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En las enfermerías de las grandes plazas de toros de España, incluso en aquellas en las que hacía años que no se celebraban corridas, había respiradores que, a día de hoy, han sido en muchos casos entregados a hospitales. Incluso en la de La Arena, en Arnedo (14.800 habitantes, La Rioja), había dos aparatos de ventilación mecánica en perfecto estado cuando la pandemia empezó a azotar España.

Esos respiradores, junto con los que poseen las clínicas veterinarias, odontológicas, estéticas, deberían de haber estado incluidos desde hace tres años en un exhaustivo catálogo —en realidad, una base de datos— de recursos humanos y de medios naturales disponibles en España para hacer frente a crisis sanitarias. Una ley hubiera después tenido que precisar cómo el Gobierno podría movilizar esos recursos. De haber sido así, el Ministerio de Sanidad no tendría que haber ido a salto de mata, desde hace 25 días, desenterrando recursos sanitarios a veces sepultados por el olvido. A día de hoy, la ley y el catálogo no existen.

El Partido Popular y el PSOE votaron, en septiembre de 2015, la Ley de Seguridad Nacional, cuyo ámbito abarca la sanidad, incluidos los medicamentos y productos sanitarios. En su artículo 28, estipulaba que las comunidades autónomas deberían elaborar “catálogos de recursos en base a sus propias competencias” y facilitárselos al Gobierno.

La disposición final tercera de dicha ley comprometía al Gobierno de Mariano Rajoy a elaborar y remitir al Congreso de los Diputados “en el plazo de un año”, es decir, no más tarde de septiembre de 2016, “un proyecto de ley reguladora de la preparación y disposición de la contribución de recursos a la Seguridad Nacional”. Esa nueva ley debía, en realidad, precisar cómo y en qué circunstancias se podrían movilizar esos recursos.

Nada de eso se hizo en España. La cascada de elecciones generales entre diciembre de 2015 y noviembre de 2019 explica, en parte, la inexistencia de la ley y su catálogo, pero también el deseo de los gobiernos de turno de evitar roces con los nacionalistas vascos y catalanes, que facilitaron las dos investiduras de Pedro Sánchez como en su día el PNV permitió la aprobación de los últimos Presupuestos de Mariano Rajoy. En 2015, los nacionalistas se opusieron a la Ley de Seguridad Nacional.

En España, la configuración del Estado en autonomías ha sido un obstáculo para desarrollar la Ley de Seguridad Nacional. No ha sido así en otros países occidentales, incluso en Estados de marcado carácter federal. Canadá aprobó, por ejemplo, la suya (Ley de Movilización de Recursos Nacionales) en junio de 1940, unos meses después de su entrada en la II Guerra Mundial. Aunque sirvió para la guerra, la ley no era estrictamente militar.

El Ministerio de Sanidad español ha tenido que improvisar contrarreloj a partir de la entrada en vigor, el 14 de marzo, del real decreto sobre el estado de alarma. Con tan solo 1.044 trabajadores, es el más pequeño de los ministerios. De él dependen seis organismos autónomos con unos 4.600 trabajadores, la mayoría pertenecientes al Ingesa, que administra los hospitales de Ceuta y Melilla. Los profesionales sanitarios al servicio de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid multiplican por 14 los efectivos de Sanidad.

Para reforzar su equipo un tanto esquelético, el ministro, Salvador Illa, ha echado mano de algunos de sus funcionarios adscritos a esos organismos autónomos, así como de otros expertos con experiencia en gestión sanitaria, pero contratados por ONG españolas o extranjeras.

A marchas forzadas, Sanidad ha elaborado una base de datos en que las comunidades autónomas y también los hospitales deben ahora volcar la información epidemiológica, fallecimientos y altas médicas, capacidad asistencial general y en unidades de cuidados intensivos —incluido el número de respiradores—, necesidades de recursos humanos y materiales, 'stocks' farmacéuticos, etcétera.

Para garantizar la colaboración de los que poseen todos esos datos y asegurar así “la eficiencia en la gestión de la crisis”, Sanidad publicó, el 15 de marzo, una orden de obligado cumplimiento en el Boletín Oficial del Estado que amplió seis días después.

Dieciocho días después de su publicación, su aplicación sigue dejando que desear. “Hay unos pocos hospitales que no colaboran”, comenta una fuente conocedora del funcionamiento de la base de datos instalada en los sótanos del Ministerio de Sanidad. “Sospechamos que no lo hacen porque están desbordados y no andan escasos de nada”, añade, pero rehúsa precisar cuáles son esos centros hospitalarios. “Hay también autonomías que arrastran un poco los pies”, concluye.

El equipo de Illa se ha quedado además sorprendido por algunos anuncios públicos de presidentes o consejeros de Sanidad autonómicos sobre material de protección o camas en UCI que ponían generosamente a disposición de otras regiones. Esas ofertas grandilocuentes no siempre habían sido trasladadas a la base de datos del ministerio.

El segundo problema a la hora de alimentar el ordenador es la falta de homologación de los datos. Al hacer el recuento de los enfermos más graves, la Comunidad de Madrid tiene un criterio dispar a los del País Vaso y Castilla y León, mientras que el de Castilla-La Mancha se situaba a mitad de camino. Poco a poco, sin embargo, los criterios se van aproximando.

Entre las prioridades a corto plazo de la etapa de poscrisis están, en lo concerniente a Sanidad, reforzar el ministerio y tramitar en las Cortes esa ley de movilización de los recursos disponibles para apuntalar la seguridad nacional, que lleva tres años largos de retraso. “Conocer, por ejemplo, los recursos humanos, el número de médicos y su especialidad, no significa que se les quiere poner a todos un uniforme militar sino movilizarlos más eficazmente en caso de pandemia o de catástrofe natural”, aseguran en Sanidad.

El Gobierno admite que faltan kit de extracción para hacer más test de coronavirus

El giro del Gobierno en la crisis por el coronavirus contempla ahora aumentar al máximo la realización de pruebas diagnósticas. Esta promesa de «test masivos», verbalizada por Sanidad estos días, implica aumentar al máximo la realización de PCR y test rápidos. Un promesa que puede verse truncada por la falta de material: hay escasez de kits de extracción y de hisopos, dos elementos claves para poder hacer las PCR, una prueba mucho más fiable que los test rápidos que ahora está comprando el Gobierno para determinar si alguien es positivo en Covid-19. Dan un diagnóstico clínico inequívoco.

