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Si algo ha puesto de manifiesto la emergencia sanitaria que vive España por culpa delcoronavirus es que, lejos de centralizarse la gestión de la crisis, como pretendía el Ministerio de Sanidad, cada autoridad sanitaria ha tomado sus propias decisiones. Ya sea a la hora de fletar aviones para traer material sanitario, en hacer el recuento de datos, en administrar o conseguir pruebas diagnósticas, en la gestión de las UCIs o en el reparto de material, los criterios son dispares y evidencian falta de coordinación entre las administraciones.

El abordaje de la crisis está "siendo diferente en cada autonomía e, incluso, en cada provincia, probablemente influenciado por la dispar incidencia de la enfermedad en cada territorio", señalan desde el Sindicato de Enfermería SATSE. Una apreciación en la que coinciden otras fuentes consultadas por Vozpópuli como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) o la Central Independiente de Funcionarios (CSIF).

"Hay un ministro, el de Sanidad, que es la autoridad máxima delegada en el estado de alarma y es el que tiene que liderar todas las gestiones para dotar a todo el territorio nacional de los equipos de protección y fundamentalmente a los sanitarios, por ejemplo", indica el secretario nacional de acción sindical del CSIF, Francisco Lama.

El problema, admite Lama, es que "es un tema farragoso, porque esta pandemia no atiende de  fronteras, ni de comunidades autónomas, ni de territorios. En España, no debería haber ciudadanos de primera ni de segunda. Lo que se debe pedir es lealtad y que haya un tratamiento homogéneo para todo el territorio español".

Falta de diálogo

"Es una auténtica desorganización", sentencia desde la Comunidad Valenciana Víctor Pedrera, secretario Provincial del Sindicato Médico en Alicante, donde trabaja como médico de familia en un centro salud y ha resultado contagiado por la Covid-19. "Cada uno va a lo suyo. Hasta ayer en la comunidad valenciana se hicieron 17.000 test, el 0,5 % de nuestra población. ¿Como pretenden cortar la expansión?". A modo de ejemplo cita el caso de su comunidad donde, critica, ni tan siquiera existe un diálogo fluido la Consejera de Sanidad, Ana Barceló y el presidente autonómico, Ximo Puig.

Vozpópuli ha hecho un repaso por algunos de los asuntos que más discrepancias están generando entre la Administración central y las autonómicas a la hora de gestionar la crisis del coronavirus. La compra de material; los test diagnósticos; la reorganización de recursos de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI); el recuento de casos positivos, ingresados o fallecidos o la contratación de personal son algunos de los temas que más discrepancias están provocando y que a continuación se analizan.

Compra de material sanitario

El Gobierno anunció al comienzo de la pandemia que centralizaría  la compra de material sanitario para distribuir entre las comunidades autónomas. Pero, a medida que dicho material ha ido escaseando de forma dramática cada consejería ha optado por comprar o conseguir ese material por su cuenta.

Madrid fue de las primeras comunidades en desmarcarse del Gobierno. Situada como el foco de la pandemia en España y ante la clamorosa falta de equipos de protección, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso anunció el pasado 22 de marzo la compra de material sanitario al mercado chino por valor de 23,3 millones de euros. Un cargamento que todavía no ha llegado a la Comunidad.

El pasado 28 de marzo, Galicia anunciaba la llegada del primer envío de mascarillas: un total de 700.000 de las cuales 500.000 habían sido adquiridas por la Xunta, mientras que el resto eran procedentes de donaciones: 100.000 de Inditex y otras 100.000 del Grupo Caamaño. El material comenzó a distribuirse de forma prioritaria a hospitales, centros de salud y residencias sociosanitarias.

En Cantabria, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha recibido una entrega de material sanitario compuesta por 100.000 mascarillas FFP2 que se distribuirán entre los profesionales del Servicio Cántabro de Salud (SCS), por importe de 275.000 euros La entrega se enmarca dentro de las compras que el SCS  viene tramitando para adquirir material sanitario, tanto asistencial como de prevención y protección.

En los últimos días, el SCS viene distribuyendo por los centros sanitarios diversas cantidades de material procedente de entregas efectuadas por el Ministerio de Sanidad, donaciones y compras propias. Para la próxima semana se espera que comience a llegar parte del material tramitado por el SCS y entre el que figura una partida de 600.000 mascarillas quirúrgicas, 70.000 mascarillas FFP2, 30.000 batas impermeables, 500 buzos y 15 respiradores, con un presupuesto de 1.262.816,50 euros.

