El Instituto de Estudios Estratégicos propone al Gobierno que contrate hackers para defenderse de ataques informáticos contra los intereses del Estado

El problema de la seguridad informática afecta también a España. En 2008 fueron detenidos en España el denominado ‘D.O.M. Team 2008', considerado uno de los grupos de ‘hackers’ más peligrosos del mundo. Eran responsables de un gran ataque a la infraestructura de la NASA, e incluso habían atacado la página web de Izquierda Unida en vísperas de las elecciones generales de ese año.

Hoy se sabe que a lo largo de estos últimos meses el Ministerio del Interior ha adjudicado un contrato de seguridad informática –a cargo del Centro Nacional de Excelencia de Ciberseguridad- a la empresa propiedad de un ex hacker español, Matías Bevilacqua –de 36 años-, que varias temporadas atrás fue detenido e imputado en una trama de compra venta de datos confidenciales extraídos de servidores previamente atacados por Internet.

Las ‘ciberamenazas’ al Estado han ido creciendo gracias a la aparición de grupos como ‘Anonymous’. El año pasado, el grupo lanzó un ataque coordinado contra las webs de los principales partidos políticos como forma de protesta pocos días después del célebre 15 de mayo.

Contratar hackers, una tendencia en alza

La propuesta del IEEE se basa en las actuaciones que ya se están desarrollando en otros países, como en Estados Unidos, donde la Agencia Nacional de Seguridad ha contratado a varios piratas informáticos para ponerlos a su disposición, o Corea del Sur, que ha puesto en marcha su propia escuela de hackers..

Estos hackers de ‘sombrero blanco’ –como se denomina a los piratas ‘buenos’- son los encargados de estudiar las debilidades de las redes más sensibles del Estado y proponer soluciones y parches de seguridad.

El estudio presenta un “dilema” sobre si es o no lícito formar informáticos para defender la seguridad del Estado

El “dilema” que presenta el estudio, firmado por la analista Mª José Caro Bejarano, reside en si resulta lícito contratar o formar a estos informáticos, cuyas actividades son consideradas delito.

Como ya viene siendo habitual en el criterio de los asesores de los sucesivos Gobiernos que se alternan en el Poder en España, planteándose como un dilema moral si la seguridad de España debe o no debe resguardarse de ataques del tipo que sea.

Fuente: El Confidencial Digital