Las cuatro empresas que desde que se decretó el estado de alarma producen pruebas PCR para el Gobierno coinciden todas ellas en la posibilidad de duplicar o, incluso triplicar, su producción, pero señalan que el problema está en el desabastecimiento de los kits de extracción de ARN -proceso con reactivos que se realiza en el laboratorio- y de hisopos -el bastoncillo para recoger la muestra del paciente-. Tanto fabricantes de PCR como profesionales que trabajan en laboratorios señalan que hay «mucho problema» con estos materiales. «No basta sólo con fabricar las pruebas de PCR».

El proceso para realizar una prueba de PCR es, primero, un kit de extracción para tomar la muestra del paciente y su conservación hasta su llegada al laboratorio; una vez allí se precisa de un kit de extracción de ARN; y, por último, un reactivo que active la reacción necesaria.

El problema con los kits de extracción de ARN es que en España no hay empresas que los fabriquen. Por tanto, hay que importar, acudir al mercado internacional para comprar, algo que están haciendo todos los países del mundo. Eso provoca que la demanda sea mucho mayor que la oferta. Sólo algunos laboratorios que actuaron con previsión e hicieron acopio cuentan con stock.

Ante la carencia de estos kits, el Instituto de Salud Carlos III está trabajando actualmente con dos empresas para fabricar en España los kits de extracción e intentar así paliar esta carencia.

El propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha tenido que reconocer que estos kits de extracción son el «cuello de botella» para poder disponer de más PCR.

En cuanto a los hisopos, sí se fabrican en España, pero las fuentes consultadas por este diario explican que la demandan está sobrepasando la oferta que había.

En este plan de aumentar la realización de pruebas de PCR, el Gobierno contempla ahora también hacer este test antes de la autopsia a fallecidos con o sin síntomas respiratorios para verificar si la persona estaba infectada, ya que si el resultado es positivo no se aconseja realizar este procedimiento por el riesgo biológico de contagio para los profesionales y de propagación del virus, según se recoge en la actualización del protocolo Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de Covid-19.

A la falta de materiales para poder hacer pruebas de PCR se suma, por ejemplo, la circunstancia de que España empezara a hacer acopio de estos test solamente tras decretar el estado de alarma, el 15 de marzo, cuando en España hay empresas que las fabrican desde principios de años -a raíz de la situación en China- y que ante la falta de petición por parte del Gobierno, volcaron su negocio fundamentalmente en la exportación. Y ello, pese a que la OMS advertía a los países desde el pasado 12 de febrero de la necesidad de prepararse para «hacer test a gran escala» y para que, en caso de contagio generalizado, activaran un plan de emergencia, previamente planificado, para hacer el mayor número posible de test a los casos sospechosos de estar contagiados.

El Gobierno no vio necesario ayer hacer valoraciones sobre si pudo hacer más antes de declarar el estado de alarma para afrontar la crisis sanitaria del coronavirus. Se escuda en que no sirve de nada hacer «análisis retrospectivos» y que aunque a todas las Administraciones les compete ver cómo se mejora, carece de sentido preguntarse si se ha acertado o no porque la información de ahora es más completa.

«Se tomaron decisiones con la información que tenemos en cada momento», dijo María Jesús Montero, portavoz del Gobierno. «Cualquier cuestión previa al estado de alarma son ejercicios teóricos que no se corresponden con la realidad».

Otro empresario denuncia al Gobierno: «Tengo un stock de 130.000 test PCR que no nos ha pedido aún»

El empresario Antonio Martínez Murcia, CEO de Genetic PCR Solutions ubicada en Elche (Alicante), ha denunciado que cuenta con 130.000 test para detectar el coronavirus en sus almacenes y que se encuentran «intervenidos» a la espera de que se lo pidan.

Genetic PCR Solutions lleva desde el pasado mes de enero distribuyendo kits para detectar el coronavirus a los hospitales y centros sanitarios que lo necesitan. «Nuestros test tienen una fiabilidad del 100%», ha asegurado Martínez Murcia en una entrevista concedida este miércoles a ‘El Programa de Ana Rosa’. El también profesor de microbiología ha destacado también que «podemos fabricar un mínimo de 50.000 test a la semana y queremos llegar a producir 100.000 test a la semana».

«Tenemos en stock 130.000 test PCR que están intervenidos y que no nos han pedido aún», ha denunciado el CEO de Genetic PCR Solutions. Antonio Martínez Murcia también ha revelado que el Gobierno no intervino los test para detectar el coronavirus hasta el pasado 14 de marzo, día en el que se decretó el estado de alarma, pese a la demanda de los profesionales sanitarios. «El stock está intervenido. Desde de que se declaró el estado alarma todos los test se quedan en nuestro país porque se han intervenido las empresas, pero hasta el 16 de marzo estuvimos sirviendo pruebas fuera», ha añadido.

Los test que ofrece esta empresa están validados por el Instituto de Salud Carlos III y están basados «en la secuencia específica del virus y es totalmente fiable para hacer un diagnóstico clínico».

El Gobierno de Pedro Sánchez prepara un plan posterior al levantamiento del estado de alarma en el que se realizarán «test masivos a la población» a través de un muestreo de la misma. Sin embargo, Antonio Martínez Murcia ha afirmado que el Ejecutivo no hará uso de los test que ofrece su empresa.

«El Gobierno va a utilizar un test inmunológico en la población. Van a tratar de averiguar quién ha estado en contacto con el virus, quién tiene anticuerpos, quién es exportador asintomático y quién es potencial transmisor del virus. En una población de 45 millones de personas, un muestreo de 60.000 personas puede ser poco, pero los estadísticos esto lo tienen controlado», ha señalado.

«The New York Times» critica al Gobierno de Sánchez por ignorar los indicios de la llegada de la epidemia

«The New York Times», a través de su corresponsal en España y Portugal, Raphael Minder, dedica parte de su portada digital a un reportaje sobre la gestión del Gobierno de Sánchez ante la pandemia de coronavirus, titulando que, la crisis, en territorio español, «se aceleró por la falta de atención a las advertencias».