En Castilla-La Mancha, el Gobierno también ha optado por hacer sus propias compras de material. El SESCAM acaba de hacer una nueva entrega de equipos de protección a los centros sanitarios: más de 1,4 millones de artículos de protección para los profesionales. Son cerca de 180.000 mascarillas (60.000 de alta protección), 1.300 monos impermeables, 14.200 batas de aislamiento, 5.000 gorros...El material parte desde un almacén centralizado ubicado en Toledo. En las dos entregas anteriores se ha suministrado ya 3,6 millones de artículos.

En Castilla y León, su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, anunciaba el pasado domingo que había conseguido que llegase más material sanitario en cinco aviones, tras la llegada de un primero con seis toneladas procedentes de China. La Comunidad ha adquirido 50 toneladas de material sanitario por 46 millones de euros.

Desde Valencia, el presidente autonómico, Ximo Puig, defendía estos días que que la comunidad fabrique y distribuya sus propios suministros. El socialista se ha desmarcado del Gobierno y ha fletado dos aviones a China para traer material médico.

Los respiradores

La falta de respiradores para dotar las UCIs es uno de los problemas que más urgen a todas las comunidades autónomas. Algunas se han puesto las pilas y han optado por hacer diseños propios.

En Andalucía, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, en colaboración con la Universidad de Málaga, ha diseñado un dispositivo, que se podría fabricar en un tiempo estimado de dos horas y ya ha sido probado con éxito en modelo animal, con resultados satisfactorios tras más de 24 horas en funcionamiento. La Junta ya cuenta con 1.600 respiradores y ha donado 22 a la sanidad madrileña.

Este tipo de respirador consigue suministrar oxígeno al paciente mediante conducción (y no oxígeno de ambiente) como en otras iniciativas que se han llevado a cabo en los últimos días, señalan desde la Consejería que, aclara, el modelo planteado de fabricación de los respiradores tiene el objeto de ser usados en caso de extrema necesidad, actuando como respaldo a los existentes y que estuvieran en uso con otro paciente.

En Castilla-La Mancha han optado por irse a Turquía para adquirir respiradores que, por el momento, y por problemas de aduana, todavía no han llegado a España, según han informado desde Sanidad.

Los test diagnósticos

Tras el fiasco del primer envío de test fallidos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó que el Instituto de Salud Carlos III verificará las pruebas de detección rápida que España ha comprado a China antes de distribuirlas entre las comunidades autónomas. Un avión procedente de Shanghai con cerca de 14 toneladas de material sanitario, incluido un millón de test de diagnóstico rápido,  aterrizó el lunes en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Desde Toledo, vehículos del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Consejería de Desarrollo Sostenible ya han comenzado a repartir los primeros test rápidos que ha comprado el Gobierno de Castilla-La Mancha  para la detección del coronavirus. Cuentan con la certificación europea y la aprobación de la Agencia Española del Medicamento y han sido validados por especialistas del Servicio de Salud de la comunidad que ha comprado un total de 60.000.

Galicia fue de las primeras comunidades en  marcha en sus hospitales (Vigo, Ourense, Lugo, A Coruña, Pontevedra...) la realización de pruebas de la Covid-19 en los propios vehículos de los pacientes que, eso sí, solo se realizan con prescripción médica y cita previa.

En Euskadi, la Consejera de Salud, Nekane Murga, desvelaba que no han recibido los test rápidos por parte del Ministerio de Sanidad, de manera que todos los que se realizan en la comunidad son "a través de la fórmula estándar o de la forma manual".

Contratación de personal

La contratación de personal ha sido otro de los motivos que han esgrimido las comunidades para presumir de la fortaleza de sus sistemas sanitarios. El Ministerio de Sanidad ha fijado nuevas medidas en materia de recursos humanos y medios  para combatir el coronavirus que entraron en vigor tras haber sido publicadas en el BOE.

La nueva orden, de 27 de marzo, marca que se puede prorrogar la contratación de los residentes de último año en especialidades como Geriatría, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Preventiva y Salud Pública, Enfermería Geriátrica o Pediátrica.

