El deterioro continuado de la política de Defensa

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Viernes 16 de Marzo de 2012 00:00

EDICIÓN 19/03/2012

La política de Defensa, y en particular la organización y funcionalidad de la Fuerzas Armadas, viene caracterizándose en las últimas legislaturas por una continua “readaptación” con derivas ciertamente preocupantes gracias a los complejos pacifistas del PSOE, a la falta de criterios propios del PP y a la banal voluntad del legislador, escasamente informada en la materia.

Esta situación, de interés específico y diferencial para nuestros lectores, justifica que el tema sea tratado con cierta extensión precisamente en nuestra primera “Newsletter”, publicada, además, antes de cumplirse los “cien días de gracia” que se suelen otorgar a cualquier Gobierno para la orientación de los nuevos rumbos en la dirección política del país.

Los errores iniciales del Gobierno Aznar

La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, produjo un primer cambió sustancial en el modelo de Defensa Nacional, marcado por la precipitación y el oportunismo político frente a la conveniencia y necesidades objetivas del momento. De hecho,dinamitó de forma descontrolada el razonable sistema mixto de reclutamiento entonces vigente y consensuado por todas las fuerzas políticas, que combinaba la leva obligatoria decreciente con una incorporación progresiva de voluntarios profesionales, acorde en tiempos y acompañamientos presupuestarios,sustituyéndole por el de una teórica“plena profesionalización”.

A este respecto, conviene recordar también que la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria del servicio militar obligatorio reclamada por la juventud española, ya se encontraban reguladas satisfactoriamente por la Ley 48/1984, de 26 de diciembre. Aún más, su contenido fue reemplazado por la Ley 22/1998, de 6 de julio, subsanando algunas de sus insuficiencias y limitaciones y dotándola de una mayor practicidad.

El nuevo criterio del Gobierno de Aznar en materia de Defensa Nacional tuvo su origen en la imposición política de CiU, partido que en una estrategia debilitadora del Estado, inconsciente o consciente, perseguía desentender a la sociedad civil del compromiso con la defensa de España establecido en el artículo 30.1 CE (“Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”). La baza jugada para conseguirlo, fueron los 16 escaños que ocupaba en el Congreso de los Diputados que, junto con otros 4 del PNV, eran decisivos para la investidura presidencial de José María Aznar en primera votación y para suscribir un pacto político que le asegurara los necesarios apoyos de estabilidad durante la VI Legislatura.

En el marco de aquella aritmética parlamentaria, la citada Ley 17/1999 terminó “suspendiendo” el servicio militar obligatorio recogido en el artículo 30.2 CE, dado que su “supresión” hubiera requerido, nada más y nada menos, que la reforma del texto constitucional, implantando en paralelo un nuevo modelo de Fuerzas Armadas “totalmente profesional” y desafecto, por tanto, al compromiso social. Un modelo que el conjunto de las fuerzas parlamentarias (y en particular CiU) vendieron a los jóvenes españoles con tanta frivolidad como populismo, sumándose a una complaciente demagogia para captar votos electorales en rebajas, sin establecer unos plazos de transformación razonables ni arbitrar los presupuestos requeridos para ello y que, a la postre, no dejó de mostrar su difícil encaje en la política de Estado.

En realidad, aquel fue el temerario origen del desentendimiento en el compromiso nacional de Defensa y Seguridad, encauzado por un camino político de difícil tránsito y retorno, como ha acreditado suhistoria posterior, inmersa de forma radical en un modelo “ocupacional” más que “vocacional”. El gobierno de José María Aznar, espoleado por CiU, eliminó la escasa cohesión que aún existía entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas a través de la “mili” obligatoria, logrando que la Defensa Nacional fuera considerada a nivel ciudadano “cosa de otros”, que bien o mal “cobrarían” para cumplir con las obligaciones impuestas al respecto por la Constitución al conjunto de los españoles. De ahí al banderín de enganche para reclutar inmigrantes extranjeros como defensores de nuestra propia patria, quedó bien poco trecho, sólo contenido actualmente por la crisis económica y el agobio social del desempleo.