En el texto, el periódico progresista estadounidense critica que la epidemia española «se ha convertido en un doloroso ejemplo de la tendencia de un gobierno tras otro a ignorar las experiencias de los países donde el virus ya ha atacado».

Minder recuerda el caso, a finales de enero, del turista alemán que se convirtió en el primer paciente con Covid-19 en España y que, «incluso cuando surgieron más casos, las autoridades españolas continuaron insistiendo en que el coronavirus estaba siendo importado».

«Como la mayoría de las naciones, las autoridades españolas inicialmente trataron el virus como una amenaza externa, en lugar de considerar que su país podría ser el próximo en caer».

El análisis del medio estadounidense también se hace eco de las críticas a Pedro Sánchez y su Gobierno por no prohibir a tiempo las reuniones masivas, como fue el caso del 8-M y por no haber almacenado equipo médico en previsión del aumento de casos de coronavirus, especialmente en un país cercano como Italia.

El corresponsal de «The New York Times» añade, además, que «la respuesta del Gobierno al virus se complicó por la naturaleza difusa del sistema político español, en el que los 17 gobiernos autonómicos del país fueron adquiriendo progresivamente más autonomía, incluyendo la gestión de los hospitales».

«Frágil coalición» y «sanitarios kamikazes»

Antes de la valoración de expertos sobre la situación, el texto hace énfasis en que, de cara a la correcta gestión de la pandemia, «tampoco ayudó el hecho de que la emergencia se impusiera a un nuevo y frágil gobierno de coalición».

«Los socios de la coalición discutieron sobre la cantidad de apoyo financiero que España podría permitirse dar a los que se quedaban ociosos si se les ordenaba quedarse en casa. Cuando Sánchez declaró el cierre nacional, varios políticos regionales ya habían anunciado sus propias medidas represivas».

No es la primera crítica que el medio estadounidense dedica a España por la crisis del coronavirus. Hace unos días fue tendencia en Twitter un artículo dedicado a los sanitarios españoles que combaten día a día el coronavirus, a los que calificaba de «kamikazes» por seguir trabajando pese a la falta de equipos de protección.

Sánchez también ha requisado las fundas con las que se envuelve a los fallecidos por coronavirus

 

Los cadáveres en el pasillo de la sala mortuoria de hospital Príncipe de Asturias.

El Gobierno de Pedro Sánchez también ha confiscado las fundas en los que se colocan los cuerpos de los fallecidos por coronavirus, denominados sacos estancos. De este hecho se quejan tanto desde los centros sanitarios como desde las empresas funerarias.

Los sacos estancos son fundas impermeables con filtros para gases y líquidos que son sellados por una cremallera y un producto adhesivo. Dado el alto número de fallecidos en los últimos días, los hospitales se han quedado sin ellos y están sustituyéndolos por sudarios. La diferencia entre ambas fundas radica, principalmente, en el material del que están fabricados. Mientras que el primero no es transpirable, el segundo sí.

Al confiscamiento de este tipo de fundas por parte del Gobierno hay que sumarle también el de mascarillas, guantes y test, que desde hace semanas ya no están a la venta. El Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 11 de marzo publicó un Decreto Ley que abría la puerta a que la administración pudiera requisar determinados productos para hacer frente al coronavirus.

A pesar de que hospitales como el de Alcalá de Henares de Madrid no cuenta con este tipo de fundas homologadas para envolver a los fallecidos, el Ministerio de Sanidad dice que su uso es obligatorio en el recién publicado ‘Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de Covid-19’, cuya última actualización está fechada el pasado 6 de abril.

“El cadáver debe introducirse en una bolsa sanitaria estanca biodegradable y de traslado, que reúna las características técnicas sanitarias de resistencia a la presión de los gases en su interior, estanqueidad e impermeabilidad, tal y como está establecido en la Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria”, dice dicho documento.

El dossier, firmado también por la Sociedad Española de Anatomía Patológica, explica que no deben de realizarse autopsias a fallecidos por el Covid-19 como consecuencia del riesgo que existe de que se contagien los médicos forenses. “Se recomienda no realizar por el riesgo biológico de contagio para los ejecutores de la misma y por el riesgo de propagación del virus”, explica.

Las imágenes que hoy revela OKDIARIO recuerdan a las vistas durante los últimos días en Estados Unidos, que se está planteando habilitar algunos parques de la ciudad como cementerios provisionales, ya que las funerarias y las morgues americanas tampoco dan abasto.

En dichas instantáneas, al igual que en las del hospital Príncipe de Asturias, se observa cómo hay hospitales en los que, por falta de espacio, los cuerpos de los fallecidos por coronavirus están apilados en el suelo envueltos en fundas de color negro.

Alcaldes de Cataluña piden ayuda al Ejército por la ineficiencia de la Generalitat

Al menos dos alcaldes y la dirección de una residencia de ancianos de Cataluña han reclamado la presencia del Ejército para vencer al Covid-19, después de que la Generalitat les enviase empresas privadas, que no habrían realizado correctamente la labor de desinfección por la que el gobierno catalán les contrató. Se trata de los municipios de Sabadell (Barcelona) y Alcarrás (Lérida) y la residencia Palau Franqueses (en las Franqueses del Vallés, en la provincia de Barcelona).

En los tres casos, la Generalitat, a través de la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, decidió que las tareas de desinfección -en Sabadell, en la residencia Santa Rita y en Alcarrás, en la San Sebastián- las llevasen a cabo empresas privadas. Sin embargo, tras este trabajo, con cargo al erario público autonómico, tanto los alcaldes de las dos poblaciones como la dirección de la residencia de las Franqueses del Vallés remitieron, otra vez, cartas al Gobierno para que les enviasen urgentemente el Ejército debido a que la desinfección de coronavirus de las empresas contratadas por la Generalitat fue «absolutamente insuficiente».

Indignación

En la misiva dirigida al Gobierno que firma Marta Farrés (PSC), alcaldesa de Sabadell, se indica que la directora de la residencia Santa Rita -con 13 positivos y 9 muertos por Covid-19- se puso en contacto con ella el 1 de abril para mostrar «su indignación con la desinfección producida» el día anterior, «que no se alargó más de una hora para realizar 2.000 metros cuadrados de superficie». Por ello, Farrés ruega al Ejecutivo que le envíe la Unidad Militar de Emergencias (UME) «para realizar una desinfección profunda y efectiva».

