesta vulneración del reglamento interno. Según la tesis de la acusación, miembros de la lista Sumamos por La Rioja, en la que estaba Castro, pedían a través de aplicaciones de mensajería instantánea datos personales a los afiliados.

"No fijo la vitamina B12"

La recopilación de esos datos se justificaba con que servían para avalar las candidaturas. Sin embargo, el plazo de las mismas había acabado, así que se sospechó de que el objetivo era recopilar datos para votar en nombre de terceros. Hubo un escándalo en la región, que obligó a una de las autoras de los mensajes en las redes sociales a dar explicaciones. La responsable afirmó: “No fijo la vitamina B12, importante para el equilibrio y la memoria, y con mi despiste natural no me entero de nada”.

Si bien quedó implícitamente reconocida la irregularidad, la dirección nacional esa vez no tomó ninguna medida. Dejó que Castro, que formaba parte también esa vez de la candidatura ganadora, pudiera presentarse en nombre de Podemos y convertirse en edil. Ahora es una de los dos concejales de los morados en el pleno de la ciudad riojana.

Es por ello que cuando los equipos que perdieron las primarias vieron el nombre de Castro se enfurecieron. La importancia de esta edil también atañe al hecho de que el PSOE gobierna la ciudad de Logroño gracias a los votos de Podemos. Con los dos concejales morados, los socialistas tienen mayoría absoluta en el pleno municipal y fuentes de Podemos aseguran que son claves para el Ejecutivo local.

Denuncia en los tribunales

El embrollo riojano amenaza ahora con acabar en los tribunales. Fuentes del partido morado aseguran que existen sectores interesados en que sean los juzgados que aclaren el asunto ante la inacción del partido y en nombre de la “máxima transparencia”.

La dirección nacional de Podemos de momento guarda silencio. Aunque en el partido aseguran que están maniobrando para evitar que la polémica acabe en un problema de mayores proporciones. Desde el partido no obstante aseguran que habrá batalla. Y que muy probablemente se extenderá a Cataluña y Andalucía, donde también hay sectores que estudian presentar sus denuncias.

Fuente: El Confidencial, Vozpopuli

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