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Un general del Cuerpo Jurídico Militar, ilegítimo

JESÚS DEL OLMO nació el 26 de septiembre de 1948 en Madrid y es hijo de un oficial de la Escala Auxiliar que tuvo destino continuado en el Patronato de Casas Militares.

Casado con María Soteras (luego divorciado), los primeros años de su carrera militar se apoyaron en el rango militar de su suegro, el teniente general que el 14 de septiembre de 1983 fue destituido en el mando de la VII Región Militar (Valladolid) por las declaraciones que hizo en la revista “Interviú” justificando la intentona golpista del 23-F.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y tras ingresar en el Cuerpo Jurídico Militar, Del Olmo obtuvo de hecho un primer destino “político” en 1981, cuando se incorporó al gabinete técnico del último ministro de Defensa de la extinta UCD, Alberto Oliart. Desde entonces, su capacidad de adhesión al poder de turno le permitió mantener diferentes cargos políticos de confianza en el entorno de los sucesivos ministros socialistas, práctica oportunista que alcanzó su mejor momento en los años más oscuros del “felipismo” (1995-1996), prolongándose hasta que en marzo de 1998, ya gobernando el PP, se consumó definitivamente su accidentado pase a la reserva.

La relevancia política de Jesús Del Olmo se dispara en 1992, cuando el ministro socialista Julián García Vargas le nombra director de su Gabinete. Al año siguiente, rentabiliza hábilmente los rumores de su posible fichaje o recuperación por parte del ya vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y logra compatibilizar dicho cargo con el de director de la DRISDE (Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa).

Ese es el momento en el que dentro del Ministerio de Defensa se le identifica con el sobrenombre de “Jesús del Gran Poder”, y en círculos más restringidos con el de “Junior” para no confundirle con el entonces presidente del Grupo PRISA, Jesús Polanco. A partir de aquel nombramiento, dirige las relaciones parlamentarias del Ministerio, controla sus direcciones generales (en especial la de Personal y el MAPER del Ejército de Tierra), supervisa los discursos del titular del Departamento y coloca sagazmente a sus peones personales en la Subsecretaría, la Secretaría General Técnica, la Asesoría Jurídica Central...

En realidad, Jesús Del Olmo es la persona que en aquellas fechas aglutinaba la incipiente “camarilla de Defensa”, integrada por civiles y militares arribistas, que tanto han manipulado y perjudicado a la institución militar (Miguel Silva Vidal, Laureano García Hernández, Francisco Torrente, Francisco Veguillas...), liderándola con gran discreción y eficacia como miembro más brillante de la misma, hasta que, con el paso del tiempo, esta agrupación humana interesada se convirtiera en el denominado “clan Torrente”.

El siguiente ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, le hereda en los mismos cargos de director del Gabinete y responsable de la DRISDE, nombrándole de inmediato nada menos que secretario general y director adjunto del CESID. Un ajuste de responsabilidades derivado del escándalo de las escuchas ilegales realizadas por los propios Servicios de Inteligencia, que provocó las dimisiones de su director general, el teniente general Emilio Alonso Manglano, del ministro de Defensa, Julián García Vargas, y del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra.

En relación con dicho nombramiento, no deja de ser significativo que Jesús Del Olmo fuera ascendido de forma ilegal a general auditor del Cuerpo Jurídico Militar (Real Decreto 1116/1995, de 2 de julio) justo cinco días antes. Y ello con independencia de que la creación del puesto de director adjunto del CESID, y su propia designación como primer y único titular del mismo, se hicieran a espaldas de su nuevo máximo responsable, el general de división Félix Miranda Robredo.

El ascenso que convirtió a Del Olmo en el general más joven de España después de Franco, se produjo, en efecto, sin la preceptiva ocasión de vacante y, además, cuando el interesado sólo contaba con dos años en el empleo de coronel, razón por la que, sin haber cumplido el tiempo mínimo de permanencia en el mismo, tampoco podía acceder al generalato aunque existiera la vacante correspondiente. Y mucho menos todavía considerando la existencia de tres compañeros mejor clasificados para esa promoción. El teniente coronel Luís Fernando Vigier Glaria, entonces asesor jurídico de la Casa de Su Majestad el Rey, consideró que la promoción irregular del coronel Del Olmo perjudicaba su propia carrera, interponiendo y ganando un recurso contencioso-administrativo contra tan sorprendente parcialidad (Procedimiento 635/1995).