De una manera similar se manifiesta el alcalde de Alcarrás, Manel Ezquerra (de una formación local, que gobierna con JpC). En su caso, la residencia San Sebastián -con 17 empleados de baja y dos residentes con «sintomatología sospechosa» de Covid-19- recibió la presencia de dos personas durante cinco horas para desinfectar un edificio que da cabida a 197 ancianos de la localidad ilerdense (más 150 trabajadores). Una operación de limpieza, ordenada por la Generalitat, totalmente superficial y ante la que Ezquerra muestra su «preocupación» en la carta (fechada el 2 de abril, como la de Farrés), a la que ha tenido acceso ABC.

Ayer, 24 militares de la Brigada Aragón I del Ejército de Tierra, con sede en Zaragoza, desinfectaron la residencia -la más grande de la provincia de Lérida- durante la mañana. Los militares fueron recibidos con aplausos por el personal de la residencia y los internos. Además, los militares aprovecharon el viaje y, tras la petición del alcalde, se desinfectaron dos salas del centro de salud de la población.

Una situación parecida se dio en la residencia Palau Franqueses, tal y como avanzó ABC. La petición al Ejército la hizo la dirección debido a que, el viernes, la empresa contratada no entró en las habitaciones y solo «limpió» los pasillos. El domingo, la UME desinfectó el centro.

Estos ejemplos ponen de manifiesto, no solo la descoordinación entre el Ejército y la Generalitat, tal y como ayer informó este diario, sino también la ineficiencia de la dirección que lleva a cabo la Consejería, que centraliza las peticiones de desinfección y contrata las empresas para una tarea que realiza, sin queja alguna, el Ejército. Fuentes de la Consejería, a preguntas de ABC, se remitieron ayer a que el Ejército realiza limpiezas que no informa. Pero, en todos los casos, la actuación de los militares cuenta con la autorización de la Generalitat.

Guardia Civil

Ante el colapso de los hospitales, algunos ayuntamientos habilitaron espacios municipales alternativos como alojamiento. Así fue en San Andrés de la Barca, municipio que pidió ayuda a la Guardia Civil para convertir un pabellón en un hospital de campaña para enfermos de coronavirus.

Siguiendo las indicaciones de Médicos sin Fronteras, la Benemérita habilitó el espacio con 140 camas, a las que, en esta localidad, se unen otras 47 plazas de un hotel. Hace dos semanas, el alcalde, Enric Llorca (PSC), las puso al servicio de la Consejería de Salud, pero siguen sin usarse. La Generalitat dice que lo hará «cuando sea necesario». El Ayuntamiento, que admite «diferencias» con la Consejería, recuerda el «colapso que sufre» el Hospital de Martorell, el más cercano.

"Ha sido heroica": El jefe de la misión de la OMS a España alaba la respuesta de este país ante la crisis del coronavirus

El epidemiólogo Bruce Aylward, que lideró la misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a España, destacó este miércoles la rápida propagación del coronavirus en este país y calificó de "heroica" la respuesta española.

"Ha sido heroica, una respuesta fuerte e innovadora", dijo Aylward durante una rueda de prensa virtual. El doctor pasó ocho días en España y visitó Madrid, Barcelona y Toledo.

El responsable del grupo de epidemias y emergencias sanitarias de la OMS alabó "el trabajo innovador que hacen los que se encuentran en primera línea", y reconoció que le llamó la atención "la velocidad de la propagación" del coronavirus.

En este sentido, Aylward explicó que el país pasó de registrar dos o tres casos diarios el 27 de febrero a confirmar 500 por día dos semanas más tarde.

"Estamos en una guerra"

Asimismo, habló del "fantástico trabajo" en el impacto de movilidad y la puesta en marcha de las medidas de confinamiento, e hizo especial hincapié en "la fuerte colaboración de la población".

"No quiero usar la palabra optimismo, porque estamos ante tal devastación y destrucción, pero hay esperanza y evidencias de que el confinamiento está desacelerando [la propagación del virus] y esto es el resultado de unas medidas extraordinarias", comentó.

Por último, Aylwar subrayó que "estamos en una guerra" y se debe hacer todo lo posible para "recuperar la normalidad, o una nueva normalidad".

La polémica de las cifras de fallecidos: No, no hay 14.000 muertos por Covid sino muchos más

La pregunta es tan sencilla como fundamental: ¿cuánta gente ha muerto por coronavirus en España? Oficialmente, según los datos del Ministerio de Sanidad, había 13.798 fallecidos a las ocho de la tarde del lunes. Pero no cuadra. Aunque parezca increíble, no pueden ser tan pocos. Tienen que ser más. Son más.

Funerarios, comunidades, alcaldes, jueces y hasta párrocos han dado pruebas de que las cifras dejaban a mucha gente fuera porque a un gran número fallecidos no se les ha hecho ningún test. El Ministerio de Justicia ha pedido a todos los registros civiles el dato actualizado ante el atasco que sufren y que les impide llevar al día el número de permisos de enterramiento. Incluso informes del Ministerio de Sanidad advertían de ese decalaje.

Sin embargo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, preguntado en rueda de prensa por la poca fiabilidad de la estadística de muertes, se aferró al dato oficial: "Quien se muere y ha dado positivo en Covid-19 es una víctima del coronavirus", replicó el ministro al ser cuestionado en varias ocasiones por los periodistas por este tema. "Es un tema muy serio, no jugamos a engañarnos a nosotros mismos". Según el ministro, España es de los países “más exigentes” al contar sus muertos. Y sin embargo, faltan.

¿Cómo cuenta los muertos por coronavirus el Ministerio de Sanidad?

Cuando Sanidad tomó el mando único a raíz del decreto del estado de alarma, ordenó a las comunidades notificar los casos de fallecidos confirmados por Covid-19. Las comunidades han dato datos no homogéneos en otras categorías, pero en esto hay poco margen. Como apenas se realizan test en España a asintomáticos o con síntomas débiles y no hay manos para tantas autopsias, muchos casos sospechosos o fallecidos fuera de los hospitales no han entrado en el recuento, al no haberles sido realizada la prueba PRC para determinar si eran positivos o negativos en coronavirus.

