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La Casa Blanca y la Unión Europea habían previsto secuestrar al presidente de Venezuela, Nicolás ‎Maduro, y al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, y ‎liquidar las instituciones constitucionales venezolanas, exceptuando la fuerza armada. ‎

El Fiscal General (ministro de Justicia estadounidense), William Barr, había emitido el 26 de marzo ‎una orden de búsqueda y captura contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, acusándolos de ‎tráfico de droga y prometiendo recompensas millonarias a quienes contribuyesen a llevarlos ante ‎los tribunales –o sea, ante tribunales estadounidenses, como precisa el documento del Departamento de Justicia. Esas acusaciones debían servir de pretexto para secuestrar a los dos políticos ‎venezolanos y encarcelarlos en Estados Unidos. ‎

El 31 de marzo, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, publicó un documento ‎titulado Marco para la Transición Democrática de Venezuela.‎

La semana pasada, la Casa Blanca anunció el inicio de una operación estadounidense antidroga en ‎el Caribe, con el despliegue de varios navíos de guerra, entre ellos un destroyer, que en realidad ‎se encargarían de apoyar al SouthCom –conocido en Latinoamérica como el «Comando Sur»– ‎en una operación de secuestro en la que estaban implicadas la marina de guerra estadounidense ‎‎(US Navy) y la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA). ‎

Todo apuntaba a la realización de una operación similar a la invasión de Panamá, realizada el 20 ‎de diciembre de 1989 por la administración de George Bush padre, bajo el pretexto de “detener” ‎al general Manuel Antonio Noriega, también acusado de tráfico de drogas. ‎

Sin embargo, el Pentágono se opuso resueltamente a la realización de tal operación por ‎considerarla inoportuna en estos tiempos de pandemia. ‎

El hecho es que las relaciones entre el presidente Donald Trump y la cúpula del Pentágono son ‎cada vez más tensas. En Washington ya se habla públicamente de que el NorthCom se plantea ‎asumir el poder ante la epidemia de coronavirus. ‎

Ante las disputas políticas entre demócratas y republicanos, los militares se posicionarían como ‎una fuerza neutral interesada únicamente en proteger a los estadounidenses. Una facción de la ‎inteligencia militar parece oponerse a ese proyecto mediante la amenaza de poner bajo arresto a ‎varios generales acusándolos de crímenes sexuales. ‎

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