Todo ello, adornado con el señuelo inicial de convertir al militar profesional en un auténtico “ciudadano de uniforme”, al corte de los países de nuestro entorno occidental más desarrollados, a tenor de lo determinado por la “Comisión Mixta, no Permanente, Congreso-Senado para establecer la fórmula y plazos para la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas”, cuyo dictamen final fue aprobado por unanimidad de las Cortes Generales (en el Pleno del Congreso el 28 de mayo de 1998 y en el Pleno del Senado el 9 de junio del mismo año). Su apartado 2.2 establecía los principios generales del nuevo modelo de Fuerzas Armadas, incluyendo uno, ordenado con la letra “k”, especialmente afecto al constitucionalismo de la nueva milicia y que reconocía de forma expresa: “Los militares profesionales, como ciudadanos de uniforme, son titulares de los derechos y libertades establecidos en la Constitución, con las imprescindibles restricciones o limitaciones en su ejercicio que la propia Constitución y las disposiciones de desarrollo de la misma contemplen”.

Sin embargo, este reconocimiento del militar profesional como “ciudadano de uniforme” jamás pasaría de ser pura farfolla política incumplida. Un déficit que tampoco se ha superado con la más que pecata interpretación que se le terminó dando en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, destrozando previamente para ello sus Reales Ordenanzas de 1978, que podían haberse mantenido mediante una simple supresión o reelaboración de los artículos que colisionaban con el espíritu y la letra de la Carta Magna…

De aquella debilidad inicial del PP, se pueden recordar otras muchas puertas abiertas al campo de la torpeza recurrente. Desde la falsa muestra de progresismo que supuso imponer una rebaja en las pruebas físicas del acceso femenino a la milicia profesional, sin acompañarla con la necesaria limitación de destinos que exigiesen mayor nivel o esfuerzo de ese tipo, hasta la de propiciar un rango de coronel del Cuerpo de Músicas Militares (Ley 17/1999 de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas)), despropósito que, en su inevitable dinámica, Rodríguez Zapatero ha llevado hasta el empleo de general de brigada en la Ley de la Carrera Militar. Una auténtica opereta bufa, del mejor estilo cortesano.

Eso sí, limitando en paralelo hasta el empleo de teniente coronel, por ejemplo, la carrera militar de ingenieros y arquitectos técnicos, que son universitarios con atribuciones plenas en sus respectivas especialidades y un claro exponente de la tecnificación militar que en los demás Ejércitos de la OTAN alcanzan como mínimo el empleo de coronel. O machacando sistemáticamente la carrera de los oficiales de Complemento y la promoción interna de las escalas básicas. O despreciando, sin la menor contemplación, a los miles de cabos primero que precisamente constituían una base profesional y vocacional, necesaria y eficaz, frente al mero oportunismo laboral y a la desmotivación con la que se ha imbuido el nuevo modelo de Fuerzas Armadas...

Esa equivocada y peligrosa senda propició el bandazo regresivo de tener que elevar la edad de la tropa y marinería en servicio activo “operativo”, nada menos que hasta los 45 años de edad (Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería), pudiendo desarrollar a partir de esa edad sólo funciones logísticas y de apoyo a la Fuerza. Es decir propiciando ya a muy pocos años vista un ejército de “ancianetes”, apenas transcurridos menos de siete años desde aquella primera reforma del modelo…

La historia de los errores “populares” en materia militar podría alargarse ad infinitum, con jugarretas tan deplorables como la arbitrariedad de propiciar ascensos ilegales sin que existiera la preceptiva ocasión de vacante (véanse la reconfirmación en el generalato del coronel jurídico-militar Jesús del Olmo o la del ascenso al mismo grado del coronel del Aire Juan Antonio Lombo, afanado posteriormente como JEMA en reclasificar ventajosamente el ascenso de su propio hijo). Sin dejar atrás los privilegios concedidos a los cuatro Jefes de Estado Mayor por su “colaboracionismo” con la Ley 17/1999, quienes, tras ser ascendidos a generales de “cuatro estrellas”, vienen retrasando generosamente su pase a la reserva con la correspondiente compensación económica.

La trama de la reconversión militar socialista

Pero todo lo señalado, y otras muchas inconveniencias debidas a la nefasta gestión del ministro Trillo-Figueroa, no pasa de pura nimiedad comparado con el malicioso desmadre montado en el ámbito de la Defensa Nacional por los sucesivos gobiernos de José Luís Rodríguez Zapatero.