¿Por qué sabemos que hay más?

Aparte del sentido común, hay muchas fuentes oficiales que desmienten los datos de Sanidad. Recapitulemos. En Soria, hasta el 31 de marzo, habían muerto 99 personas más que la media de marzo de los tres años anteriores. Sin embargo, solo había 44 muertos declarados por Covid-19. Este mismo contraste se observa en las provincias de Valladolid, Salamanca, Ávila y Segovia. El alcalde de Igualada, la ciudad más golpeada por el Covid en Cataluña, afirmó hace una semana que no había 75 muertos como decía la Generalitat sino el doble. Párrocos y funerarias se han sumado a la queja de que en sus zonas había más muertos de los declarados.

Podrían ser visiones sesgadas y parciales. Pero los jueces han empezado a advertir de lo mismo. El primero en hacerlo fue el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que pidió a todos los jueces los datos de marzo. Según su recuento, en marzo hubo en la comunidad 1.921 muertos por Covid o sospechosos, el triple de los declarados de manera oficial.

El TSJ de Madrid también dio el martes su recuento. Según este, los jueces de la región firmaron 9.007 licencias de enterramiento en los 15 primeros días del estado de alarma. Oficialmente, en Madrid ha habido 5.371 muertos por Covid.

¿Hace otro recuento el ministerio?

El propio Ministerio de Sanidad, a través del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, tiene un informe diario que recoge el desfase. Se trata del sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo). Pensado para calcular las muertes durante olas de calor, incluye todos los fallecimientos anotados por los registros civiles, independientemente de su causa, y los compara con los esperables según la media histórica de los últimos 11 años para el mismo día. Si esta cifra supera los valores habituales para esta época del año, entonces se habla de un exceso de mortalidad, aunque estos informes nunca hacen alusión a una posible causa. No obstante, en la situación actual, es indudable que este exceso está motivado por el coronavirus.

Según el último informe, entre el 17 de marzo y el 6 de abril, la mortalidad subió un 51% respecto al valor esperado. Eso da un exceso de 12.000 fallecidos, que se aproxima bastante al dato oficial. Pero tiene truco. El propio informe MoMo advierte de que bebe de los registros civiles y que estos van con retraso. “En el momento actual, observamos un retraso en la notificación de defunciones en los registros civiles de varias comunidades autónomas, siendo notable en La Rioja”. Por esta razón, los excesos de mortalidad detectados por el sistema MoMo tienen un “carácter provisional” que cambia con cada informe diario: en apenas dos semanas, se ha pasado de un exceso del 13% al 51% a medida que se van incorporando nuevas defunciones procedentes de los atascados registros civiles.

El principal problema de este recuento es que los registros civiles están colapsados. El martes, en un registro de Madrid, una funcionaria miraba Facebook. Interrumpida desde la ventana, explicaba a este diario que no sabía el número de fallecidos. “Estamos en servicios esenciales y hay muchos atrasados”. Los medios de los registros dependen de las comunidades autónomas aunque responden al ministerio. Muchos están colapsados y otros no están ni conectados informáticamente como consecuencia del teletrabajo: por cuestiones de seguridad, el acceso a estas bases de datos personales está limitado a determinadas conexiones de internet. Por eso, Justicia les ha pedido que actualicen las cifras. Los registros tienen un horario de nueve de la mañana a dos de la tarde. Ahora se ha ampliado a los siete días de la semana, mañana y tarde, aunque solo para funciones esenciales.

¿Quiere esto decir que toda la diferencia entre las cifras oficiales y el exceso de mortalidad vislumbrado en los registros son fallecidos de coronavirus no contabilizados?

No. Es verdad que puede haber casos de fallecidos por coronavirus no diagnosticados al no haberles sido realizada una prueba PCR, cuyo positivo es una condición imprescindible para que el Ministerio de Sanidad los incluya en la estadística oficial, pero también es cierto que puede haber fallecidos sin Covid-19 que hayan muerto por culpa del coronavirus. Es el caso, por ejemplo, de pacientes que no hayan recibido una atención sanitaria normal debido a la mayor actividad médica provocada por el Covid o de otros que no hayan acudido a Urgencias ante una dolencia crítica por temor al contagio del coronavirus. En este caso, estaríamos hablando de muertes indirectas.

Piensen en una guerra. Los soldados caídos en combate y la población civil víctima de los bombardeos serían las muertes directas. Pero también puede haber personas que vivan a cientos de kilómetros del frente de batalla que mueran de hambre por el bloqueo de suministros o de enfermedades por las penosas condiciones de salubridad derivadas de la guerra.

¿En otros países también se están viendo estas diferencias entre las cifras oficiales y las estadísticas registrales?

Sí. En Italia, por ejemplo, los registros administrativos de varias localidades indicaban que había cuatro veces más muertos que los recogidos en las cifras oficiales. En Reino Unido, la última semana de marzo hubo 1.000 fallecidos más que en la media de los cinco últimos años, cuando las cifras oficiales de muertos por coronavirus hablaban de 539. Y en Estados Unidos, el propio Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) admitía una “infraestimación” de las muertes oficiales por Covid en el país.

¿Cuándo se sabrá exactamente cuánta gente ha fallecido por el coronavirus?

Cuando se disipe la niebla de la pandemia. El Instituto Nacional de Estadística recoge los datos de todos los registros civiles y publica las estadísticas demográficas un año después. Es decir, que si el Gobierno y las comunidades no logran desatascar los registros y deciden no adelantar la publicación de estos datos —como sí han hecho Castilla y León o Reino Unido por la excepcionalidad de la situación—, la foto precisa no estará hasta 2021. Es lo que ocurrió con la ola gran de calor de 2003. No había un instrumento para medir la mortalidad, que se disparó por muchas causas, y hasta el año siguiente no se pudo ver que hubo un exceso de 13.000 muertes. Un artículo publicado en 'The Atlantic' hace mención del número de víctimas provocado por el paso del huracán María por Puerto Rico en septiembre de 2017: las primeras cifras oficiales daban un total de 64 muertos, pero un estudio de la Universidad de Harvard publicado 10 meses más tarde elevaba la cifra a más de 4.600.