En Castilla-La mancha, el primer compromiso del Ejecutivo fue el de contar con 1.200 profesionales más, cifra que ya se ha superado llegando casi a duplicar, según datos del gobierno autonómico. Andalucía ha contratado como refuerzo a 1.400 profesionales y en la Comunidad de Madrid, Sanidad  ha reforzado la plantilla de trabajadores de los diferentes centros y servicios con un total de 4.900 contrataciones para combatir el coronavirus.

Traspaso de pacientes de UCI

A medida que la epidemia ha ido avanzando sin freno, algunos médicos intensivistas, plantearon la posibilidad de trasladar pacientes de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), las más necesarias en este momento, a las comunidades menos saturadas y con más camas disponibles a otras menos colapsadas. El Ministerio de Sanidad recogió el guante y, a día de hoy, todavía no lo descarta. De hecho ya se ha comenzado a enviar material para dotar estas unidades de unas regiones a otras.

Sin embargo, en Madrid, la comunidad con más casos de España, consideran que no necesitan la ayuda de otras regiones. Que todavía no se ha llegado al grado de colapso y que, de momento, no es necesario. Así lo afirmó el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado para quien, con los recursos disponibles, de momento Madrid "da abasto" y está siendo capaz de atender a los pacientes críticos que lo necesitan.

En Andalucía, la Consejería de Salud y Familias ha redactado un plan de contigencia ante un posible escenario de 9.000 pacientes afectados por la Covid-19. Según este estudio, la comunidad autónoma registraría un total de 3.384 hospitalizaciones y 616 pacientes en la UCI. Sería una de las comunidades menos saturadas pero, hasta hace unos días, no contemplaba acoger pacientes de otras comunidades cercanas.

En Valencia, con una ocupación media del 63 por ciento en este tipo de unidades, sin embargo, Ximo Puig, ha asegurado que la Comunidad sí estaría dispuesta a acoger a pacientes llegados desde otras zonas de España. De momento, indicó, no han recibido esa petición.

En Euskadi, según ha informado la consejera de Salud, Nekane Murga, antes de la Covid-19, las camas de UCIs disponibles eran 221. En la actualidad, disponen de 356 , de que 281 están ocupadas (214 están por personas infectadas por coronavirus), por lo que disponen de 75 camas "para poder ocuparlas si hay personas que lo necesitan". La consejera ha aludido al principio de solidaridad y  ha afirmado que están preparados para ofrecer ayuda.

El Gobierno paraliza en Zaragoza 5.000 kilos de mascarillas para Madrid porque «Aduanas cierra a las 15h»

Un cargamento procedente de China con 5.000 kilos de mascarillas con destino a Madrid y Valencia fue paralizado este martes en Zaragoza porque el servicio de Aduanas cerró a las 15 horas y no volvió a abrir hasta este miércoles a las 9 de la mañana.

Un episodio que demuestra cómo el Gobierno de Pedro Sánchez, del que depende Aduanas a través de la Agencia Tributaria (AEAT), no está facilitando la llegada de material sanitario con destino a las comunidades autónomas, mientras que, en su caso, movilizó un avión del Ejército del Aire con destino a Shanghái​ para traerse, entre otros productos, los nuevos test rápidos tras la primera remesa defectuosa.

En concreto, y según ha podido saber OKDIARIO de fuentes conocedoras de la paralización del cargamento, el proveedor comunicó a las autoridades sanitarias receptoras el siguiente mensaje: «Ya tenemos todo listo. Estamos esperando a que active la AEAT el manifiesto de descarga para poder lanzar despacho. Mañana a partir de las 9:00 de la mañana podremos daros noticias».

Las autoridades chinas dieron el visto bueno a la salida de este cargamento sanitario con destino a Madrid y Valencia el pasado 30 de marzo, según el documento de consiga al que ha tenido acceso este periódico. Ahí, consta que el avión partió del aeropuerto internacional de Shanghái Pudong con destino a Zaragoza en un vuelo de la compañía Qatar Airways.

Una noche perdida

El avión con 5.000 kilos de mascarillas aterrizó en Zaragoza, pero no pudo ser descargado porque Aduanas cerró a las 15 horas. De este modo, se perdió la tarde del día de ayer y toda la noche para transportar a sus destinos finales (Madrid y Valencia) este material sanitario que tanto reclaman las comunidades autónomas y sus profesionales.