No faltan opiniones informadas que vinculan aquella promoción de favor directamente con la propia Presidencia del Gobierno (cuyo Gabinete ya era controlado por su amigo José Enrique Serrano), con objeto de salvaguardar la utilización interesada del CESID para encubrir los numerosos escándalos políticos del momento (malversación de fondos reservados, escuchas ilegales...). De forma particular se especuló con que su nombramiento tuviera por objeto la eventual destrucción de los rastros documentales del “caso GAL”, lo que tampoco dejaba de ser una práctica habitual en el entorno del Ministerio de Defensa.

De cualquier forma, tras la justificada denuncia interpuesta ante la jurisdicción competente por uno de los militares perjudicados en sus derechos más legítimos, aquel ascenso manipulado fue revocado por sentencia firme de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (22 de diciembre de 1997). Con ella, el Ministerio de Defensa se vio obligado a degradar al “generalito” Jesús Del Olmo, devolviéndole a su merecido empleo de coronel en un bochornoso trámite sin precedentes en las Fuerzas Armadas (ver BOE nº 63 de 14 de marzo de 1998).

Sin embargo, cumplida preceptivamente dicha sentencia, el entonces ministro del ramo Eduardo Serra, ascendió de nuevo al generalato al reiterado coronel Del Olmo en otro acto administrativo nuevo (Real Decreto 443/1998, de 20 de marzo), y nuevamente irregular aunque quedara enmascarado con su inmediato paso a la reserva (Real Decreto 444/1998, de 20 de marzo). Curiosamente, este traslado a la reserva ya había sido dispuesto de forma previa por el Real Decreto 706/1996, de 26 de abril, y publicado en primera instancia en el BOE del 6 de mayo de 1996, a petición del propio afectado, quizás para evitar el plante de algunos oficiales generales molestos con la manipulación de sus ascensos.

De cualquier forma, aquella reiteración en promover un ascenso ilegal al generalato, evidenciaba el escaso respeto de todos los implicados en el “caso Del Olmo” por los Tribunales de Justicia y su desinterés por mantener la dignidad jerárquica en la institución militar.

Se da la circunstancia de que, en su condición de abogado, Jesús Del Olmo ha colaborado de forma asidua con el despacho profesional abierto en el madrileño barrio de Los Jerónimos precisamente por Alberto Oliart, el ex ministro de Defensa de la UCD que apadrinó el inicio de su carrera política. También se vincula al mismo despacho al ministro que en su momento le otorgó el cuestionado ascenso definitivo, Eduardo Serra.

Durante su lamentable paso por el CESID, el ilegítimo general Del Olmo dio sobradas pruebas de amiguismo al recolocar en los Servicios de Inteligencia a dos colaboradoras suyas del Ministerio de Defensa. El caso más llamativo consistió en nombrar como máxima responsable de comunicación del CESID a su asesora ejecutiva en la DRISDE, Granny Opazo Baker, a pesar de ser una mujer de ideología política extrema, bien conocida en el sector más radical de la UGT y en el MIR chileno (Movimiento de Izquierda Revolucionaria).

Esas prácticas endogámicas y de favoritismo tan propias del “aparato de Defensa”, del que Jesús Del Olmo es promotor y fiel asociado, son las mismas que, ya en la reserva, le facilitaron un puesto en el Consejo de Administración de EXPAL (Explosivos Alaveses, S.A.), oscura empresa privada integrada en el Grupo UEE (Unión Española de Explosivos), que en 1993 fue adquirida a su vez por Pallas Investment, con sede en Curaçao (Antillas Holandesas), y que siempre ha exhibido al Ministerio de Defensa como su cliente nacional de referencia. Entre sus accionistas figuró durante algún tiempo la Swiss Bank Corp. (SBC), entidad fusionada en 1998 con la Union Bank of Switzerland (UBS) que en octubre del año 2000 nombró presidente de su organización en España a Eduardo Serra, ex ministro de Defensa, cargo en el que cesó en junio de 2006.

