Ricardo Orozco

A unas horas de concluir, en Occidente, el segundo día de enero del 2020, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, decidió autorizar un ataque exprés en contra de un conjunto de individuos identificados por sus aparatos de inteligencia como operadores políticos, militares e ideológicos en favor del régimen iraní en los Estados que circundan al país persa, en general; pero con una fuerte influencia de en el seno de múltiples Unidades de Movilización Popular (UMP) en Irak, en particular. El ataque, en cierto sentido, no fue menor: en él fueron asesinados una decena de líderes de base de las resistencias iraquíes a la ocupación y las agresiones militares estadounidenses, así como el principal jefe militar de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en Bagdad, Qasem Soleimani, y uno de los hombres más fuertes y cercanos al ayatolá Seyed Ali Jamenei.

El ataque en cuestión se presenta como la más reciente avanzada, por parte del complejo militar estadounidense, dentro de una serie de eventos que comenzaron con el sistemático bombardeo y asedio aéreo —justificado por la armada anglosajona como ataques defensivos— en distintos puntos de la geografía de Irak y Siria, supuestamente para eliminar la amenaza que representaba a sus instalaciones y operaciones un conglomerado de células milicianas, adscritas a la organización Kataib Hezbolá, en cuyos territorios se hallarían almacenadas varias toneladas de armamento e instalados centros de operaciones de gran relevancia para articular ataques en serie a las posiciones ocupadas por las tropas de la coalición militar liderada por Estados Unidos.

A ello, en un segundo momento, siguió la reacción por parte de la sociedad civil iraquí con su despliegue alrededor de la embajada estadounidense en Bagdad y diversos actos que fueron desde la protesta pura y dura, exigiendo la salida de todas las fuerzas de ocupación y personal estadounidense en territorio iraquí, hasta el ataque directo a las instalaciones de la misma.

En los hechos, en menos de siete días, lo que comenzó con un ataque calculado por parte de las tropas estadounidenses en Irak escaló con mucha facilidad y rapidez hasta tensar una situación en la que, además, Irán fue incluido por Donald Trump como una de las principales fuerzas instigadoras de operaciones terroristas en su contra. Tanto así, que las protestas y las agresiones cometidas en contra de la embajada estadounidense en Irak fueron atribuidas por el presidente estadounidense al gobierno iraní, acusándolo de ser el culpable de la radicalización de las UMP iraquíes y de continuar expandiendo la influencia del terrorismo islámico y sentimientos antiestadounidenses por toda la región de Oriente Medio.

Sin mucho más esfuerzo que el realizado por el presidente Trump a través de aquellas acusaciones, en la víspera del año nuevo el mandatario estadounidense amenazó con responder de forma violenta en contra de Irán, y a penas un par de días después, el líder del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica fue asesinado.

¿De qué da cuenta esta serie de eventos en cadena? En realidad, lo que muestra es que Estados Unidos se ha mantenido en línea con una política de profunda hostilidad en contra del gobierno iraní (y de su sociedad), inaugurada en el momento mismo en que Donald Trump, primero; y Mike Pompeo, en seguida, tomaron posesión de sus cargos al frente de la presidencia y del departamento de estado de Estados Unidos, respectivamente. Pero en un lapso temporal más breve, lo que visibiliza la escalada en el discurso y en los actos estadounidenses en contra tanto de Irán como de Irak y Siria es la necesidad que tiene el gobierno de Trump de bloquear a toda costa la articulación y consolidación de tres grandes procesos políticos y militares que están teniendo lugar en Oriente Próximo y Asia Central.

Primero está el tema de los éxitos que ha cultivado la coalición liderada por Irán y Rusia para pacificar todos aquellos espacios que las sucesivas guerras de intervención y ocupación estadounidenses balcanizaron desde principios del siglo XXI y hasta la afrenta en contra del Estado Islámico. En segundo lugar, está el problema que representa para Estados Unidos la propia posición de fortaleza con la cual emergió el régimen iraní en los últimos años, en tanto garante de la tarea de articular ciertos equilibrios políticos entre las diferentes facciones y grupos sociales que quedaron profundamente lacerados por la violencia desatada y sostenida en la zona durante más de una década. Y, en tercer lugar, el imperativo de resolver cuál es la mejor manera de mantener una presencia en la región lo suficientemente agresiva como para que los grandes proyectos de infraestructura chinos y la autosuficiencia energética regional, desde el propio Irán hasta la China misma —triangulando en Rusia, y tangencialmente en India— no sea una realidad.