A lo largo de esta crisis sanitarias, las comunidades autónomas vienen reprochando al Ejecutivo de Pedro Sánchez que los datos que facilita el Ministerio de Sanidad sobre la entrega de material no coinciden con lo que luego ellos reciben. A esto hay que sumar las trabas, como este episodio de Aduanas en Zaragoza, que el Gobierno no está eliminando.

El Gobierno exige a los guardias civiles borrar los datos que muestran sus contagios en acto de servicio

Los guardias civiles han recibido dos duros mensajes en pleno estado de alarma por el coronavirus: el primero, el de que no se reconoce a sus víctimas por el Covid-19 como agentes caídos en acto de servicio. El segundo, todavía peor: “No se deberá grabar un hecho relativo a siniestralidad guardia civil en aquellos supuestos de personal del cuerpo afectado por Covid-19 (positivos confirmados, cuarentenas, etc.), debiéndose eliminar todos aquellos que se hayan podido grabar hasta la fecha”. Todo un borrado de pruebas sobre el avance del coronavirus en la Guardia Civil. Este último caso, que hoy destapa OKDIARIO, tiene, además, el añadido de la «dificultad» para determinar si el contagio confirmado se ha producido por el desarrollo del trabajo.

No se trata de un mensaje surgido de la propia Benemérita. Se trata de una orden procedente de instancias políticas, tal y como ha confirmado una fuente interna con la que ha contactado este diario. Pero el mensaje supone un duro golpe para los agentes. En primer lugar, porque el no reconocimiento tiene un efecto moral que prueba una notable falta de agradecimiento hacia su labor desarrollada en el transcurso de esta crisis humanitaria, donde los agentes de este cuerpo están teniendo que intervenir en el control de focos de contagio y en el cumplimiento de las medidas del estado de alarma. Y lo están haciendo, en infinidad de ocasiones, sin contar con material de prevención generalizado.

Pero, además, implica una consecuencia económica para ellos: no es el mismo el tratamiento que reciben sus víctimas en caso de serlo en acto de servicio. Para el Gobierno, sin embargo, el borrado de los datos tiene un efecto anestésico: el de disimular que se han producido contagios por no haber facilitado mascarillas y guantes a los agentes.

 

La explicación del texto en el que se ha empezado a trasladar la orden del borrado de datos roza lo esotérico. El texto afirma que “en la actual situación de emergencia sanitaria, toda la población en general, incluidos guardia civiles, está expuesta un nuevo tipo de virus. Las especiales características del virus y su forma de propagación y contagio hacen muy difícil determinar cuándo y cómo se ha producido el contagio en aquellas personas a las que se les ha diagnosticado un positivo confirmado, no pudiéndose determinar si el mismo ha sido relacionado con la prestación del servicio”. Y es que efectivamente es difícil: básicamente porque el Gobierno también se ha negado a controlar su estado de salud y contagios facilitando tests de detección del COVID-19.

El texto prosigue afirmando que “por todo lo anterior, se considera que no se deberá grabar un hecho relativo a siniestralidad guardia civil en aquellos supuestos de personal del cuerpo afectado por COVID-19 (positivos confirmados, cuarentenas, etc.) debiéndose eliminar todos aquellos que se hayan podido grabar hasta la fecha”.

En resumen: gran solución del Gobierno. Puesto que las asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil afirman que la cifra de contagios puede ser superior a los 9.000 casos entre ambos cuerpos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido que lo mejor es que se borren los datos que puedan avalar una reclamación de judicial de daños y perjuicios contra el Estado por no haber provisionado mascarillas, guantes y gel de protección contra los contagios. Y es que, sin pruebas de que el contagio ha sido producido en acto de servicio, la infección puede haberse producido perfectamente en el hogar, con los amigos, la familia, o en cualquier otro lugar.

Interior ordena a guardias civiles y policías que no se sumen a los homenajes a sanitarios

El principal sindicato policial Jupol ha denunciado las prácticas del Ministerio del Interior de impedir que policías, guardias civiles se unan en los homenajes de la población a los sanitarios por su actuación frente al coronavirus.

El sindicato ha recogido multitud de quejas de agentes de la Policía y la Guardia Civil que han denunciado la prohibición «de manera velada y por órdenes verbales» de unirse a los actos de apoyo a sanitarios de la ciudadanía.