“Va a variar de país a país. Cuando los nuevos casos sean muy, muy pequeños —uno nuevo a la semana—, entonces se podrá ir hacia atrás y ver lo que ha ocurrido. Pero hasta que las cifras se estabilicen, es un objetivo en constante movimiento”, asegura John Mutter, profesor de Ciencias Ambientales en la Universidad de Columbia, en la entrevista de la revista estadounidense.

Lo que revelan los datos del 7 de abril: hemos superado el pico, pero algo pasa en Cataluña

Estos días se cumple un mes desde aquel polémico fin de semana en el que todo estalló y ahora en España todo el mundo sabe ya lo que es el 'efecto fin de semana'. La infranotificación registrada durante el sábado y el domingo, unida a los test realizados a los trabajadores esenciales el lunes, suele producir un repunte de las cifras con respecto a los días anteriores, y eso ha sido exactamente lo que ha ocurrido hoy también.

Los 743 nuevos fallecimientos registrados hoy suponen una subida con respecto a dos días atrás, sin embargo, mirado con más perspectiva, habría que remontarse 12 días, hasta el 27 de marzo, para encontrar una cifra similar (769), lo que podría interpretarse —con mucha cautela— como que ya estamos al otro lado de ese pico de muertes que alcanzó su cenit los días 2 y 3 de abril.

Con los nuevos casos registrados, pasa lo mismo. Los 5.478 de hoy suponen un aumento con respecto a ayer, pero habría que remontarse hasta el 23 de marzo para encontrar una cifra similar. Algunas comunidades están creciendo ya a una tasa de alrededor del 1%, lo que es una noticia fantástica después de la que ha sido sin duda la peor semana de la epidemia en cuanto a contagios y muertes. Por ejemplo, Cantabria, la Comunidad Valenciana y Murcia son ejemplo de esto, con crecimientos del 1,2%, 1,5% y 1,9%.

En el lado negativo encontramos a Cataluña. De las cuatro CCAA que lideraron el crecimiento de los casos (junto con Madrid y ambas Castillas) es la que menos ha reducido el ritmo de contagios.

La Generalitat hizo un gran trabajo al lograr reducir drásticamente las hospitalizaciones en la última semana de marzo, sin embargo, en estos últimos siete días este esfuerzo no ha seguido al mismo ritmo. Lamentablemente, solo hemos podido compararlo con Andalucía y el País Vasco, dado que, como ya advertimos la semana pasada, todas las comunidades cuya tendencia era fundamental para hacer este análisis cambiaron drásticamente su método de conteo: Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Galicia.

El TSJC urge a la Generalitat a dar material de protección a las ambulancias frente al coronavirus

Ya sean mascarillas, guantes o batas; el alta tribunal catalán cree que es una medida proporcional a la "emergencia social" que viven los trabajadores de un servicio esencial

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la consellería de Salud que con carácter "urgente e inmediato" provea a todos los servicios de ambulancias de Cataluña del material "mínimo imprescindible" para prevenir el contagio del coronavirus. En un auto, la sala social del TSJC admite las medidas cautelares solicitadas por la Unión Sindical Obrera de Cataluña (USOC) y exige al departamento liderado por Alba Vergés que entregue a los sanitarios de las ambulancias, tanto las de transporte urgente como las de no urgente, mascarillas, batas impermeables, gafas de protección, guantes, recipientes de residuos, solución alcohólica para desinfección y productos de desinfección para los vehículos.

En su resolución, el alto tribunal catalán asegura que "no ignora" la "notoria escasez" de estos medios de protección, pero insiste que las medidas de protección solicitadas por USOC son "proporcionales" ante la "emergencia social" y debido a la necesidad de salvaguardar la "salud y seguridad" de los trabajadores que prestan "servicios esenciales para la totalidad de la ciudadanía".

 

Batas que se rompen y mascarillas de papel contra el virus

En su auto, el alto tribunal catalán mantiene los mismos argumentos que ha esgrimido en los últimos días para estimar las solicitudes casi idénticas planteadas por varios sectores, como el Sindicato de Médicos de Cataluña o los sindicatos de los Mossos d'Esquadra, para ordenar a la Generalitat que dote a médicos y policías de equipos de protección para evitar el contagio del coronavirus, por el riesgo que asumen debido a su labor.

Para la sala, los trabajadores del servicio de ambulancias se exponen a "un peligro grave e inminente" para su integridad física y "para su vida" si no se les proporciona el material de protección necesario para evitar el contagio del coronavirus. Según el alto tribunal catalán, ese riesgo no se limitaría a los demandantes, sino también a la "totalidad de la ciudadanía" que entrase en contacto con las personas que prestan un servicio esencial, como el de las ambulancias, "en el supuesto de carecer de protecciones individuales de carácter necesario, ante la posibilidad de contagio".

El TSJC remarca que no ignora que la "escasez" de estos medios de protección es "notoria" y aclara no quiere interferir sobre la competencia de las autoridades gubernativas de declarar la prioridad del orden en que se distribuyen estos materiales. Pese a que la demanda de la USOC solicitaba que se ordenase la entrega de este material de protección en 24 horas, el alto tribunal catalán no fija ningún plazo concreto, más allá de resaltar que debe ser con "carácter urgente e inmediato".

Hasta el momento, la Generalitat, que todavía no ha proporcionado todo el material ordenado por la justicia a los sectores afectados, ha asegurado que está haciendo todo lo posible para poder entregar estos equipamientos protectores pero se ha escudado en su escasez y en que el Gobierno centralizó las compras a raíz de la declaración del estado de alarma.

La banca aprovecha los préstamos del coronavirus para abusar de sus clientes

Alberto Ortín

La banca está incurriendo en prácticas alejadas del espíritu de la norma a la hora de comercializar los préstamos avalados por el Estado a través de la línea ICO Covid-19, a pesar de las advertencias del Banco de España o del mismo organismo público.

Este diario ha recopilado en los últimos días testimonios de clientes de banca, pequeños empresarios, autónomos, a los que su entidad les ha ofrecido un préstamo de este tipo saltándose aparentemente las instrucciones de funcionamiento de los mismos. La identidad de las fuentes consultadas, de toda confianza, queda en el anonimato, así como la de los bancos en cuestión, los mayores del sector en España.