Junto a la extensión del privilegio de los JEMEs (ver el artículo 13 de la Ley 39/2007), o a la más que desmedida creación de un empleo de general de brigada en el Cuerpo de Músicas Militares, desvergüenzas legislativas ambas con la agravante política de responder a intereses personales concretos, algo mucho más peligroso y extremadamente preocupante subyace en el nuevo modelo de Fuerzas Armadas establecido de forma subrepticia en la Ley de la Carrera Militar. Más allá de que, engañosamente titulado, este bodrio normativo sea en realidad una ley de la función militar (o mejor de la disfunción militar teniendo en cuenta las explosivas cargas de profundidad que conlleva contra la esencia de la Institución Militar), la triste realidad es, ni más ni menos, que se trata de una reconversión, pura y dura, y también encubierta, de las Fuerzas Armadas.

Un contexto en el que merece párrafo aparte la corrección terminológica propiciada en materia de Defensa Nacional, donde la palabra “guerra”, el mero “combate” y la simple “acción bélica” brillan por su ausencia. Más lamentable aún, es que el absurdo enmascaramiento “pacifista” de las misiones militares de guerra abierta en escenarios exteriores, condicione el capricho político de imponer en ellos unas “reglas de enfrentamiento” que atentan gravemente contra la integridad de los soldados españoles…

Esa artera maniobra política (torpemente apoyada por el PP) no ha dejado de ser, incluso, una vendetta revisionista arrojada contra las Fuerzas Armadas y enmarcada en el tortuoso esfuerzo socialista por rescribir, al gusto propio, la triste historia de la guerra civil española. Y facilitada, entre otras cosas, por la inexistencia de un asociacionismo militar constitucional como el integrado en EUROMIL, defensor de los legítimos intereses de la profesión castrense, que dicho estamento ha venido despreciando hasta ponerse ingenuamente al cuello la soga de su propio ahorcamiento.

Algunos conformistas apesebrados de los dos partidos mayoritarios, podrían tildar la realidad descrita de exagerada. Pero ¿qué significa entonces la drástica disminución de 25.000 efectivos sobre la horquilla máxima y mínima de la ya exigua plantilla de nuestras Fuerzas Armadas? ¿Y la eliminación de más de 200 puestos de coronel, que son justamente los mismos con los que se ha aumentado la plantilla de la Guardia Civil, amén de incorporar también en el Benemérito Cuerpo algunos miles de nuevos números y nada menos que cuatro empleos de teniente general? ¿Y qué decir de las nuevas reducciones de plantillas, más que previsibles en la presente legislatura a tenor de la crisis presupuestaria…?

Además, y a efectos del desproporcionado bandazo político que significa, por un lado, la progresiva desactivación de las Fuerzas Armadas y, por otro, la creciente potenciación de la Guardia Civil, téngase también en cuenta que mientras sólo a la primera institución compete la defensa constitucional de la unidad de España (artículo 8.1 CE), la segunda es ajena a ese mandato específico, estando exclusivamente subordinada al poder gubernativo. Para el analista avezado, las conclusiones que se pueden sacar de tal evolución ante un hipotético interés del gobierno de turno por atender en sus últimas consecuencias las propuestas nacionalistas de desmembración nacional, abriendo las puertas al Estado federal, o quizás al confederal, son más que evidentes.

El control del mando y la desmotivación de la milicia

Por otra parte, ¿qué significa la sorprendente decisión de que, frente al criterio de antigüedad y clasificación, a partir de la Ley 39/2007, los ascensos al empleo de coronel devengan exclusivamente por “elección” del correspondiente jefe de Estado Mayor, designado previamente como tal por la confianza del Gobierno? Pues, dicho de forma llana y directa, esto no supone otra cosa que la plena politización del escalón real del mando militar y, en consecuencia, también de la función asignada institucionalmente a las Fuerzas Armadas. Nada diferente a lo que de forma tan lamentable se ha logrado hacer ya con el poder judicial y, en medida muy aproximada, con el poder legislativo, si tenemos en cuenta la peculiaridad de los reglamentos con que se rigen el Senado y el Congreso de los Diputados.