Jupol afirma que «el Ministerio del Interior, a través de las direcciones generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, está dando indicaciones verbales a sus agentes para que no se sumen a los apoyos de la ciudadanía a los sanitarios, Fuerzas de Seguridad del Estado y otros colectivos que están en la primera línea de batalla contra el avance del coronavirus».

Desde el sindicato afirman que se trata de «unos apoyos que inundan día a día los balcones de toda España a las 20:00 horas y que estas jornadas han dejado una gran cantidad de imágenes de la unidad con los ciudadanos que tienen los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Desde Jupol ven incomprensible «que los altos cargos estén vertiendo amenazas y órdenes verbales para evitar que se lleven a cabo estos gestos de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil hacia la ciudadanía, hacia los sanitarios y hacia todos los trabajadores que siguen al pie del cañón en la lucha contra el Covid-19″. Unas órdenes que, a juicio de los policías, ponen de manifiesto «la lejanía de los altos cargos del Ministerio y de las dos direcciones generales de los ciudadanos y deja entrever una actitud dictatorial entre los altos cargos policiales; falta de empatía ante la sociedad».

«Poca decencia de Interior»

El secretario general de Jupol, José María García, ha asegurado que esta actitud sólo muestra «la poca decencia de los altos cargos policiales y del Ministerio de Interior, que están más preocupados de no dejar a los policías compartir un minuto de su tiempo para unirse a un clamor popular de apoyo a los que realmente están luchando contra el coronavirus, que de proporcionar los medios de protección necesarios a sus agentes para evitar contagios por el virus».

Por su parte, el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, ha añadido que «el Ministerio y las dos direcciones generales han demostrado también su cobardía al dar estas órdenes de forma velada, sin dejarlo por escrito y utilizando en muchos casos amenazas a los agentes».

Desde estas organizaciones policiales se ha recordado al Ministerio y a las direcciones generales de Policía Nacional y de Guardia Civil, que en muchos casos «son los propios ciudadanos los que reclaman a los agentes su presencia en estos actos y en otras acciones, especialmente las relacionadas con intentar hacer más llevadero el confinamiento a los más pequeños».

Acciones, muchas veces improvisadas, que están teniendo una gran acogida en la ciudadanía, que gracias a estos gestos «ve a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, como instituciones cercanas, amables y preocupadas por el bien común y el bienestar de todos los ciudadanos», señalan desde el sindicato.

El Govern pide desmontar el hospital de campaña de Sabadell porque es "demasiado militar"

La Generalitat está poniendo trabas al hospital de campaña que el Ejército construye en Sabadell (Barcelona) con la finalidad de descongestionar el centro Parc Taulí. Según ha podido saber, Crónica Global, CatSalut considera que el diseño, consistente en las instalación de tiendas con cuatro camas es "demasiado corporativo" y pide que se desmonte.

 

El Ejército comenzó ayer los trabajos de esas instalaciones, situadas en la pista cubierta de atletismo de la localidad vallesana y que debía entrar en funcionamiento alrededor del 10 de abril. Está previsto que cuente entre 240 y 280 camas para pacientes del Hospital Parc Taulí que necesitan atención médica. El martes llegó a Sabadell un regimiento del Ejército de Tierra, procedente de Salamanca, para colaborar en la transformación del espacio en el llamado Hospital Temporal Vallès Salut, ahora bloqueado.

La indignación de las autoridades locales es absoluta. No es la primera vez que las fuerzas armadas encuentra obstáculos en Cataluña. Tal como publicó este medio, el Govern bloqueó la desinfección de 40 residencias de mayores por parte del Ejército. La Generalitat de Cataluña se resistió a dar el visto bueno a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para que acudiera a los centros de ancianos y preceder a su limpieza.

Un modelo matemático confirma que el virus estaba 137 veces más disparado cuando el Gobierno lo negaba

La disparidad entre los datos de casos de coronavirus confirmados que diariamente aporta el Ministerio de Sanidad y los contagios reales es la gran incógnita de la pandemia de coronavirus. Se trata de un dato esencial para, entre otras cosas, determinar el poder que el virus tiene para infectar y, por tanto, evaluar las medidas para hacerle frente. Sin embargo, Sanidad sigue sin disponer de ese marco, como confirman fuentes del Ministerio. La aproximación la aportan los investigadores que actualmente trabajan en precisar el alcance de la epidemia. Un modelo matemático de la Universidad de Sevilla aporta ya un dato valioso: los contagiados en las fechas en que el Gobierno despreciaba al coronavirus multiplicaban con creces los datos aportados oficialmente por Sanidad, la única referencia disponible para los ciudadanos.