El capital de Pallas Investment también ha estado en manos de Assurances Générales de France (AGF), Crédit Lyonnais y Elf Aquitaine. Todas ellas empresas francesas de gran proyección internacional, y alguna con turbias experiencias y reconocida capacidad para injerirse en la política de otros países. La última reorganización de este controvertido grupo multinacional aglutinó sus empresas en torno a MaxamCorp Holding S. L.: un grupo con instalaciones industriales propias en más de 40 países, fabricante de una completa variedad de explosivos, incluidos los de uso militar más sofisticado, y líder en el aprovechamiento de materias primas para la actividad nitroquímica…

Uno de los más controvertidos papeles jugados por Jesús Del Olmo como alto ex cargo del CESID reconvertido en directivo de EXPAL, se relacionó precisamente con el hecho de que fueran técnicos de dicha compañía privada, y no miembros del TEDAX, quienes analizaron el rastro de los explosivos hallados en la furgoneta Renault “Kangoo”, supuestamente utilizada en los atentados terroristas del 11-M (“La Razón” 13/07/2004). Dicho vehículo, localizado en Alcalá de Henares, fue depositado primero en la Brigada Regional de Información, ubicada en el barrio madrileño de Moratalaz, siendo después trasladado a las instalaciones de la Comisaría General de Policía Científica, en Canillas, sin la custodia debida como prueba judicial clave del atentado.

Además, las investigaciones sobre el 11-M evidenciaron que el viaje realizado el 29 de febrero de 2004 desde Asturias a Madrid por los marroquíes que se procuraron los explosivos utilizados al menos en la voladura del piso de Leganés, supuestamente escamoteados en unas minas de caolín, aparcaron durante media hora en las inmediaciones de la fábrica que EXPAL tiene en Páramo de Masa (Burgos). De hecho, los propietarios de la mina implicada siempre negaron que en ella se hubiera producido cualquier robo o sustracción de explosivos.

El dato de aquel curioso desvío por una ruta secundaria y de la parada, realizada junto a las instalaciones donde se fabricaba la Goma-2 ECO en cuestión, posiblemente anecdótica, se obtuvo gracias a los repetidores que recogían el paso de los teléfonos móviles del grupo terrorista portador de los explosivos. No menos llamativa fue la circunstancia, declarada por fuentes policiales, de que los explosivos el 11-M aún estaban “frescos” en el momento de su utilización, habiéndose fabricado durante los primeros días del precedente mes de febrero (ver “El País” 17/03/2004).

Se da la circunstancia de que entre junio de 2006 y noviembre de 2008 el propio Jorge Dezcallar, director del CNI durante la planificación y ejecución del atentado del 11-M, también desempeñó un no menos polémico cargo como miembro del Consejo de Administración de MaxamCorp Holding S. L., con independencia de que el almirante Francisco Torrente terminara presidiendo EXPAL en enero de 2007 y, a continuación, la propia matriz del grupo empresarial. Tras las elecciones generales celebradas el 14 de marzo de 2004, con el 11-M bien caliente, el gobierno socialista presidido por Rodríguez Zapatero promovió a Torrente, que había concluido su vida militar como AJEMA, al frente de la Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL) con rango administrativo de secretario de Estado.

Entre otros controvertidos productos bélicos, EXPAL fabrica la BEAC (Bomba Explosiva de Aire-Combustible) y la BME-330B/AP, una bomba “antipista” que dispensa submuniciones (bomba de racimo), integradas en la dotación de los sistemas de armas del Ejército del Aire.

Por otra parte, Jesús Del Olmo también participó, junto con José Enrique Serrano, entonces director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (ocupada por Felipe González), en las negociaciones ocultas del “caso Banesto”. El abogado de Mario Conde, Jesús Santaella, declaró en 1995 que el presidente González le reconoció que la intervención de Banesto fue “un error”, ofreciéndole buscar soluciones, incluso con compensaciones económicas para el ex presidente de Banesto. Felipe González delegó en esos dos oscuros personajes, Serrano y Del Olmo, su representación en dicha negociación, finalmente frustrada.

Transcurridos nada menos que 17 años desde su pase a la reserva, el Consejo de Ministros del 2 de agosto de 2013 aprobó el Real Decreto por el que se concedía la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, sin que sus dos ascensos sucesivos e ilegítimos a general auditor del Cuerpo Jurídico Militar (el segundo previa la correspondiente degradación a su anterior empleo de coronel) supusieran el menor impedimento para ello.

FJM (Actualizado 01/07/2011)

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