Manuel P. Villatoro

Indalecio Prieto fue un personaje de muchos claros y otros tantos oscuros. Tras el estallido de la contienda fratricida que vivió España a partir de 1936, el político del PSOE se convirtió en el hombre del momento dentro de la Segunda República; o, como afirmó su colega italiano Pietro Nenni, en «el animador» y el «coordinador de la acción gubernativa». Antes, este ovetense de frente amplia ya había predicho el estallido de la sublevación («porque las señales son harto claras en la designación de mandos militares las cosas se preparan para un golpe de Estado») y había colaborado tanto en la revuelta de Asturias contra el gobierno de Lerroux como en la formación del Frente Popular.

Considerado como el máximo exponente de las posiciones centristas del PSOE dentro de la Segunda República, como bien hizo saber a partir de 1935 en una serie de artículos en los que reivindicó el «derecho a opinar» sobre la deriva del partido, a Prieto no se le puede negar su fomento de las obras públicas y los proyectos hidrográficos españoles antes del comienzo de las hostilidades. Fue, para la mayoría de autores, un «moderado» al que su empatía le hizo condenar, por ejemplo, los asesinatos perpetrados al comienzo de la Guerra Civil en la Cárcel Modelo de Madrid por los sindicatos extremistas que se decían leales al Frente Popular. «La brutalidad de lo que aquí acaba de ocurrir significa, nada menos, que con esto hemos perdido la guerra», señaló entonces.

Se podría decir, en definitiva, que Prieto fue un personaje de grises, más que de blancos o negros, en todos los puestos que ocupó; entre ellos, el de ministro de Marina y Aire (con Largo Caballero) o de Defensa entre 1936 y 1938. En los mismos, revivió la maltrecha armada peninsular y consiguió adecuar las fuerzas aéreas republicanas a las necesidades de la época. Sin embargo, y hete aquí la cuestión central de estas líneas, también defendió a ultranza la politización del ejército de la Segunda República, así como el control desde la cúpula de los partidos de las decisiones castrenses y de los mismos soldados, a través de la figura de los comisarios políticos.

Así lo confirmó en un artículo publicado el 1 de enero de 1939 (cuando la Guerra Civil tocaba ya a su fin) en el número extraordinario de «Ímpetu. Revista de carabineros» bajo el título «El ejército republicano tiene que ser compacto y homogéneo. Junto a los mandos es preciso situar el responsable político». El texto, cuyo contenido se puede consultar hoy en la Biblioteca Nacional, defiende la fundación del Comisariado General de Guerra; una institución nacida al calor de los consejeros de la Unión Soviética y que, en palabras de altos oficiales de la Segunda República como Jesús Pérez Salas, se convirtió en un medio para que los altos mandos comunistas se apoderaran de las fuerzas armadas y transformaron las trincheras en «campos de propaganda».

Comisarios políticos

A nivel oficial, esta institución fue instaurada el 15 de octubre de 1936 por el entonces ministro de Guerra, Largo Caballero. Ese día, en una Orden circular, el político confirmó su fundación y sus objetivos. Los principales eran «ejercer un control de índole político-social sobre los soldados, milicianos y demás fuerzas armadas al servicio de la República», así como lograr una «coordinación entre los mandos militares y las masas combatientes, encaminada al mejor aprovechamiento de la eficiencia de las citadas fuerzas». Todo ello, durante una primera etapa en la que las milicias se habían transformado en unidades protagonistas dentro de los contingentes de la Segunda República.

En el resto de disposiciones, hasta un total de seis, Largo Caballero establecía también que la «acción de este Comisariado se extenderá a todo el territorio sometido al gobierno legítimo de la Nación y tendrá su natural campo de desarrollo en las Diversas Divisiones, Brigadas, Regimientos, Batallones, Columnas combatientes y unidades armadas de cualquier índole». Es decir, a todo el ejército, con el objetivo de «ejercer sobre la masa de combatientes constante influencia» y «a fin de que en ningún instante se pierda la noción de cuál es el espíritu que debe animar a la totalidad de los combatientes en favor de la libertad». Ello, según se exponía, sin «entrar en pugna con la absoluta de prestigiar la autoridad de los mandos militares».

El empujón definitivo a este organismo se le dio el 14 de abril de 1937, cuando el mismo Largo Caballero publicó una nueva Orden circular en la que admitió la eficacia de esta institución y reorganizó en parte su estructura para otorgarle mayor importancia:

«El Comisariado general de Guerra es un organismo de carácter político-social, cuyas directrices generales no podrán en manera alguna apartarse -en tanto duren las presentes circunstancias- de la necesidad de robustecer, y afirmar en las Unidades armadas del Ejército cuanto signifique anhelo defensivo de las instituciones legales y de la existencia de España como país libre».