"Me llamaron la semana pasada, cuando todavía ni siquiera estaba formalizada la nueva línea de avales del ICO", cuenta el socio fundador de un conocido despacho de abogados de Madrid. "Pero es que no lo necesitaba, no se cómo se les ocurrió llamarme", dice. "Sobre las finanzas de uno, no lo sabe nadie mejor que el banco de uno", apunta, "conocen perfectamente cuál es mi estado financiero, saben que no lo necesito".

"Me llamó mi asesor del banco el miércoles pasado", comenta la propietaria de una pequeña empresa tecnológica. "Me ofreció un préstamo ICO Covid-19, 50.000 euros, aunque no lo necesito", explica. "Me insistió en que las condiciones son buenísimas, al 1,5% de interés". "No tengo ningún riesgo, me llamó el director del banco de mi sucursal, tengo un pequeño crédito concedido de 20.000 euros al 3% del año pasado, con los 50.000 euros cubro ese crédito, lo amortizo, pago un 1% de cancelación del anterior".

La misma fuente añade que cuando le preconcedieron la pasada semana el préstamo, su asesor del banco le dijo que tenía que contratar un seguro de vida para que le fuera concedido. "Ayer le dije que había leído que no debía estar vinculado la contratación del seguro y me ha dicho entonces que es voluntario, y le he dicho que no lo quiero, claro", dice. "Para que te den el préstamo parece que lo mejor es que no lo necesites", concluye.

El Consejo de Ministros aprobó el 24 de marzo las condiciones para acceder al primer tramo de avales otorgado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por importe de 20.000 millones de euros (de un total de 100.000 millones), publicado en el BOE el 26 de marzo.

El tramo de los 20.000 millones se divide en uno de 10.000 millones para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes, y en otro por la misma cantidad para grandes empresas.

En el caso de autónomos y pymes el aval garantizará el 80% del principal de las nuevas operaciones de financiación y de las renovaciones.

La entidad financiera, explica el organismo dependiente del Ministerio de Economía, "tiene la obligación de garantizar que los costes de las nuevas operaciones y renovaciones que se beneficien de estos avales se mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis de la Covid-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura".

Además, "las entidades financieras deberán trasladar a sus clientes el beneficio derivado del aval público en forma, entre otras opciones, de menores intereses o mayor plazo, o más financiación, o periodo de carencia del principal, etc. El banco "no podrá condicionar la aprobación de estos préstamos a la contratación por el cliente de ningún otro servicio o producto", advierte.

La financiación avalada, subraya el ICO, "no se podrá aplicar a la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes".

"Están haciendo auténticas golfadas"

Hay entidades de crédito "que se están comportando como chacales, se están cometiendo auténticas golfadas", dice Eduardo Abad, presidente de la segunda mayor asociación de autónomos de España, UPTA.

"La propietaria de un bar ha tenido una llamada de su banco; le han dicho que cuenta con dos pólizas y que se lo pueden convertir todo en préstamo ICO", narra. "Y ha 'precontratado' un seguro de vida junto al préstamo que se hará efectivo dentro de seis meses", añade.

"Otra empresaria ha pedido a su banco un préstamo ICO Covid-19 por importe de 8.000 euros; cuenta que lo estaban ofreciendo al 1,5% de interés, pero a ella se lo han ofrecido al 2,5%. Cuando ha preguntado por qué, el banco le ha respondido que ella tiene más riesgo que otros".

"Se está tratando de cambiar por parte de alguna entidad préstamos que ya existen con ellos y convertirlos en préstamos ICO", advierte Abad, "se está pervirtiendo un sistema que se ha puesto para ayudar a los que necesitan un mínimo de liquidez para que sus negocios sobrevivan".

El Estado embargará

"Varios clientes con los que trabajo han tenido llamadas de sus bancos para ofrecerles un préstamo ICO Covid-19, y con los mismos lo que van a hacer va a ser amortizar los créditos anteriores que tenían", dice el director de una firma especializada en reestructuraciones.

"Pero la gente debe ser consciente de lo que está haciendo al contratar estos préstamos, al fin y al cabo, es endeudarse", advierte. "El Estado avala la mayor parte de estos préstamos, lo que quiere decir que dentro de un año o dos años, si el deudor no puede devolver los préstamos, el Estado le va a embargar sus bienes por el importe correspondiente", subraya.

"Y no hay peor acreedor que el Estado. Incluso si el empresario se declara en concurso, Hacienda siendo acreedor privilegiado podrá embargar sus bienes, no concederá quitas ni negociará con el concursado", recuerda.

Errores humanos

La banca, por el contrario, considera que las prácticas están siendo correctas. Así lo cree José Luis Martínez, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), quien asegura que los bancos asociados están actuando de forma transparente en los préstamos ICO, cooperando con las autoridades.

Martínez considera, en declaraciones publicadas por La Vanguardia, que "errores humanos no pueden empañar políticas correctas". El representante de la asociación presidida por José María Roldán destaca que la asociación considera "inaceptable que se obligue a suscribir un seguro de vida con los préstamos ICO".

Martínez concluye que "lo prioritario en estos momentos es ayudar a autónomos, pymes y empresas a que superen el impacto de la crisis sanitaria y que se reactive la economía cuando se levante la situación de alarma actual".

Análisis: El fracaso de una nación

Álvaro Nieto

Insiste el presidente del Gobierno estos días, apoyado por su amplio coro de palmeros, en que estamos ante una crisis global. Y es verdad, el coronavirus tiene paralizado más de medio mundo, pero eso no puede servir de excusa para esquivar las responsabilidades en la gestión de esta pandemia.

España, como muchos otros países de nuestro entorno, está siendo azotada por una enfermedad de la que, obviamente, no tiene ninguna culpa Pedro Sánchez. Sin embargo, él y el resto de políticos que nos dirigen sí son responsables del modo en que se está afrontando este desafío.

Que a estas alturas del partido España sea el segundo país del mundo en número de muertos por la Covid-19 es una situación completamente anormal, se mire por donde se mire. Al ritmo que van las cifras, y aunque por fortuna va descendiendo el registro diario de muertos, en apenas unos días estaremos por encima de Italia y liderando la clasificación en Europa.