No debe olvidarse, después de todo, que ya desde la década de los años setenta del siglo XX una posible alianza o siquiera una confluencia de intereses entre Irán, Rusia, India y China (hasta por pura oposición a Estados Unidos, aunque no congenien en otras múltiples agendas) es considerado por los capitales estadounidense y por los estrategas militares de aquella nación (Brzezinski) una de las principales amenazas a su posición dominante en la economía-mundo moderna. Ya sea por el tamaño de la población que juntos alcanzan, por su potencia militar combinada, por el tamaño de sus mercados y por sus capacidades de producción o por su impacto en los vaivenes de commodities imprescindibles como el gas licuado y el petróleo (o por todos esos factores juntos), lo que es un hecho es que cualquier atisbo de acercamiento, en los últimos diez a quince años, ha servido a Estados Unidos como un pretexto para desplegar sobre esa extensa región intermedia toda una serie de empresas coloniales y de devastación.

Para el caso específicamente iraní, aquella lógica de contención y disuasión alternada se ha traducido, por ejemplo, en la cancelación del acuerdo nuclear establecido en 2015, por un lado, y la imposición de nuevas y cada vez más restrictivas sanciones comerciales con el objetivo de asfixiar a la economía de Irán en su totalidad, por el otro.

Por supuesto que en todo ello va empeñado el esfuerzo de mantener, en el imaginario colectivo de Occidente, la idea de que Irán es una amenaza nuclear que tiene la capacidad de desaparecer a todas las sociedades occidentales con su potencia de fuego (obviando que Estados Unidos es el Estado-nacional con la mayor potencia nuclear en todo el planeta). Sin embargo, también tiene que ver, más pragmáticamente, con el sostenimiento de operaciones de adiestramiento, ideologización, financiamiento y radicalización de diversos grupos sociales y facciones políticas con el propósito de constituirlas como milicias beligerantes en contra de Irán y del grueso de sus aliados en la zona. El mítico choque de civilizaciones que tanto ha sido pregonado por los liberales de Occidente (Huntington) como el sustrato ideológico de sus intervenciones militares para acabar con el islam y hacer de las sociedades que lo practican el nuevo imperio del mal al que hay que aniquilar (luego del derrumbe de la Unión Soviética) depende en gran medida de ello y de que sean los propios actores locales los que legitimen y luchen esa guerra.

En ese sentido, si bien es cierto que el presidente Trump ha expresado en innumerables ocasiones sus deseos de sacar a su ejército de la región, también lo es que, incluso en un escenario en el que la mayor parte de las fuerzas armadas de la potencia norteamericana abandonasen Oriente Próximo y Asia Central, una de las principales condiciones de posibilidad para llegar a tal situación es, invariablemente, la de mantener en el terreno a milicias y otras agrupaciones militares fieles a los intereses occidentales combatiendo por ellos, aunque bajo la bandera de la liberación de todo Oriente y Asia de cualquier posible tiranía y fundamentalismo islámico.

Por eso no debería de sorprender el grado hasta el cual ha escalado la tensión directa de Estados Unidos con Irán. Después de todo, hasta cierto punto, actos de agresión como los recientes se veían venir desde que en abril de 2019 Donald Trump designó al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica como una agrupación terrorista, siendo la única designación —del extenso listado en el cual los servicios de inteligencia estadounidenses incluyen a cualquier individuo o agrupación que se oponga o resista a sus intereses coloniales en el mundo— en la que el objetivo en cuestión no es un actor no-Estatal (hasta el momento, condición indispensable para considerar a una agrupación como tal; es decir, como terrorista u opuesta a la gubernamentalidad ejercida por la figura estatal), sino, antes bien, todo lo contrario: un órgano y brazo armado oficial del Estado persa.

En los mass media de Occidente, por lo pronto, el paralelismo con las guerras de 2001 y 2003 ya comienza ser construido y discurrido, previendo, en teoría, los posibles escenarios que se desatarían si la respuesta iraní es proporcional a la estadounidense y si ello lleva a una carrera en la que cada nueva reacción por parte de ambos actores les conduzca a entramparse en una escalada continua, hasta desatar la confrontación bélica directa. El problema con tal visión es, no obstante, que el contexto imperante hoy día no es ni de cerca el que privaba en los albores de las guerras en contra de Irak y Afganistán. Y esto no sólo porque el propio Estados Unidos ya no cuenta con la fortaleza bélica con la que contaba para emprender ambas guerras de principios de siglo prácticamente en solitario, con apoyos marginales por parte de sus aliados. Sino porque, además, debido a que las potencias de la región (Irán, China, Rusia, India) han salido fortalecidas de la última década del siglo, la posibilidad de articular una alianza sin más argumento que el derrocar al gobierno en funciones iraní se antoja una operación aún más difícil que la que hubo que emprender en 2001 para convencer a la OTAN de que Europa sacaría cuantiosos beneficios de una total devastación de Oriente.

Pero no sólo, pues, aunado a ello, está el problema, en particular, de que los actos que Donald Trump ha emprendido durante su mandato para detener la degradación de la posición dominante de su nación en el mundo le han zanjado el camino con una serie de enfrentamientos, disputas y tensiones con sus propios aliados, a quienes ha tenido que presionar y llevar a posiciones de sometimiento en varios aspectos para fortalecer su propia condición y debilitar la de sus adversarios (China en la económico y financiero, Rusia en lo militar).