La realidad

Aunque sobre el papel esta institución estaba supeditada a los altos mandos, oficiales como el propio Pérez Salas confirmaron, tras la Guerra Civil, que el recelo que había por entonces hacia el Ejército le entregó en bandeja el poder. La división de partidos que existía en el seno de la Segunda República provocó, además, que cada comisario intentara atraer hacia su tendencia política a los combatientes de otras facciones. Algo que no sucedía, en palabras del militar, en la URSS, donde tanto el estado como sus subordinados eran comunistas.

«En nuestra guerra, a todos los defectos del Comisariado vino a sumarse la lucha política en los frentes, convirtiendo las trincheras en campos de propaganda».

En palabras de este militar, desencantado con los partidos que formaban el Frente Popular por haber permitido la fundación de esta institución, el Comisariado no tardó en ser copado por políticos comunistas que solo «trataban de aumentar los efectivos de su partido mediante una continua propaganda» y que «empleaban cuantos medios tenían a su alcance, desde la promesa de futuros ascensos hasta la amenaza de fusilamientos alegando delitos no cometidos» en su favor. Y eso sin olvidar que, a pesar de no disponer de formación ni criterio militar, se permitían el lujo de influir de forma directa sobre las decisiones que se tomaban sobre el campo de batalla. Tenían potestad para ello, pues debían firmar las órdenes de mando para que tuvieran validez.

Prieto, a favor

En la revista «Ímpetu», Prieto se mostró como uno de los grandes defensores del Comisariado General de Guerra. En sus palabras, era un organismo clave para ejercer la función de «policía política» y evitar que el Ejército profesional, mirado con lupa desde el levantamiento del 18 de julio, estuviera vigilado y no traicionase a la Segunda República.

«Los ejércitos de la revolución, de todas las revoluciones que han merecido el nombre de tales, han conocido períodos de absoluta y desbordante ingenuidad, de verdadera inocencia. Tropas inflamadas de ideal, de su ideal, difícilmente comprenden que no pueda ser compartido por todo el mundo. El impulso inicial de todo ejército revolucionario, su alta tensión espiritual, hace que se descuiden funciones de policía política, sencillamente esenciales. Cuanto antes se apliquen las medidas precautorias que la especial significación y el peculiar carácter de la guerra civil imponen, y más enérgicamente que en cualquier otro sitio en el frente de batalla, más reducidas quedarán las posibilidades de sabotaje del trabajo militar».

Prieto también se refirió en el artículo de «Ímpetu» a los líderes de la Revolución rusa. Hombres que, en sus palabras, se habían visto obligados a instaurar esta policía política para complementar a los mandos: «La revolución rusa, la concreción definitiva que adoptó bajo los bolcheviques, hubo de afrontar, en una escala más vasta, el mismo problema. Para hacer la guerra se necesita el especialista militar, pero el especialista militar no tiene siempre la formación política adecuada». De hecho, creía, el Ejército pecaba de «justamente lo contrario».

A lo largo de los siguientes párrafos, Prieto confirmaba que «aquel que no se ha sumado al alzamiento militar» merecía ya su respeto y era digno de confianza. «Son varios los especialistas militares, los que de las armas han hecho una profesión, que desde el primer momento las empuñaron resueltamente en defensa del pueblo y se han dejado la vida en el empeño», continuaba. Y lo mismo refería de los que, a pesar de no declararse republicanos, socialistas o comunistas, se habían mantenido «fieles al deber» de defender a la Segunda República. «Todos ellos merecen igualmente nuestro reconocimiento y nuestra gratitud», sentenciaba.

Sin embargo, escribía, era «imprescindible el control político de nuestras fuerzas militares» y la «vigilancia directa e inteligente del trabajo desarrollado por nuestros especialistas castrenses».

«El delegado de la Convención y el comisario político que los sóviets colocaban junto al mando no han respondido nunca a deseos vejatorios, sino a necesidades de salud pública. La incorporación al Ejército de hombres civiles encargados de esta misión de control, sólo al que lleva larvada en la conciencia la traición puede inquietarle. Por el contrario, al jefe fiel y abnegado la proximidad de alguien que perciba la dificultad de conseguir un objetivo, que a distancia y a los no técnicos puede parecer fácil, ha de servirle de garantía y de refrendo a la actividad que desarrolla. En el momento en que vivimos […] estimamos indispensable que el Poder público sitúe junto a los mandos militares hombres civiles […] con facultades para corregir en el acto un defectuoso trabajo en el frente».

Fuente: ABC

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