El estudio lo realiza el profesor Antonio Durán, del Instituto de Matemáticas de Sevilla y toma como base los casos en Andalucía. Según sus cálculos, el 8 de marzo -día en que el Ejecutivo socialcomunista azuzó las manifestaciones ideológicas en todo el país- habría en esta comunidad hasta 2.890 infectados reales. Ese día, Sanidad no ofreció cifras, algo que sí venía haciendo en las jornadas anteriores. Pero si se toman los casos confirmados el día 6, cuando el Gobierno aún negaba los riesgos del nuevo coronavirus, apenas eran 21 los confirmados en esta comunidad. Es decir, los contagiados reales serían 137 veces más. La cifra total de infectados en España era, según el balance de Sanidad, de 365. 5 personas habían fallecido ya a consecuencia de la enfermedad.

El modelo permite deducir que, por entonces, el coronavirus ya estaba descontrolado. »Decisiones como suspender las manifestaciones del 8 de marzo se tomaron con cifras de infectados detectados de unos cientos de personas (en torno a 400 infectados detectados se habían acumulado el 6 de marzo). Si comparamos con lo ocurrido en Hubei, el 23 de enero se detectaron unos 400 nuevos infectados, cuando la cifra real rondaba los 2.500 nuevos infectados ese día. Posiblemente en España, ya había el 6 de marzo miles de infectados reales, por más que los detectados fueran 400. Por las razones que se dieron en España para no suspender las manifestaciones, uno tiende a pensar que pesó más la cifra de infectados detectados que las estimaciones que pudiera tener el Gobierno sobre los infectados reales», señala el autor.

Aunque avisa que hay que ser prudentes con las cifras, indica también que a fecha de 22 de marzo, las cifras de contagiados en esa misma comunidad oscilarían entre los 7.627 y los 13.825. Sanidad sólo confirmaba 1.725.

Medio millón de infectados

«Por las razones explicadas al inicio de esta entrada, las estimaciones de infectados reales son mucho mayores que las de infectados detectados», concluye el investigador, que señala que «si las estimaciones son correctas» habría actualmente «entre 4 y 8 veces más infectados reales que detectados». Extrapolándolo a toda España supondría hasta medio millón de infectados.

«Ésta es una de las razones por las que es necesario tomarse muy en serio las medidas de confinamiento, porque previsiblemente hay varios miles de infectados que todavía no saben que lo están, y si hiciéramos vida normal los afectados crecerían exponencialmente colapsando en poco tiempo el sistema sanitario», advierte.

Conocer el número real de contagiados resulta fundamental para la toma de decisiones sanitarias, basadas hasta el momento en meras especulaciones. El Ministerio de Sanidad no dispone de esos datos. Preguntado este viernes por el número real de casos, el portavoz Fernando Simón admitió que «eso es difícil» y reveló que el departamento, tres meses después de que se conociese el primer caso, no cuenta con esa información. «Vamos a hacer estudios en breve para poder valorar el impacto real de la epidemia», especialmente «en transmisión comunitaria, porque hay casos asintomáticos o con síntomas muy leves», explicó Simón. Casos que son la clave de que el coronavirus, un virus silencioso, haya tenido una penetración tan excepcional en la población.

Sin datos

El objetivo de Sanidad es disponer de un «cuadro claro» de la «transmisión real» en España que permita, entre otras cosas, valorar el posible nivel de inmunidad a raíz de la pandemia, lo que, según el portavoz técnico de Sanidad, «permitirá valorar qué puede pasar en futuras olas que puedan venir el invierno que viene. Si vienen».

El autor del mencionado estudio avisa que «la toma de decisiones epidemiológicas y políticas durante el desarrollo de una pandemia depende mucho de la información que se tenga sobre la evolución del número de infectados reales cada día». Y llama la atención sobre la diferencia entre el número de infectados reales y el de detectados, el que aparece en las estadísticas diarias.

«Pero el número de infectados detectados puede diferir bastante del dato realmente importante, el número de infectados reales» y «las razones de esa diferencia son múltiples».