Y cuando ello se produzca no vale aferrarse a lo que suceda en Estados Unidos, como empiezan a hacer ya algunos imbéciles. La cifra de muertos allí acabará superando más pronto que tarde la de España, faltaría más. Lo que hay que mirar son las cifras de muertos en relación a la población de cada país, y ahí España tiene unos registros nefastos.

En un extraordinario trabajo publicado en 'Vozpópuli' el sábado pasado, la periodista Diana Fresno demostraba con números cómo, a pesar de que la epidemia tiene escala mundial, la mortalidad varía enormemente según los países. Si nos centramos en Europa, resulta espectacular que en España hayamos superado ampliamente los dos fallecidos por cada 10.000 habitantes, mientras que en países de nuestro entorno ni siquiera se alcanza la cifra de un fallecido. Por no hablar de Alemania, donde la tasa de mortalidad por cada 10.000 habitantes está en el 0,12, o de Portugal, que tiene el 0,29 después de haber registrado 295 muertes hasta ahora. Sí, lo han leído bien, Portugal apenas tiene 295 muertos. Y si pinchan aquí entenderán por qué.

Ante la contundencia de estas cifras hay dos opciones. O seguir aplaudiendo como si nada estuviera pasando porque, ay qué mala suerte, esta crisis es global. O preguntarse qué estamos haciendo mal... o al menos qué hemos hecho mal para que muramos en mucha mayor proporción que en otros países europeos.

Preparación y anticipación

Hay gente que se pregunta estos días si no estaremos entrando en una nueva fase en la que nuestras vidas ya nunca volverán a ser como antes. Esas mismas personas, llevadas quizás por el pesimismo, barruntan que después de la Covid-19 vendrá la Covid-20. Y puede que tengan razón, pero el ser humano ha demostrado a lo largo de la historia que aprende de sus errores y, por tanto, cuando en próximos años lleguen virus similares, sus consecuencias serán mucho menores porque estaremos mejor preparados y, sobre todo, reaccionaremos antes.

El último discurso de Sánchez a la nación, el pasado sábado, ya incluyó algo de esto por primera vez. En una frase un tanto confusa, el presidente dejó caer que trabajará para que aquellos que le sucedan puedan "responder más eficazmente en el futuro" a situaciones parecidas. Es lo más cerca que Sánchez ha estado hasta ahora de hacer autocrítica, pero al menos admite que habrá que cambiar cosas, que habrá que sacar aprendizajes... ergo, que algo hemos hecho mal.

El problema con Sánchez es que, escuchando sus mensajes, no queda claro qué es lo que considera que hay que cambiar para mejorar en el futuro. Él apunta directamente a la Unión Europea por no haber sabido responder a esta crisis de manera conjunta, y en eso tiene razón, si bien naufraga cuando pretende pasarle la factura de sus propios errores a nuestros socios europeos.

Pero, de igual forma que a escala europea es evidente que se debería haber reaccionado de otra manera, también conviene ser conscientes cuanto antes, porque nos va la vida en ello, de que nuestro estado autonómico, donde cada región tiene cedidas las competencias sanitarias, no es el sistema más eficaz para afrontar una emergencia de estas características.

La descoordinación con la que las diferentes autonomías han hecho frente a esta epidemia, el caos institucional, los celos entre administraciones y, lo que es peor, la constatación de que hay españoles que tienen mejores servicios sanitarios que otros dependiendo de dónde vivan, son motivos más que suficientes para plantearse seriamente una recentralización de las competencias sanitarias.

Si el futuro que nos aguarda está lleno de coronavirus, necesitamos un mando único que esté preparado para reaccionar a las primeras de cambio, que tome decisiones para el conjunto de España y que pueda contar con todos los recursos disponibles para ponerlos a disposición de inmediato de aquellos lugares o ciudadanos que en cada momento los puedan necesitar.

Un Ministerio de verdad

Ahora bien, un mando único y una recentralización de las competencias, para acabar de una vez por todas con ese bochorno de tener 17 números de teléfono o 17 tarjetas sanitarias diferentes, no puede suponer entregarle el poder sin más a los actuales responsables del Ministerio de Sanidad. Habrá que construir un verdadero organismo que actúe con profesionalidad y disponga de personal competente.

No podemos tolerar espectáculos tan lamentables como los vividos durante esta crisis con la compra de test defectuosos a una empresa sin licencia o el caso del director del centro de emergencias, Fernando Simón, que hace dos meses auguraba que no habría muertos en España porque la Covid-19 era "una enfermedad con muy bajo nivel de transmisión" y que, inexplicablemente, sigue todavía en el puesto.

Si el mayor experto de España en estos asuntos es el señor Simón, tenemos un problema. Y para apreciar su magnitud, recomiendo la lectura de cualquier entrevista a este epidemiólogo en los meses de enero y febrero. Hay una que es particularmente hilarante si no fuera dramático todo lo que ha pasado después. Se publicó el 9 de febrero en el Heraldo de Aragón, y allí dijo la frase anteriormente citada y esta otra que iba en el titular: "No hay razón para alarmarse con el coronavirus". Es el mismo experto que el 26 de febrero nos argumentaba que no tenía sentido que las personas sanas usaran mascarilla y que ahora, como si no tuviéramos memoria o nos tomara por imbéciles, defiende exactamente lo contrario.

La ciencia se supone que se basa en hechos, para pegar volantazos ya tenemos a los políticos, y semejantes errores son impropios de alguien a quien le pagamos el sueldo por dirigir nuestro centro de emergencias sanitarias. Sus patinazos sobre esta enfermedad seguramente expliquen por qué el Gobierno reaccionó tan tarde y tan mal, pero Sánchez no puede esquivar con ello las responsabilidades políticas derivadas de la gestión de esta crisis... empezando por haber sido incapaz de sustituir a ese experto a pesar de su evidente incompetencia.

Aquí ha fallado todo, nos guste o no. España ha hecho aguas. Su Gobierno, sus comunidades autónomas, su sistema sanitario, sus expertos... Cuanto antes seamos conscientes de ello, antes podremos aprender de lo sucedido y estaremos en disposición de evitar que ocurra lo mismo si algún día viene un Covid-20.

Fuentes: El Confidencial, El Mundo, ABC, OKDiario, Vozpopuli

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