Resolver ambas ecuaciones, ipso facto, ante la posibilidad de una guerra abierta inmediata no sería una tarea sencilla, menos aun teniendo en la arena política doméstica de Estados Unidos un escenario electoral tan próximo y en el que se juegan muchas cosas para la continuidad o la ruptura de la trayectoria trazada por la administración de Trump. Y si bien es cierto que el momento presente es un buen momento para capitalizar electoralmente cualquier efervescencia nacionalista (atizada durante cuatro años por el discurso supremacista del presidente) resultado de una agresión extranjera (de Irán, por ejemplo), también es verdad que embarcar a la nación en un nuevo conflicto no únicamente resultaría muy costoso en términos financieros, sino que, además, sería igualmente oneroso en lo que a vidas de estadounidenses respecta —en unos años en los que el trauma de una década y media de guerras en Oriente Medio aún no es vivido a plenitud, en todo su traumatismo, por parte de dicha sociedad.

Además, aunque es un hecho que en los últimos diez años las alianzas y la confluencia de intereses (particularmente militares y energéticos) entre las cuatro mayores potencias de la región se han incrementado y fortalecido como nunca antes en la historia de Oriente Medio y Asia Central, no deja de ser verdad que una guerra abierta entre Irán y Estados Unidos no es un evento, por sí mismo, que tengan una trascendencia geopolítica vital para los otros tres grandes actores de la región. Sin duda los recursos energéticos iraníes son un gran incentivo como para que Rusia y China decidan no mantenerse al margen de cualquier escalada en el conflicto. Sin embargo, por procesos propios de consolidación de sus respectivas fortalezas políticas, militares y económicas, ambos Estados no desplegarían una fuerza de intervención armada directa como para hablar de una guerra entre estos y Estados Unidos.

Ello, por supuesto, no significa que Rusia y China simplemente aceptarían una nueva incursión estadounidense en la región limitándose a gestionar la devastación provocada y a administrar los daños causados. Menos aún Irán concedería que cualquier conflicto bélico desatado por la potencia norteamericana se desarrolle sobre su territorio. Más bien, lo que sí es una posibilidad real e inmediata es que un conflicto de tipo proxy —como aquellos a los que la humanidad se acostumbró en el contexto de la Guerra Fría— se desenvuelva de nuevo en los territorios circundantes a Irán, quizás extendiéndose un poco más en ciertas partes y contrayéndose en otras, en correspondencia con los proyectos de infraestructura energética y comercial que atraviesan Oriente, desde territorio ruso y chino hasta el Mediterráneo, no únicamente para bloquearlos, sino, antes bien, para destruirlos y generar una reapropiación territorial en sus puntos neurálgicos.

De ahí que, dependiendo de la importancia que revista cada punto atacado en los días por venir es que se puede esperar un mayor o un menor involucramiento de las fuerzas armadas rusas ya desplegadas sobre el terreno (para combatir al terrorismo) y un mayor o menor involucramiento financiero chino para fortalecer o debilitar algunas posiciones que se crucen con su ruta comercial. Pero lo que es invariable es que si el conflicto se centra sobre los intereses iraníes desplegados en los territorios que le rodean, la reacción más inmediata que se podría esperar tanto de Rusia como de China es que aquella actúe por conveniencia de intereses ahí en donde, incluso al precio de debilitar a Irán frente a Estados Unidos, Rusia saldría fortalecida, en lo singular; y que ésta incremente su actividad de negocios en su ruta comercial ya trazada para blindar las posiciones y los espacios que, de ser atacados, significarían una afrenta directa en contra del gobierno chino.

Irán, por su parte, sin duda responderá a la agresión estadounidense por considerarla una humillación ante el mundo. Sin embargo, el daño que el Estado persa es capaz de causar a Estados Unidos no necesariamente tiene que pasar por la vía del conflicto armado directo. Su influencia en los precios internacionales del petróleo (vía la OPEP), en la desestabilización de los gobiernos aledaños, aliados de Estados Unidos, y en la posibilidad de volver a radicalizar los conflictos armados aún vigentes en países como Irak son también tres grandes escenarios en los que Estados Unidos sí tiene bastante que perder.

Sólo no hay que perder de vista que si el presidente Trump logra viralizar la respuesta nacionalista de su propia sociedad y la traduce en el apoyo que le hace falta para asegurarse un segundo mandato, ese segundo periodo presidencial ya no contendrá las acciones del mandatario estadounidense como sí lo hizo el primero, del cual dependió la viabilidad de su continuidad por cuatro años más. Y es que, si algo ha mostrado la historia de las presidencias estadounidenses a lo largo de las décadas es que el segundo periodo presidencial siempre es un momento de radicalización en la toma de decisiones, particularmente las que tienen que ver con su política exterior y las apuestas por intervenir militarmente en algún punto de la geografía global.

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