En primer lugar, señala, una persona puede no mostrar síntomas hasta varios días después. En segundo lugar, tarda aún en acudir a los servicios sanitarios. En tercero, el diagnóstico puede llevar varios días. Sanidad calcula que entre una cosa y otra transcurren entre 7 y 10 días.

Análisis: La gota separatista

Miquel Giménez

La Plataforma per la Llengüa amenaza con llevar ante las autoridades Europeas a Sánchez. ¿Por su imprevisión, por su ineficacia, por sus mentiras? No, lo hará porque la información del coronavirus se hace solo en español. No es broma.

La gente está cayendo como moscas, los hospitales están saturados, los equipos llegan tarde mal y nunca, pero a esta gente lo único que les preocupa es que no se dé información en catalán. Si a partir de una gota el intelecto deductivo podría inducir la existencia de un océano —Sherlock Holmes dixit—, por palabras como estas se puede deducir la catadura moral de quien las dice.

Importa más el idioma que la muerte, la sintaxis que los respiradores, la preminencia supremacista que la enfermedad. Como si uno pudiera morirse de manera distinta en catalán que en español. Es la gota que desprecia el gasto en sanidad, en escuelas, en todo lo que afecte a la vida cotidiana de la gente porque lo único que cuenta es su onanismo ideológico, que solo atiende al imaginario urdido por la cofradía del tres por ciento para mejor meter la mano en la caja, mientras los suyos viven anhelando que se aparezca la república catalana en medio de las luces de Manresa, la epifanía de Sant Jordi matando al dragón español y Puigdemont descendiendo de los cielos belgas, resurrecto y triunfante.

En esa gota se encierra el corpus del fanatismo, y nos permite entender que el conseller Buch se refiera, ahí sí, en español, al gobierno de la nación con retintín del niño repipi con su dedo levantado. “El Gobierno de España”, decía en unas declaraciones en catalán, pretendiendo ser irónico y resultando ridículo. Toda la coña que quiera, conseller, pero sus propios alcaldes están pidiéndole al ejército, español, sí, quina gràcia, que acuda a sus localidades para echarles esa mano que ustedes les niegan. Por incompetencia, por ignorancia, porque les sacan de los pronoms febles y la historia de los Cucurull and company y ya no saben qué hacer. Porque se pasan el día reclamando que el confinamiento ya lo había dicho Torra, refugiándose en el vil rincón del tonto de la clase, con orejas de burro fabricadas con las cartas que le enviaban al Gobierno para que la mesa de diálogo continuara, aunque la pandemia estuviera asolado al mundo.

Son tan patéticos que, si no fuera por que está en juego la salud pública, provocarían la hilaridad más descabalgada. A partir de ahí, todo vale. Junqueras y Romeva exigen que se les ponga en libertad a causa de la epidemia. Y no se pregunten ustedes qué tendrán que ver los cojones con comer trigo, porque es todo tan surrealista que incluso podría darse el caso de que Sánchez los indultase, que bien que se ha asegurado poder conceder gracias. Mientras tanto, el Govern separatista no da información de quienes mueren ignominiosamente abandonados por sus políticos en residencias de ancianos, amordaza a médicos y profesionales de la sanidad para que no expliquen que la sanidad catalana está sin camas libres en las UCIs, todo aderezado con una consellera balbuceante que lo mejor que podría hacer es dimitir.

Lo suyo es el catalán y todo lo que conforma su mundo ideal en el que todos los jueves, sin excepción, habrá helado de postre. Son una gota que discurre, orgullosa y soez, por el albañal de la política catalana y que acabará por diluirse en el torrente no menos embrutecido de la española, que si unos tienen al idioma como única preocupación, los otros solo se fijan en el bienquedismo, en esa falsía progre de salón que tiene algo de justicia poética cuando vemos a tantos voceros de la nada afectados por el virus que primero negaron, luego mal gestionaron y ahora intentan endilgar al primero que pase.

Visto lo visto, que Garzón se vaya de permiso a su casa es incluso una buena noticia. Para andar estorbando, mejor quitarse de en medio. Pero la gota sigue ahí, impertérrita, y uno se pregunta si será la que haga colmar el vaso de la paciencia de las buenas gentes que, a día de hoy, no podrán pagar la cotización de autónomos gracias a que sus gobernantes solo los ven como estadísticas, billetes a ingresar y carne de cañón. Ah, pero lo importante es que todo sea en catalán. Incluso nuestra necrológica. La gota.

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