Pero es que, a mayor abundamiento, y sobrepasando la reconversión de las Fuerzas Armadas, la restructuración de la propia carrera militar implícita en la nueva aberración legislativa que supone la Ley 39/2007, conlleva una carga disuasoria de gran calado para la captación de jóvenes oficiales. Ahí está, en primer lugar, el escaso horizonte profesional de la oficialidad superior, ahora limitado en un desarrollo razonable al empleo y sueldo de teniente coronel o capitán de fragata y con el paso obligado a la reserva al cumplir los 58 años, salvado sólo por las prácticas “amiguistas” que puedan propiciar el ascenso a los cinco empleos más importantes de los ocho que conforman su carrera militar. Y seguido con la obligación paralela de tener que estudiar una segunda carrera universitaria que, además de no ser deseada, perjudica la auténtica formación militar vocacional.

Y todo ello debiéndose añadir a esta tendenciosa “civilidad” de lo militar otra flagrante desnaturalización de las Fuerzas Armadas, materializada personalmente por Rodríguez Zapatero en su “ocurrente” Unidad Militar de Emergencias (UME), dotada con 4.361 efectivos detraídos de su escasísima plantilla operativa y convertidos en soldados-bomberos añadidos, así, al fondo de la reconversión militar que comentamos.

Aunque toda esta operación “disolvente” de las Fuerzas Armadas, basada en difuminar sus misiones, en diluir el valor y la vigencia de sus principios más emblemáticos y, finalmente, en reducir su capacidad operativa, ya se inició de forma bien evidente con la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional. Su zarpazo más significativo consistió en apear al rey Juan Carlos, que constitucionalmente es Jefe del Estado y “mando supremo” de las Fuerzas Armadas, de la hasta entonces denominada Junta de Defensa Nacional, reconvertida en Consejo de Defensa Nacional bajo la dependencia directa del Presidente del Gobierno y relegando de su órgano ejecutivo, aunque no del pleno, a los disciplinados Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

Después vendría la Ley 8/2006, de Tropa y Marinería, que evidenciaba el desinterés político por adscribir a las Fuerzas Armadas una base de recursos humanos operativos dignificada profesionalmente, bien retribuida y con el necesario horizonte de futuro. Y que, con todas sus consecuencias, no dejaría de consolidar el fallido modelo “ocupacional”, instalado ya sin complejo alguno en el mercado de la inmigración, frente a una reforma que primase sobre todo el aspecto “vocacional” de la milicia.

Sin olvidar tampoco, salpicadas a golpes de oportunidad, las formas destempladas con las que nuestras Fuerzas Armadas se retiraron de Irak, las extemporáneas recomendaciones posteriores de Rodríguez Zapatero para que otros ejércitos abandonaran también sus compromisos militares en la región, sus insensatas connivencias con el visionario bolivariano Hugo Chávez o las mentiras vertidas de forma reiterada por su ministro José Bono sobre los helicópteros españoles atacados en Afganistán y sus 17 víctimas mortales...

Con tanto desafuero, y si al fin y al cabo los políticos (unos y otros) siguen empeñados en impedir la independencia real del poder judicial y del propio Tribunal Constitucional, si persiguen o consienten debilitar el concepto de Estado, si son incapaces de poner en su sitio al caciquismo autonómico de nuevo cuño, y si, entre otras muchas cuestiones reprobables (como la presencia de conniventes con el terrorismo en las instituciones políticas democráticas), utilizan los Servicios de Inteligencia y los medios de información públicos en el beneficio partidista, no parece incoherente que también puedan triturar la capacidad operativa de la Institución Militar. Un testigo de su escaso sentido de la responsabilidad sin duda inconveniente y con misiones constitucionales contradictorias con algunas posiciones políticas fácilmente reconocibles.

De nuevo, en esta X Legislatura, que la inmensa mayoría de ciudadanos esperan sea de clara reconducción política, no se debería olvidar, y menos la clase política, una justa apreciación de Ortega y Gasset recogida en su ensayo sobre la España invertebrada: “Lo importante es que el pueblo advierta que el grado de perfección de un ejército mide con pasmosa exactitud los quilates de la moralidad y vitalidad nacionales”.

Adenda